La justicia ordenó al Gobierno de Macri responder a un pedido de información pública presentado por la presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer ? FEIM, Mabel Bianco.
Un fallo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó al Gobierno porteño a que comunique las estadísticas de las prestaciones realizadas por el Programa de Salud Sexual y Reproductiva en los años 2007, 2008 y 2009. El mismo no fue cumplido pese a la sentencia judicial.
La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Amanda Liberatori dio lugar a la acción de amparo que presentó la presidenta de FEIM Mabel Bianco tras haber recibido una respuesta incompleta, insuficiente y parcial a un pedido formal de información pública. El fallo, fechado el 30 de septiembre, otorgaba diez días al Gobierno para responder y cumplido ese plazo no pudo proveer la información solicitada.
FEIM pidió conocer cuál fue la población atendida por el programa, según edad y sexo, en todos los servicios públicos de Salud de la ciudad: Hospitales, Centros de Salud y Programa Médicos de Cabecera. Además, FEIM había solicitado información sobre la cantidad de personal y sus tareas en el programa de salud sexual y sobre la compra de insumos para el primer trimestre del año.
?Los datos no pudieron ser suministrados porque el Ministerio de Salud porteño no los tiene, ya que desde hace dos años no hay personal de estadísticas asignado al programa de Salud Sexual y Reproductiva. El mismo sólo tiene cinco personas el programa, no tiene personal administrativo y los profesionales están trabajando mucho para que los insumos, cuando los hay, lleguen a los servicios tanto de los hospitales como de los centros de salud?, dijo Bianco.
La información solicitada en abril de 2010 y no contestada en tiempo y forma por el Ministro de Salud porteño Jorge Lemus es clave para poder planificar las políticas públicas en salud sexual y reproductiva. Sin embargo, la carencia de información del Gobierno evidencia la escasa preocupación y prioridad del Programa de Salud Sexual y reproductiva. ?No contar con información estadística desde el año 2007 ni con personal para realizar esta tarea es alarmante, porque así es imposible planificar adecuadamente y menos aun monitorear las acciones?, señaló Bianco.
La Ley 104 de Acceso a la Información Pública, sancionada en 1998 por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, establece que ?toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna?. ?La gestión de Macri no cumple esta ley. El Ministerio de Educación y el de Salud no contestaron en tiempo y forma otros pedidos de informe realizados por FEIM en 2009?, denunció la presidenta de la fundación.
El derecho al acceso a la información pública es imprescindible para que la ciudadanía pueda conocer el accionar de las autoridades y que se transparente la acción gubernamental. Si bien el derecho a la información está contemplado en la Constitución Nacional, en declaraciones y tratados internacionales, es imprescindible tener una ley nacional que establezca mecanismos claros para poder reclamar este derecho.
Por eso FEIM impulsa junto a otras organizaciones de la sociedad civil la Campaña ?Saber es un derecho, que ahora sea ley? para que el Congreso Nacional sancione esta norma. Al momento, un proyecto de ley de acceso a la información fue aprobado en el Senado y ahora espera su tratamiento en la Cámara de Diputados para ser sancionada.