La Otra Voz Digital Directora Marta César
Durante la audiencia se expusieron informes sobre celulares incautados, que revelaron mensajes, llamadas y registros vinculados a las maniobras investigadas.
En el inicio de la tercera semana de la audiencia de debate seguida contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1, prestó declaración la actual secretaria de actas del Consejo Correccional. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la Unidad Fiscal integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.
La testigo relató que, al asumir en noviembre de 2022, detectó irregularidades en la documentación: actas incompletas de 2021 y la ausencia total de registros entre el 1 de enero y el 18 de noviembre de 2022. En total, había 54 reuniones sin asentar.
Señaló que, al comenzar, realizó una auditoría interna y presentó un informe en diciembre de 2022. En total había 54 actas sin registrar. Entre los hallazgos, advirtió carpetas de internos desactualizadas o incompletas, donde deberían figurar calificaciones de conducta y concepto notificadas trimestralmente. Detectó que algunos internos eran calificados de manera discontinua y que se aplicaban criterios diferentes según los casos.
Al asumir el 16 de noviembre de 2022, ya se había realizado la calificación del tercer trimestre (julio, agosto y septiembre), que debía presentarse en los primeros diez días de octubre. Esa evaluación abarcó 165 condenados y 4 procesados, pero no se registraban actuaciones de reconsideración ni elevación de conducta y concepto.
Luego, prestó testimonio un oficial de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, dependiente del Departamento de Investigación y Criminología del CIF, quien participó del allanamiento de la vivienda del alcaide Francisco Bisceglia. Detalló que se secuestró un cuaderno de tapa dura con anotaciones sobre unidades carcelarias y distribución de medicamentos entre internos, además de hojas arrancadas. También se incautaron registros bancarios, documentación vinculada a detenidos y planillas sobre sus situaciones procesales.
El oficial también elaboró un análisis sobre movimientos bancarios de una cuenta del Banco Macro perteneciente a Luis Roberto Castaño, verificando gastos habituales por montos bajos en relación a su salario y detectando un plazo fijo de un millón de pesos cercano a los allanamientos, lo que hizo presumir ingresos no declarados.
En las conversaciones con un contacto agendado como “Gustavo”, Moya solicitó en reiteradas oportunidades la intervención respecto de un interno para trasladarlo de pabellón pese a su mala conducta. Otras interacciones revelaron comunicaciones con un abogado y relaciones de amistad, con invitaciones a actividades sociales.
