La Otra Voz Digital Directora Marta César
Manuel Adorni, tiene 15 días para explicar ante la Justicia el origen de distintos fondos, bienes y operaciones realizados durante su paso por el gobierno de Javier Milei. El pedido fue presentado por el fiscal Gerardo Pollicita ante el juez Ariel Lijo, quien deberá notificar a la defensa del exjefe de Gabinete.
La fiscalía señaló diferencias entre el crecimiento patrimonial de Adorni y su esposa Bettina Angeletti y los ingresos acreditados. El análisis detectó movimientos por poco más de $43 millones y US$402.578,12 sin explicación suficiente. Uno de los principales puntos está relacionado con los dólares en efectivo declarados por el exfuncionario, cuya procedencia la fiscalía busca esclarecer.
También deberá explicar la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, la procedencia del dinero y el motivo por el cual figura a nombre de su esposa. A esto se suman los USD 245.000 abonados al contratista Matías Tabar por trabajos de refacción y pagos por muebles para otra vivienda en Caballito. Sobre el departamento de Miró 550, la fiscalía pidió que se detalle el origen de los fondos para esa compra.
El requerimiento alcanza además los gastos realizados durante estos años, entre ellos viajes, alquileres temporarios, expensas y educación de los hijos. Otro de los puntos que llamó especialmente la atención de los investigadores es el uso reiterado de terceras personas para realizar compras o afrontar gastos en efectivo que, según la investigación, tenían como destinatario final al matrimonio.
Pollicita también busca determinar exactamente con qué dinero Adorni inició sus inversiones en criptoactivos y cuál fue el rendimiento obtenido posteriormente, intentando establecer si esos fondos pueden explicar parte del crecimiento patrimonial declarado. Entre las operaciones que deberán ser detalladas aparecen además los honorarios pagados a la escribana Adriana Nechevenko por tres operaciones inmobiliarias realizadas por el matrimonio.
En el caso de los gastos en moneda estadounidense, la fiscalía calculó USD 402.578,12 que, hasta el momento, no tendrían correlato con los ingresos lícitos comprobados. Allí se incluyeron viajes, alquileres, refacciones y compras de muebles realizadas en efectivo.
