La Otra Voz Digital Directora Marta César
Desde 1997, con la nueva legislación penal, El Salvador anuló todos los artículos referidos a los casos de abortos no punibles (eugenésico, terapéutico y ético), y con ello se convirtió en uno de los países más restrictivos en esta materia.
A partir de ese año, muchas mujeres salieron del hospital a la cárcel acusadas de haberse practicado un «aborto consentido», o peor, de haber cometido «homicidio agravado», cuya pena es de 30 años.
Desde su total penalización, las organizaciones feministas salvadoreñas han denunciado las presiones ejercidas en contra del personal médico para mostrar como asesinas a las mujeres que han tenido partos prematuros extra hospitalarios, y obligar a quienes sufren de embarazos extrauterinos a mantener la gravidez hasta que el feto «se les venga», aún a costa de morir por las hemorragias que esto conlleva.
En 2008, el Ministerio de Salud de El Salvador registró más de 6.000 abortos espontáneos o sépticos.
En este duro clima, según informó la periodista Miroslava Rosales, de la revista digital Contrapunto, fueron anuladas por la Corte suprema de Justicia las condenas de siete y 30 años a tres mujeres: Marlene Ponce, de sólo 18 años, Karina Clímaco y Cristina Quintanilla.
Ellas, según señala la publicación, habían sido condenadas por practicarse abortos ilegales sin las debidas pruebas o con pruebas insuficientes, y denunciadas por el personal del hospital Nacional de San Bartolo.
De acuerdo con un reporte en el marco de la campaña que realiza la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Eugenésico y Ético, una de sus integrantes, Mariana Moisa, señaló que muchas mujeres tienen temor de buscar servicios médicos cuando sufren complicaciones durante el embarazo.
Por otro lado, médicos y enfermeras no pueden ejercer sus deberes profesionales y asistir a mujeres con complicaciones, por temor a ser procesados como cómplices del crimen del aborto u homicidio.
En el Salvador, la ley obliga al personal de salud a notificar a la fiscalía cualquier irregularidad o embarazo interrumpido, ya sea espontáneo o voluntario.
Frente a esta situación, Morena Herrera, ex comandante guerrillera y líder feminista, denunció en declaraciones a Contrapunto que asociar el aborto con el homicidio grave castiga sobre todo a las mujeres jóvenes que viven en situación de pobreza.