Caso Belén: diez organizaciones se presentan como amicus curiae en favor de su liberación

Diez organizaciones comprometidas con los derechos humanos se presentan como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que debe resolver la apelación presentada por la abogada de Belén, Soledad Deza, de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir.

Se trata de Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios Sociales (ANDHES), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), la Asociación Pensamiento Penal (APP), Amnistía Internacional (AI), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Innocence Project Argentina (IP Argentina) y la diputada nacional Soledad Sosa (Bloque Frente de Izquierda, Partido Obrero, en representación de referentes políticos, sindicales y de los derechos humanos).

Los amicus dan argumentos legales para que se revierta la condena de Belén y se garantice su libertad incondicional e inmediata.

El Estado, a través de los servicios médicos y los operadores judiciales, sometió a la joven a malos tratos y humillación. De esa forma incumplió su deber de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En particular, los médicos la sometieron a violencia obstétrica, no guardaron el secreto médico ni la confidencialidad médico-paciente. La justicia primero le dictó prisión preventiva y luego la condenó en un proceso irregular, sin respetar el principio de inocencia y el derecho de defensa en juicio.

Tanto desde Naciones Unidas como desde el Sistema Interamericano, a través de sus órganos  y documentos específicos (CEDAW y  sus recomendaciones generales –19, 24 y 33 atañen al caso específico de Belén–, la Plataforma de Acción de Beijing, y la Convención de Belém do Pará), se remarcó en diferentes oportunidades los estándares de derecho que los Estados deben cumplir para garantizar la protección de las mujeres. El 15 de julio reciente el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en sus Observaciones finales sobre la Argentina indicó que el Estado «debe revisar el ‘caso de Belén’, a la luz de los estándares internacionales en la materia, con miras a su inmediata liberación, y a la luz de este caso, considerar la descriminalización del aborto».

Las circunstancias que rodean el caso de Belén constituyen un eslabón más en la violencia de género de cuño institucional. La política penal del Estado argentino mantiene una matriz discriminatoria que condiciona el acceso a los derechos humanos de las mujeres jóvenes y pobres. En la Argentina el aborto inseguro es un grave problema de salud pública, que implica riesgos para la salud y la vida. En los últimos treinta años, las complicaciones derivadas de abortos inseguros son la primera causa de mortalidad materna. En base a esas desigualdades, insistimos en la necesidad de aborto legal, seguro y gratuito.

El 28 de julio estas organizaciones darán una conferencia de prensa en Tucumán