La Otra Voz Digital Directora Marta César
Diecisiete mujeres, en su mayoría jóvenes, que estaban internadas sin su consentimiento fueron rescatas tras el allanamiento a la sede de la comunidad terapéutica Nuevos despertares de Tortuguitas.
La clínica no tenía habilitación municipal para funcionar y las víctimas denunciaron maltratos y amenazas. La Comisión por la Memoria ya había denunciado en reiteradas oportunidades situaciones similares al Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental. El operador del lugar y otros dos directivos del centro se encuentran detenidos por las graves violaciones a los derechos perpetrados en el lugar.
ANDAR en Tortuguitas
Hostigamientos, amenazas, aislamiento, sobremedicación y prácticas de fanatismo religioso: la Comisión por la memoria ya había denunciado en 2012 y 2013 la existencia de irregularidades, sometimiento y malos tratos en el centro Nuevos Despertares, y también había advertido sobre la inacción del Ministerio de Salud provincial por atender este reclamo. El reciente allanamiento confirma las graves condiciones en que se encontraban las personas internadas.
La orden judicial, a raíz de una denuncia penal realizada por un grupo de personas de Lincoln, fue dispuesta por el Juzgado de Garantías nº 1 de Junín y se concretó el pasado miércoles 9 de diciembre. El procedimiento estuvo encabezado por el titular de la Fiscalía nº 8 de Junín, Carlos Ángel Colimedaglia, en conjunto con la Unidad Fiscal nº 19 descentralizada de Malvinas Argentinas, Departamento Judicial de San Martín. Durante el allanamiento, se logró rescatar a 17 mujeres –de entre 16 y 63 años– que estaban internadas contra su voluntad y detectar múltiples irregularidades y vulneraciones: la clínica no tenía habilitación municipal para funcionar y las víctimas denunciaron maltratos y amenazas.
La sede que resultó allanada está situada en una quinta del barrio Parque Alvear, en Tortuguitas, sobre las calles Otawa y Ventura Coll. En el mismo procedimiento, la justicia detuvo a Raúl Alberto Elías Marcenaro, quien hasta ese momento desarrollaba tareas como operador del lugar, y ordenó la detención de otras dos personas del centro Nuevos Despertares: una mujer y Gustavo Taralio, el presunto dueño y “pastor” de la clínica.
Hasta el momento se investiga la posible comisión del delito de privación ilegal de la libertad agravada, y podrían llegar a ser detenidos otros directivos de la clínica privada e integrantes del personal. El caso particular que conmovió y movilizó a los ciudadanos linqueños fue el secuestro de una joven contra su voluntad, a partir del consejo de pastores de la Iglesia Evangélica –a la que asistía la familia de la misma– para accionar “preventivamente”; para ello se organizó una emboscada, se la adormeció, esposó y trasladó desde Lincoln a Tortuguitas. Quienes lo realizaron eran dos personas de Nuevos Despertares, uno de ellos el mencionado Marcenaro, reconocido por la víctima tras su liberación.
Según informó la Fiscalía General de Junín, la Comunidad terapéutica operaba ilegalmente, sin documentación respaldatoria ni habilitación, y se pudo determinar que las mujeres allí internadas son en su mayoría de Lincoln, ciudad en la que se inició la denuncia e investigación penal. El comunicado oficial agrega, además, que “las jóvenes recibieron asistencia por parte de profesionales del Área Social dependiente de la Fiscalía General, con conocimiento e intervención del Juzgado de Familia de este departamento”.
Por su parte, a partir del allanamiento, la CPM se contactó con los familiares y con las fiscalías y juzgados intervinientes. Las acciones del organismo se inscriben en el continuado trabajo y seguimiento del funcionamiento del centro Nuevos Despertares, a partir de las denuncias de sometimiento y violencia recibidas por dos jóvenes externados. “Además de la indignación que nos producen estas prácticas, queremos resaltar la necesidad de que el Estado asuma definitivamente el control de estas prestaciones de salud que, en manos de privados y con tal de garantizar su lucro, actúan con las peores prácticas de la dictadura”, expresaron desde la CPM.
En este sentido, como integrante del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental, la CPM ya había denunciado esta situación y las prácticas ilegítimas de las autoridades de la comunidad terapéutica que impidieron el monitoreo y control de las condiciones de internación tal como lo prevé dicha ley.
Cabe recordar que en octubre pasado integrantes del Comité de Monitoreo y Seguimiento del Órgano de Revisión Local de la Provincia de Buenos Aires –del que participa la CPM junto a otras organizaciones– fueron víctimas de amenazas y agresiones verbales, y denunciados por intento de robo ante la policía de Malvinas Argentinas cuando intentaron realizar una inspección en otra de las sedes de Nuevos Despertares, que aloja a más de 70 jóvenes.
Estas prácticas confirman un modus operandi: entre 2012 y 2014, distintos organismos de los gobiernos nacional y provincial, además de una trabajadora de un tribunal de familia, un defensor oficial y representantes de la auditoría de Internaciones bonaerense no pudieron ingresar a Nuevos Despertares, como si la naturaleza de la prestación sanitaria que brinda se tratara de actos entre particulares y ajena al control estatal.
Incluso ahora poco se conoce de lo que ocurre puertas adentro de la clínica. Sin embargo, el reciente allanamiento empieza a develar las múltiples vulneraciones de derechos que sufrían las personas allí alojadas y confirma las denuncias que la CPM venía realizando por la existencia de prácticas violentas e irregulares perpetradas por los directivos y operadores del centro terapéutico.
La CPM valoró la intervención judicial que permitió rescatar a 17 mujeres y detener a los responsables de la clínica pero también recuerda que estas medidas fueron exigidas en reiteradas oportunidades por el organismo y sistemáticamente desoídas por parte de la Justicia y del Ministerio de Salud de la provincia, durante la gestión del entonces subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Carlos Sanguinetti.
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