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Venezuela: Políticas públicas en materia de género, lo que hay y lo que falta

Caracas, agosto.- Un ama de casa de extracción popular, en Venezuela, puede recibir salario por el trabajo doméstico que realiza: accede a servicios gratuitos de salud; dispone de una línea telefónica para denunciar cualquiera de las 19 formas de violencia tipificadas por la ley, y 39 tribunales para atender su denuncia; pero no puede interrumpir un embarazo no deseado ni contar con garantías de no discriminación en caso de no ser heterosexual.

Tal es una traducción a la realidad de las políticas nacionales referentes a los derechos de las mujeres y por la equidad de género, a 10 años del gobierno actual.

Para Norma Romero, vocera del Observatorio Bolivariano de Equidad de Género ?instancia gubernamental perteneciente al Instituto Nacional de las Mujeres?, entre leyes promulgadas, instancias creadas y programas aplicados en este gobierno, se avanzó en el reconocimiento y acceso de derechos específicos para las aproximadamente 13 millones de venezolanas y el país es ejemplo en temas como trabajo doméstico y violencia de género.

En el informe que esta instancia dio a conocer en julio pasado, sobre los avances legales y políticos en materia de derechos de las mujeres y equidad de género, se subraya la importancia del reconocimiento constitucional del trabajo doméstico como aporte a la economía.

Igualmente, la significación de la promulgación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley de igualdad de oportunidades y la Ley de Protección a la Familia, la Maternidad y la Paternidad, así como el hecho de que la participación política de las mujeres se incrementó de 18 a 41 por ciento en asambleas legislativas y que “cuatro de los cinco poderes están en manos de mujeres, y el otro está en las de un hombre que se ha declarado feminista”, dijo a SEMlac.

La apuesta ahora es lograr una representación paritaria en la Asamblea Nacional, para las próximas elecciones, afirmó la entrevistada.

“El artículo 88 de la Constitución reconoce el aporte que el trabajo doméstico hace a la nación, ya que ‘produce riqueza y bienestar social’, dice textualmente la ley”, indica Romero. “Es vanguardista y está siendo analizado en otros países, como la India, para adaptarlo a su propia legislación”.

El programa Madres del Barrio es la instancia que lo ejecuta, mediante la dotación de salarios temporales para amas de casa de sectores populares, hasta ahora con 100.000 beneficiarias.

Romero informó que el 12 por ciento de estas mujeres están ya organizadas alrededor de proyectos productivos financiados por el Estado, a través, sobre todo, del Banco de la Mujer, otra instancia creada por el régimen.

Por otro lado, la Ley de Violencia contra las Mujeres, promulgada en 2007, tipifica 19 formas de violencia, como la doméstica y la sexual, además de otras menos difundidas como la mediática y la laboral.

Esta normativa ha sido calificada por especialistas ?como la abogada feminista internacionalista Susana Chiarotti? como una ley de vanguardia en América Latina.

Sin embargo, en julio de 2008 Amnistía Internacional llamó al gobierno venezolano a aplicarla plenamente, pues hasta este año la organización documentó la carencia de tribunales especializados, refugios para mujeres violentadas y falta de capacitación del personal judicial.

Romero explicó que, este año, estarán funcionando los 39 tribunales en todo el país, así como Fiscalías especiales. Sobre la falta de personal capacitado para atender a las víctimas de violencia, admitió que es un pendiente que “está tratando de subsanarse, este año sale ya una cohorte de jueces capacitados en la materia”.

Por otro lado, señaló que la legalización del aborto voluntario, reclamado por las feministas, “es un tema más duro dentro de la asamblea nacional”.

La iniciativa para despenalizar el aborto voluntario, entregada en 2007 a la Asamblea Nacional por un grupo de organizaciones feministas, como el Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz y Clara Zetkin, entre otros, no ha sido aprobada hasta ahora.

“Tenemos pendientes la aprobación de la Ley de Equidad, aún en discusión en el poder legislativo; el fortalecimiento de la capacitación en género para los y las funcionarias de gobierno, y el impulso de programas contra la discriminación de personas sexo-diversas”, reconoció Romero.

Desde este observatorio, que fue creado para dar seguimiento y hacer análisis de las políticas dirigidas hacia las mujeres, la población indígena y afrodescendiente, estamos señalando, insiste, los avances y los pendientes para que el Ministerio de la Mujer y el gobierno nacional tomen cartas en el asunto.

Dijo que al Ministerio de la Mujer le fue otorgado un presupuesto de 1.023 millones de bolívares (alrededor de 511 millones de dólares). Las políticas de género y derechos de las mujeres tuvieron, hasta el año pasado, un presupuesto de aproximadamente 37 millones de bolívares (18,5 millones de dólares).

El objetivo es la transversalización de las políticas de género para los cinco poderes y el fortalecimiento del área de trabajo en masculinidades, que está acabada de crear, finalizó.