La legisladora salteña de La Libertad Avanza,Gabriela Flores, cuestionó la vigencia de una herramienta que el propio Gobierno nacional decidió mantener durante todo 2026. Al mismo tiempo, firmó un proyecto que contempla fuertes alivios fiscales y financieros para prestadores particulares.
Gabriela Flores quedó nuevamente en el centro de una contradicción política por poner en duda la necesidad de mantener una declaración sanitaria excepcional, integra como firmante un proyecto que busca darle oxígeno económico a clínicas, sanatorios y otros prestadores privados mediante un amplio esquema de regularización de deudas, condonación de multas, reducción de intereses y beneficios tributarios.
El episodio ocurrió durante una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, donde la legisladora sostuvo: “Si una emergencia está legislada desde hace 25 años es porque dejó de ser una emergencia”.
Es decir, el argumento de Flores choca con una decisión adoptada por la propia administración nacional a la que pertenece.
Y hay otro elemento que vuelve todavía más llamativa su intervención. Flores es abogada, eso no significa que no pueda equivocarse, pero sí hace especialmente llamativo que presente como una regla general que una emergencia deja de serlo simplemente porque lleva muchos años vigente, cuando la normativa actual establece justamente lo contrario.
Un proyecto que mira al sector privado
La contradicción adquiere otra dimensión cuando se observa qué iniciativas acompaña la diputada. Flores figura entre los firmantes del expediente 5727-D-2026, presentado el 26 de octubre, denominado “Sostenibilidad y Fortalecimiento Prestacional del Sistema de Salud”. El proyecto tiene 108 artículos y propone un paquete de medidas destinado principalmente a aliviar la situación financiera de prestadores privados.
Para los prestadores que no tengan deuda exigible, el proyecto incorpora además beneficios tributarios, entre ellos reducciones de determinadas cargas y ventajas para inversiones en equipamiento e infraestructura.
No se trata, entonces, de una simple declaración de preocupación por el funcionamiento de la salud privada. Hay una iniciativa concreta, con medidas económicas concretas y con un destinatario claramente identificado: clínicas, sanatorios y otros prestadores particulares.
¿Y el sistema público?
Si la situación del sector privado es considerada lo suficientemente delicada como para impulsar un paquete de asistencia financiera, fiscal y tributaria, ¿qué lugar ocupa el sistema público en esa misma discusión?
Porque mientras aparecen mecanismos para que los establecimientos privados puedan ordenar sus pasivos, reducir cargas y proteger determinados recursos, los hospitales públicos siguen sosteniendo gran parte de la atención de quienes no tienen otra alternativa.
El argumento de las entidades que representan a los prestadores privados es conocido; sostienen que una crisis del sector podría terminar trasladando mayor presión sobre el sistema estatal, debido al peso que tienen las instituciones particulares en la atención sanitaria. Esa es la justificación que acompaña el reclamo del sector para obtener herramientas de sostenimiento.
Pero una cosa es reconocer que existen problemas en la salud privada y otra muy distinta es presentar esa asistencia como la única respuesta posible.
Por eso, la discusión que dejó instalada Flores no pasa solamente por una frase desafortunada. También evidencia una diferencia de prioridades; cuestionar la continuidad de una emergencia sanitaria que el Gobierno decidió prorrogar mientras se acompaña un proyecto que busca otorgar beneficios económicos a quienes prestan servicios en el ámbito privado.
Flores puede discutir una política sanitaria. Lo que resulta mucho más difícil de explicar es sostener que una emergencia dejó de ser una emergencia simplemente porque pasaron los años, cuando el mismo Gobierno al que representa acaba de decidir que sigue siendo necesaria.
La Otra Voz Digital Directora Marta César