La Otra Voz Digital Directora Marta César
La organización de la UNC tildó de «preocupante» que se ponga el derecho al orden por encima del derecho a la protesta.
Luego de una reunión del Consejo de Seguridad Interior, el Gobierno Nacional aprobó el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas. Según el texto que difundió el ministerio, las fuerzas policiales y de seguridad “procederán a intervenir y a disolver” las manifestaciones. (Ver texto fundacional completo)
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió esta mañana que los manifestantes tendrán «5 o 10 minutos» para desalojar las calles, autopistas o rutas que corten, sino serán desalojados.
“Es deber del Estado asegurar el orden público (…) por ello ante la alteración del ejercicio equilibrado de derechos debe lograr su inmediato restablecimiento a los fines de garantizar la libertad de todos, y para ello debe brindar certezas respecto del accionar de las fuerzas de seguridad”, reza el nuevo protocolo. (Ver: «Les vamos a dar 5 o 10 minutos, si no se van, los sacamos»)
A poco de ser difundida la noticia resurgieron repudios a esta medida que pretende condicionar y penalizar la protesta social.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundió un comunicado en el cual asegura que limitar el derecho a la protesta al colocar al «orden público» por encima de todo, es inconstitucional.
«Según la resolución dada a conocer hoy, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad. El protocolo amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social. Al mismo tiempo, no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones, prohibición que se había logrado en 2004 y que fue volcada en la resolución 210/2011, ni el uso de balas de goma para dispersar la protesta. Tampoco impone obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles», detalla la prestigiosa institución.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se expresó en similar sentido, remarcando que todas estas regulaciones son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta.
Magdalena Brocca, integrante del Observatorio, subrayó que es «preocupante que se ponga como derecho supremo el derecho al orden y a la libre circulación restringiendo las posibilidades de los ciudadanos de protestar frente a determinadas cuestiones injustas o de realizar algún reclamo».
«Básicamente, las fuerzas de seguridad van a poder desalojar a las manifestaciones que se produzcan en las calles, sin orden judicial y con el sólo requisito de avisarles que se tienen que retirar y esperar entre 5 y 10 minutos antes de actuar. Lo preocupante es que no es necesaria la orden de un juez para desalojar la calle, sino que la Policía puede actuar por sí misma», indicó la académica.
Desde el Observatorio de DD.HH. aseguraron que se trata de un retroceso frente a cuestiones que se habían ganado en los últimos años «en relación a cómo tratar y trabajar frente a protestas sociales y reclamos legítimos de la ciudadanía».
Imagen : cba24n