Modificación de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad

Violadores y sistema penal: 9 reflexiones

El femicidio de Micaela García volvió a poner en debate el rol de la Justicia en los casos de violencia de género y las violaciones. El proyecto oficial para modificar la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad propone, entre otras cosas,  la prohibición de la libertad condicional para quienes cometan delitos sexuales. Tiene media sanción y se discutirá en el Senado el jueves. En paralelo, el gobierno relanzó la propuesta de un registro de violadores. ¿Es una herramienta para terminar con las violencias sexuales a las que están expuestas las mujeres por el solo hecho de ser mujeres? ¿Qué debe hacer la Justicia con los violadores? ¿Cuánta voluntad y recursos pone hoy el Estado al servicio de la prevención y la erradicación de la violencia machista?

Imagen : Feminismo con Ñ

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Hoy los jueces usan informes del Servicio Penitenciario para definir la libertad condicional de un agresor sexual. La reforma del Código Penal que quedó pendiente en 2012 proponía una respuesta distinta. “Se preveía que siempre, antes de sustituir el encierro efectivo de un condenado, el juez debía someterlo al peritaje de un equipo, mínimamente integrado por tres peritos. De este modo, en todo el país, se obligaba a un peritaje múltiple”, dijo a Cosecha Roja Raul Zaffaroni. Esa reforma se trabó en el Congreso.

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¿Cuál es la diferencia entre un informe y una pericia? “Los informes suelen ser afirmaciones que pueden hacerse en diez minutos y sin decir casi en qué se fundan. Las pericias requieren entrevistas largas, estudios biográficos y tests proyectivos. Es el único medio científico para decir algo serio acerca de la probabilidad de la conducta futura de alguien y la única forma en que es posible imponer esto en todo el país es previéndolo en el Código Penal. Si esto se hubiese sancionado, hubiese sido muy difícil que el asesino de Micaela hubiese estado suelto”, dijo Zaffaroni.

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El abordaje que hoy se les da a los ofensores sexuales es nulo. Silvia Martínez es psiquiatra forense y realiza pericias a ofensores sexuales una vez que ya están imputados en las causas. “Estas personas no tienen trastornos psiquiátricos; son psicópatas que tienen la necesidad de satisfacer el ejercicio del poder sobre las mujeres”, dice. “Al no ser delincuentes comunes, necesitan un tratamiento específico, pero eso no existe en los penales. Y si bien la experiencia dice que es difícil que modifiquen sus conductas, no podemos cerrarles todas las puertas. El presupuesto del Estado que se necesitaría para pensar una estrategia puntual no es excesivo porque son un porcentaje mínimo de la población carcelaria y sin embargo no está”.

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“Es evidente que la cárcel no está brindando contención que requiere”, dice la criminóloga Laura Quiñones Urquiza. “Pero también hay historias que demuestran que se pueden buscar alternativas durante el tiempo de encierro, entonces hay algo que, como regla general, no está funcionando en el tratamiento porque estos casos necesitan abordajes especiales. A eso hay que apuntar”,.

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La única experiencia piloto del país que brinda una alternativa específica para este tipo de delincuentes funciona desde el año pasado en el módulo Senillosa de la Unidad Nº 9 del Servicio Penitenciario Federal, en Neuquén, donde 125 ofensores sexuales participan voluntariamente de un programa de reinserción. Aún no se puede evaluar el éxito de la propuesta pero, en principio, dista de lo que suele ser la supuesta política de reinserción en el resto de los penales.

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“Nos debemos la discusión acerca de las condiciones de ejercicio del derecho que debe garantizar el Estado para propiciar la reinserción ¿La respuesta es con violaciones en las cárceles? ¿Con los condenados haciendo mandados para el Servicio Penitenciario, o feminizados a través de las mismas lógicas patriarcales que generaron que hayan sido victimarios afuera para convertirse en víctimas adentro? Si se va a suponer que no se puede permitir el egreso de los violadores por su alto nivel de reincidencia, entonces lo que debería alertar ese número es el fracaso de las condiciones de ejecución de la pena para estos casos y la falta de políticas que tiendan a la reinserción social”, dijo Ileana Arduino, experta en derecho penal y políticas de género y exsecretaria de Políticas de Prevención del Ministerio de Seguridad nacional.

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Los expertos consultados por Cosecha Roja coincidieron en que el pedido de penas más duras lleva el debate a un callejón sin salida porque no cuestiona el problema de fondo ni pone en discusión las condiciones por las que se rige el sistema penitenciario argentino. De acuerdo al último relevamiento del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, con datos de 2015, hoy hay 72.693 personas detenidas, pero sólo un 48 por ciento tiene condenas firmes. La tasa de encarcelamiento creció desde la década del ’70, pero más encierro no se tradujo en una caída del delito. Lo que generó son condiciones de detención más hostiles.

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“El aumento de las penas no disuaden del delito ni resuelven la cuestión de fondo”, dijo el médico psiquiatra Enrique Stola. “Las penas más altas tranquilizan conciencias y pueden llegar a generar que los reincidentes no reincidan, pero va a seguir habiendo otros violadores porque los estamos fabricando permanentemente: el placer de ellos reside en el ejercicio de poder sobre los cuerpos de las mujeres y eso está relacionado con el ejercicio del poder machista en la sociedad y con la forma en que se invaden los cuerpos femeninos en el patriarcado”.

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¿Qué hacer? Los expertos coinciden en que hay que pensar salidas a largo plazo. “Para el Estado, siguen siendo temas de mujeres y cuando se requiere una intervención que tiene que ver con el cuerpo de las mujeres, la plata no aparece. Nos podemos romper la cabeza para buscar alternativas y ninguna va a ser satisfactoria porque no estamos discutiendo ni profundizando cuál es el contexto sociocultural que hace que los delincuentes sexuales sean tales y el contexto sociocultural es el de una sociedad machista que permite el maltrato a las mujeres. Cualquier respuesta va a ser limitada si no trabajamos sobre ese polo simbólico dominante”, resumió Stola.