La Otra Voz Digital Directora Marta César
El paquete será tratado en una sesión prevista para el 29 de este mes. También, reanudaron la discusión de un texto para tipificar la desaparición forzada de personas, tema que llegará al recinto mañana.
El Senado retomó esta tarde el debate de un paquete de proyectos tendientes a dar respuesta a la demanda creciente de seguridad. Junto a expertos, los senadores avanzaron con el tratamiento del proyecto de ley que pretende eliminar la actividad de los desarmaderos y la venta de autopartes usadas. Además, comenzaron a discutir una serie de iniciativas que apuntan a reducir y a restringir el uso y comercialización de armas de fuego.
El paquete de medidas viene siendo discutido desde hace algunas semanas en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales ?que preside la salteña Sonia Escudero- y de Seguridad Interior y Narcotráfico, y que la Cámara alta discutirá en el recinto en una sesión especial convocada para el 29 de este mes.
Para opinar sobre la posible eliminación de los desarmaderos, se invitó a la constitucionalista Marcela Basterra, quien sostuvo que había que tener especial cuidado ya que se estaba legislando sobre ?delitos de peligro abstracto que fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia?. Además, deslizó críticas en relación con el artículo 4º del proyecto presentado por el titular de la bancada oficialista Miguel Pichetto que castiga con prisión de entre 1 y 4 años ?a todo aquel que compre autopartes, repuestos y/o accesorios usados de automotores?, propuso modificarlo para no afectar derechos constitucionales.
Al respecto, la titular de la comisión de Justicia, Sonia Escudero, manifestó ?no creo que el derecho penal sea la única respuesta posible al problema de inseguridad. Represento a la otra Argentina, donde la mayoría de los habitantes poseen vehículos antiguos, que no tienen los medios económicos para adquirir repuestos nuevos. No podemos criminalizar la pobreza, esta medida debe ir acompañada de otras que alienten el recambio o canje de vehículos?, sostuvo. Además, pidió tener en cuenta las restricciones y frenos a la importación, en el caso de los repuestos para abastecer el mercado de autos de alta gama e importados.
Por otra parte, los senadores comenzaron a discutir dos proyectos tendientes agudizar el control y la restricción de la tenencia de armas de fuego. Al respecto, hay una propuesta presentada por la presidenta de la Comisión de Justicia, Sonia Escudero (PJ-Salta), a la que se sumó otra del kirchnerista Fabio Biancalani (Chaco).
La iniciativa de Escudero es una amplia regulación de la fabricación, tenencia, almacenaje y disposición final de todo tipo de armas de fuego que consta de 187 artículos.
Estuvieron presentes: Ricardo Río, de la Red Argentina por el Desarme, y Anastasio Siderakis en representación del Registro Nacional de Armas (Renar), quien realizó una serie de observaciones de índole técnica.
Por su parte el Médico Hugo Spinelli, académico e investigador de la Universidad Nacional de Lanús, presentó los resultados de su último trabajo. Dijo que ?entre 1990 y 2008 (últimos datos disponibles) murieron 59.339 personas por armas de fuego, número que supera la cantidad de soldados norteamericanos muertos en la guerra de Vietnam?.
Completó la lista de invitados Adrián Marcenac, miembro de la Red Argentina por el Desarme y padre de Alfredo Marcenac, joven víctima de 21 años que junto a otras once personas fue atacado, en julio de 2006, en el barrio porteño de Belgrano.
Marcenac ofreció también cifras sobre la cantidad de muertes por armas de fuego. Las estadísticas de Latinoamérica superan con creces las de otras regiones: mientras en Europa la tasa es de 0,4% cada 100 mil habitantes, en África es de 11,9%, y en el caso de Latinoamérica el número asciende a 16,9%.
Entre los 10 países con mayor índice de mortalidad por armas de fuego, 7 son de latinoamericanos. Sobre 85, Argentina ocupa el lugar 17.
Marcenac habló de una ?epidemia?, y aclaró que sólo una de cada cuatro muertes por armas de fuego ocurre en ocasión de delito, el resto son suicidios, accidentes o conflictos interpersonales?.
Además, sostuvo que ?del 1.290.000 armas registradas en el Renar, el 60% no se sabe dónde están porque tienen las licencias vencidas?, y agregó que ?por cada arma registrada hay entre 1,2 y 2 armas ilegales?. Hizo hincapié en las falencias del ente regulador por la falta de recursos humanos, ?ya que hay 6 o 15 inspectores para controlar 900 armerías en todo el país?. Criticó la escasa cantidad de delegaciones existentes en el interior del país, y la incompatibilidad existente por cuanto ?los empleados del organismo son contratados por un ente cooperador formado por fabricantes y comerciantes de armas, es decir por quienes deberían ser controlados?.
En tal sentido, Escudero manifestó que ?existe la voluntad política de avanzar en un texto consensuado para avanzar con una ley moderna, que de garantías y favorezca la registración de las armas, y que elimine la delegación del control en un ente formado por aquellos que deben ser controlados?.
Tipificarán la desaparición forzada de personas
En la reunión, los senadores reanudaron el debate de dos proyectos, presentados por las senadoras Sonia Escudero y Blanca Osuna, proponen la incorporación en el Código Penal de la figura de la desaparición forzada de personas. En la actualidad está incorporada en los Tratados Internacionales como delito de lesa humanidad.
Para ello, fue invitado el penalista Ricardo Huñis, profesor de de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y miembro de la Asociación Argentina de Abogados (AABA), quien manifestó ?su apoyo y aliento? en líneas generales, realizó algunas observaciones en relación con la escala penal. En tal sentido, sostuvo que ?si bien podía admitirse un máximo de 30 años, es decir una pena mayor que en caso de homicidio, había que mantener proporcionalidad?, por lo que concluyó que, ?para no entrar en contradicción, lo mejor era imponer un máximo de 25 y un mínimo de 8 años de prisión?.
De este modo, según el anteproyecto de dictamen elaborado por las comisiones, el nuevo tipo penal tendrá un pena de ?prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona??.
En caso de muerte la pena será de prisión perpetua. Iguales penas corresponderán cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre. El borrador de dictamen prevé atenuantes: la pena podrá reducirse en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo en caso que los autores liberen con vida a la víctima o proporcionen información que permita su aparición con vida.
El texto acordado plantea, además, modificaciones en el Código Procesal Penal de la Nación, ya que en adelante, el juez, de oficio o a pedido de parte, ?deberá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando de las circunstancias de la causa surja que miembros de las mismas pudieran estar involucrados como autores o partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera sospecha?. Asimismo, prevé que el juez no podrá disponer el archivo de las causas ?hasta tanto la persona no sea hallada o restituida su identidad. Igual impedimento rige para el Ministerio Público Fiscal?.
