La Otra Voz Digital Directora Marta César
Montevideo, abril 23, 2012.- Pese a su aprobación en la cámara alta del Parlamento en diciembre de 2011, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo parece recibir un nuevo freno en el oficialismo. Desde la sociedad civil, en donde se difunde la consigna «pedíle a tus representantes que te representen», el malestar comienza a hacerse sentir.
En definitiva, lo que está al centro del debate central es si la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho, o una acción que no debe ser penalizada (y tampoco garantizada).
Según informó la prensa local, dos diputados de la fuerza oficialista -impulsora del proyecto- confirmaron su oposición a la aprobación de una ley que garantice el derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo. También manifestaron su negativa a dejar que alguien más entre a la votación a suplir su voto.
En este contexto, el senador de la fuerza de gobierno Luis Gallo, integrante a su vez de la comisión de salud pública que dio su primera aprobación al actual proyecto, apuntó directamente al senador Víctor Semproni que, a su entender, está cometiendo una nueva «falta», desacatando la decisión partidaria.
Aunque un proyecto de estas características es parte de los compromisos realizados por el actual gobierno en el programa 2010-2015 presentado a la ciudadanía, el partido aún no ha decidido obligar a quienes lo integran a votar a favor de una ley que garantice el derecho a decidir la interrupción del embarazo.
Semproni ya había desatendido la decisión de la fuerza política votando en contra de un proyecto interpretativo de la ley de caducidad que, luego de la dictadura vivida en Uruguay (1973-1984), había dejado «caduca» la «pretensión punitiva del Estado». Finalmente se aprobó en 2011 una ley que la restablece, declarando imprescriptibles los crímenes contra la humanidad cometidos durante ese período.
Ahora, la posibilidad de derivar el tema al tribunal de ética de la fuerza política, manejada por el senador Gallo, estaría atada al establecimiento de la obligatoriedad para con sus integrantes de votar a favor del proyecto, cosa que aún el Frente Amplio no ha hecho.
Dimes y diretes
Integrantes de la central sindical (PIT CNT) y de la Coordinadora por el Aborto Legal señalaron que continuarán con acciones de sensibilización (durante marzo realizaron intervenciones con el color naranja en las principales avenidas de Montevideo) y se entrevistarán con los diputados que se manifestaron en contra, buscando que al menos no ingresen a la sala durante la votación.
En Uruguay, la estrategia aplicada por Iniciativas Sanitarias contra el Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo -incorporada con rango de ley en el texto de salud sexual y reproductiva aprobado en 2008- había posibilitado que en cinco años no se registren muertes maternas por esta razón.
Sin embargo, al inicio del 2012 dos muertes por el uso inadecuado de Misoprostol dieron cuenta de que aún hay derechos no resguardados. Según expresó la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), en un comunicado del 8 de marzo, «la muerte de una mujer joven por haberse practicado un aborto con Misoprostol en la clandestinidad es una nueva y triste evidencia de la problemática que el país aún no ha resuelto».
De los 50 votos que se requieren para la aprobación del proyecto, hoy el partido de gobierno cuenta con 48. En uno de los casos (Andrés Lima) la negación parece no ser negociable, mientras en el caso del diputado Semproni, el desacuerdo parecería ser laudable.
Según las declaraciones de Gallo a la prensa local, este último legislador está de acuerdo con despenalizar, y presenta reticencias con la explicitación que realiza el texto acerca del derecho a decidir.