La Otra Voz Digital Directora Marta César
MITÚ, Colombia (ACNUR) – En un rincón distante de Colombia en la frontera con Brasil, el departamento de Vaupés es el hogar de 27 grupos diferentes de indígenas, con ritos e idiomas distintos. Pero esta
diversidad de culturas corre riesgo: afectados por el conflicto entre grupos armados y el Ejército y el desplazamiento forzado, la vida de muchos de ellos corre peligro.
La región del Vaupés comprende 50 mil kilómetros cuadrados de selva y ríos y tiene solo 16 kilómetros de ruta pavimentada que rodea la pequeña ciudad de Mitú, que a su vez está vinculada con Bogotá, la capital del país, por sólo dos vuelos semanales.
Apartada y selvática, Vaupés es también uno de los bastiones del mayor grupo armado irregular del país, que controla las áreas rurales, mientras las fuerzas armadas nacionales intentan mantener una presencia
en las zonas aledañas a la ciudad. Muchas comunidades viven actualmente en aislamiento forzado. A menudo, la situación de seguridad deja a los individuos sin otra alternativa que huir. «Durante los últimos dos años, la principal causa del desplazamiento ha sido el reclutamiento forzado de niños indígenas por grupos armados ilegales», cuenta un funcionario público de Mitú al ACNUR. Las cifras no lo desmienten: durante 2008, unas 500 familias -cerca de 3 mil personas- tuvieron que huir de sus hogares, muchas deellas porque sus hijos corrían riesgo de ser reclutados por grupos ilegales.
El Consejo Regional Indígenas del Vaupés (CRIVA) está particularmente preocupado por el reclutamiento de miembros de grupos indígenas que se encuentran en riesgo de extinción. Uno de los casos más
urgentes es el de la comunidad Pizamira: compuesta por menos de 50 aborígenes, el grupo perdió a tres de sus niños por los reclutamientos el año pasado.
En total, son los 42 menores indígenas que fueron obligados a unirse a grupos ilegales desde el inicio del 2008, de acuerdo con el CRIVA. Once de ellos eran estudiantes del internado de Bocas de Yi, una
comunidad indígena ubicada en un recodo del río Vaupés que alberga niños de toda la cuenca del río y les brinda la oportunidad de estudiar. «Muchos de los padres han ido al bosque a buscar a sus hijos, pero no los pueden traer de regreso», relata un miembro del Consejo al ACNUR.
El reclutamiento forzado no siempre se realiza violentamente. Uno de los métodos más comunes es hacer que los jóvenes «se enamoren» -así llama la gente del lugar el encantamiento que pueden ejercer los
grupos armados sobre los niños- a través del adoctrinamiento y de promesas de una vida mejor. Pero, según el derecho humanitario, todo reclutamiento de menores por grupos armados ilegales es definido como forzado, tenga o no el consentimiento de los niños.
El ACNUR está trabajando con los militares en el Vaupés como parte de una iniciativa nacional de capacitación finalizada a un mejor conocimiento de los derechos de los desplazados.
«En Colombia, el personal militar a menudo es la primera o la única presencia del Estado en comunidades en riesgo», dijo Roberto Mignone, representante adjunto del ACNUR en Colombia. «Por eso, las fuerzas armadas tiene un rol muy significativo que desempeñar en la protección y la prevención del desplazamiento forzado».
Por sus fuertes vínculos culturales, sociales y económicos con la tierra, el desplazamiento forzado es especialmente perjudicial para la población indígena, y puede conducir a la desaparición de grupos enteros. De acuerdo con la Corte Constitucional de Colombia, un tercio de los 90 distintos grupos étnicos
del país está en riesgo.
