Derechos de las Mujeres: Argentina evaluada por la ONU

El Estado argentino deberá responder, entre otros ejes, sobre las siguientes prioridades planteadas por Amnistía Internacional:

En Argentina la ley permite el aborto cuando peligra la salud o vida de la mujer o en caso de violación. La realidad, sin embargo se acerca mucho a la de los contextos legales en que el aborto está totalmente prohibido. En la actualidad apenas ocho de las 25 jurisdicciones de todo el país cuentan con protocolos que se ajustan en buena medida a los criterios establecidos en 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una sentencia que reafirmó el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos en todas las circunstancias permitidas por la ley.

La situación es tan arbitraria que en la práctica, en función de la jurisdicción en que le haya tocado nacer a una mujer o niña, ésta podrá ejercer su derecho de acceso al aborto o no. Pero incluso dentro de las provincias donde existen protocolos, su implementación es errática y en el último tiempo ha habido algunas iniciativas regresivas que buscan impedir la práctica.

Recientemente la Provincia de Buenos Aires, anunció su adhesión al protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE). Sin embargo, luego de una semana dio marcha atrás. Para Amnistía Internacional esto es un grave retroceso para los derechos de las mujeres.

                                                                   Imagen : Amnistía Internacional

“El acceso a los abortos legales se ve restringido por desconocimiento del derecho vigente, la falta de información jurídica y el abuso de la objeción de conciencia; es decir por mecanismos que ejercen violencia institucional contra las mujeres. El Estado debe incorporar a nivel federal y como servicio básico y obligatorio del sistema de salud las prestaciones necesarias para interrumpir embarazos en los casos contemplados por la ley vigente”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Los obstáculos al aborto legal y la amenaza de criminalización empujan a las mujeres a acudir a abortos inseguros. La penalización del aborto impacta negativamente en el acceso a los abortos legales: genera estigmas, limita acceso a información y a la participación. El caso de Belén, que tomó estado público en la provincia de Tucumán, es solo un ejemplo de las mujeres que son criminalizadas.

Hace pocos días, se llevó a cabo el primer paro de mujeres y movilización más relevante de los últimos años bajo el ya instalado #NiUnaMenos. En Argentina la violencia contra las mujeres es un problema estructural que requiere redoblar los esfuerzos para asignar recursos e implementar el reciente Plan Nacional Integral de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El contexto es de tal gravedad que es inconcebible que ésta no sea una política prioritaria y urgente de parte de Estado.

“El Estado argentino tendrá un gran desafío en Ginebra. Las políticas de derechos humanos no son una prioridad para este Gobierno y aquí quedará expuesto una vez más”, señaló Belski.