Ramón Corregidor, recientemente designado por la Cámara de Diputados provincial como integrante del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adelantó detalles sobre el trabajo que prevén llevar adelante y garantizó: “Vamos a ser firmes defensores de los derechos humanos de los presos”.
Si bien señaló que existen de momento algunos problemas de organización, teniendo en cuenta que se encuentran trabajando en el marco de la pandemia. “No nos podemos juntar mucho, estamos esperando la resolución ministerial de reconocimiento de la comisión. Estamos trabajando con el presupuesto, que dice el artículo 15 de la ley 8024”, dijo.
Recordó, además, que el año pasado la Cámara de Diputados lanzó el concurso, al cual se inscribió, aunque no llegó a resolverse dado que la comisión evaluadora terminó su mandato. Finalmente, “este año la comisión evaluadora de la Cámara de Diputados volvió a nombrar una comisión que pudo cumplir su cometido, a pesar de los problemas originados por la pandemia”. “Yo estoy muy contento por eso, lo asumo como un desafío político”, expresó.
Por otra parte, Corregidor, quien fue secretario Gremial del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor- SMATA-, dirigente de la CTA en los años 70 y preso político en la dictadura entre 1975 y 1982; opinó sobre el sistema penitenciario argentino. Al respecto, consideró que “tiene una gran deuda de hábitat, de las condiciones en que debe estar un preso”, teniendo en cuenta que el mismo “pierde su libertad temporal, pero no pierde sus otros derechos”.
En esta línea, destacó: “Nosotros tenemos una herramienta muy importante que es la ley 8024, como una base doctrinaria nuestra, que podemos visitar bajo un protocolo determinado las alcaidías, las comisarías, los lugares de detención, las cárceles, visitar a los presos, ver los legajos de los oficiales y suboficiales del personal del servicio penitenciario provincial. Hacer un informe sobre la situación carcelaria de la provincia de Salta, incluso en lugares de jurisdicción federal, porque están en el territorio de la provincia. Hay un comité nacional y anualmente hay que hacer un informe del comité nacional, un informe al gobierno y al poder legislativo”.
“Estoy muy agradecido a este desafío”, reiteró para luego enfatizar: “Conozco muy bien el tema de adentro. Tienen que comer bien los presos, tienen presupuesto, no hay que meter mano en la comida de los presos como hacían en la provincia de Buenos Aires. Comíamos basura nosotros. Hay que monitorear esto, cómo se desarrolla la vida de los presos. Vamos a ser firmes defensores de los derechos humanos de los presos”.
Por otra parte, fue consultado sobre la arenga del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Ignacio Jarsún, pidiendo por el uso de pistolas Táser en Salta, además de celebrar el linchamiento público en Tucumán. Corregidor recordó así, sobre el uso de pistolas Táser: “Está absolutamente comprobado en el mundo que es un instrumento de tortura”, y adelantó: “Voy a luchar para que la provincia de Salta no adquiera ninguna pistola, y si la adquiere vamos a interponer todos los recursos que sean necesarios. En Estados Unidos hubo muchísimos juicios al Estado y perdieron todos, millonarios juicios al Estado por los daños producidos por la pistola Táser”.
Asimismo, recordó que la pena de muerte en Argentina está prohibida por la Constitución Nacional, por lo que explicó que Jarsún “va a tener que pedir que se reforme la Constitución Nacional, así que no tiene ninguna viabilidad”. “Cualquier ciudadano tiene que tener el debido proceso, el derecho a defensa, es una condición fundamental de la vida. Estamos en una sociedad organizada, con tres poderes, entonces tiene que actuar la justicia. Es aberrante lo que pasó ( el asesinato de un sospechoso de femicidio, en manos de vecinos de Tucumán) y no tiene que ser tomado como un ejemplo”, cerró.