La Otra Voz Digital Directora Marta César
Además, la comisión de Justicia de la Cámara alta avanzó con el tratamiento de un borrador de dictamen para modificar la ley de trata de personas que aún seguirá en discusión para terminar de consensuar una nueva definición del tipo penal.
La comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, que preside la salteña Sonia Escudero, avanzó junto a expertos, con el tratamiento de varias iniciativas relacionadas con la situación carcelaria. Una de ellas, propone la creación de un Consejo Federal Penitenciario para acordar estándares mínimos en las cárceles del país y adecuadas condiciones para el alojamiento de los internos.
Además, los senadores dieron el visto bueno en relación con otros dos proyectos que ya tienen sanción de Diputados: uno propone una nueva distribución de la retribución por el trabajo de los internos; en tanto que el segundo busca incentivar y garantizar el acceso a la educación en las cárceles. Permitirá reducir hasta un máximo acumulado de 20 meses la permanencia en las instituciones carcelarias para aquellos internos que ?completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios o superiores?.
A tal efecto, fueron invitados varios expositores: el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo; el Juez de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, Sergio Delgado; el Juez Nacional de Ejecución Penal nº4 Marcelo Peluzzi; y el experto en cuestiones carcelarias Leonardo Filippini. En líneas generales, todos opinaron favorablemente en relación con las tres iniciativas en consideración y analizaron la situación del sistema penitenciario argentino.
Cabe aclarar que el Consejo Federal Penitenciario ?propuesto en el proyecto de la senadora Escudero (Nº 3746/10)-, estará integrado por los titulares de las Procuraciones Penitenciarias de las jurisdicciones nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su función primaria será elaborar estándares mínimos para los reclusos de todas las cárceles del país, en cumplimiento de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución Nacional, convenciones y pactos internacionales. Además, deberá redactar un Estatuto del Interno, aplicable para todos los internos alojados en cualquier cárcel ubicada en el territorio nacional. También, podrá impulsar reformas legislativas tendientes a lograr el propósito resocializador de la pena privativa de libertad.
La única modificación sugerida por el Procurador Penitenciario fue la de establecer una sede administrativa para el organismo y determinar algún tipo de financiamiento. ?Con estas sugerencias, se elaborará un dictamen favorable?, señaló la presidenta de la comisión, la senadora Escudero.
Los otros dos proyectos que serán dictaminados ?sin modificaciones- tienen que ver con dos cuestiones: la educación y el trabajo dentro del sistema penitenciario. En tal sentido, más que elocuentes fueron las cifras que compartió Leonardo Filippini sobre la baja tasa de terminalidad educativa de los internos: ?sobre una población de 60 mil presos en el sistema penitenciario federal, sólo el 0,5% tiene completos sus estudios secundarios?. La iniciativa (CD 17/11) pretende garantizar el acceso a una educación pública de calidad, en todos sus niveles, para las personas privadas de su libertad.
Pero lo más novedoso de la iniciativa es que permite reducir, hasta un máximo acumulado de 20 meses, su permanencia en las instituciones carcelarias aquellos internos que ?completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios o superiores?. La escala prevista es la siguiente: un mes por ciclo lectivo anual; dos meses por curso de formación profesional o equivalente; dos meses por estudios primarios; tres meses por estudios secundarios; tres meses por estudios de nivel terciario; cuatro meses por estudios de nivel universitario; dos meses por cursos de posgrado.
El segundo proyecto venido en revisión de Diputados (CD 2/11), que la comisión de justicia convalidó sin cambios- establece cómo deberá repartirse la retribución por el trabajo que los internos perciban por su trabajo. El proyecto determina que luego de deducirse los aportes a la seguridad social: 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito; 35% para la prestación de alimentos; y 55% para formar un fondo propio que se le entregará a su salida.
Por otra parte, los legisladores decidieron circular para la firma el dictamen favorable en relación con el proyecto de ley de la senadora Hilda ?Chiche? Duhalde, que declara la emergencia en materia de seguridad ciudadana por el término de dos años.
Trata de personas
Además, la comisión de Justicia de la Cámara alta avanzó con el tratamiento de un predictamen para modificar la ley de trata de personas. El tema seguirá en discusión para terminar de consensuar una nueva definición del tipo penal.
Los senadores habían invitado a la ministra Nilda Garré, quien envió en su representación a la funcionaria de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Paula Honisch, que entre otras sugerencias ?pidió eliminar la figura del agente encubierto?.
La comisión trabaja en un dictamen elaborado sobre la base de cuatro proyectos presentados por Beatriz de Alperovich y Sergio Mansilla; Roy Nikisch; la formoseña Adriana Bortolozzi; y Liliana Negre de Alonso.
Entre los principales puntos de la reforma, cabe mencionar que el dictamen dice expresamente que ?el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa?.
