Una más y van…

Hace un tiempo ofrecí públicamente mi opinión sobre el tan debatido tema de la democratización de la Justicia. En ese documento señalaba no solamente mi pleno acuerdo con la decisión de la Presidenta de la Nación en ese sentido, sino que además remarcaba la necesidad de que dicho proceso estuviera enmarcado dentro de una perspectiva de género, a fin de evitar situaciones de negación de derechos cuando quienes apelan a los estrados judiciales son las  mujeres.

En apoyo de este argumento que sostengo vaya el relato de un sugestivo hecho que tiene como protagonista a la Corte de Justicia de la Provincia de Salta. Un dato a tener en cuenta es que  el mencionado tribunal está compuesto por siete integrantes, seis varones y una mujer, la Dra. Susana Graciela  Kauffman.

Me consta que la Dra. Kauffman ha mostrado tener sensibilidad de género en fallos que involucraban los derechos de nuestras congéneres. Por eso, a riesgo de parecer una malpensada,  me pregunto si será casualidad que justo el día que la magistrada empezó una licencia por vacaciones, el tribunal haya resuelto sobre tres expedientes que hace bastante tiempo estaban pendientes, dos de los cuales afectan gravemente en mi opinión los derechos de las mujeres.

En uno de ellos, la Corte de Justicia rechazó un amparo presentado contra el decreto provincial n°1170/2012, el cual establece restricciones inaceptables a la práctica del aborto no punible previsto en el Código Penal en abierta contradicción con el fallo que en marzo del mismo año había dictado la Corte Suprema de la Nación.

De esta manera, los seis jueces varones de la Corte Salteña exhiben su ideología fundamentalista y patriarcal al convalidar como constitucional un decreto y una guía técnica cuya vigencia equivale a despreciar y revictimizar a las mujeres que queden embarazadas a causa de una violación.

En el otro fallo y en la misma línea ideológica, el tribunal confirmó una sentencia suya anterior por la que se redujo el monto de la indemnización que el estado provincial debía abonar en concepto de reparación a  la hija de una víctima de femicidio que presenció como su padre asesinaba brutalmente a su madre, hermano y hermana, de $1.050.000 a $ 700.000. Merece aclararse que la condena a la provincia surgió como producto de haberse probado el comportamiento omisivo de un funcionario policial que para el juez actuante tuvo relación causal directa con el desenlace fatal del caso.

De haber estado presente, la Dra. Kauffman, hubiese podido votar y fundamentar sus fallos lo que sin duda habría puesto claramente de manifiesto la postura conservadora de sus pares, quienes claramente adhieren a las posiciones “anti-derechos” de grupos que crónicamente atacan los lentos pero continuos avances en materia de ampliación de derechos de género.

Deseo manifestar también mi rechazo al tercero de los fallos mencionados, por el cual se legitima la enseñanza obligatoria de la religión católica en las escuelas públicas de la provincia en un claro desprecio por los derechos humanos y la diversidad de credos y mi adhesión al comunicado emitido en conjunto por  Organizaciones de Mujeres, la RED PAR y el Instituto de Género del Colegio de Abogados de la Provincia de Salta.

Finalmente, una pregunta: ¿No debe ser democratizado un poder judicial cuyo máximo tribunal convalidó el miserable protocolo urtubeísta, legitimó la educación católica en las escuelas públicas y  le obstaculizó llegar a la CSJN a la hija del caso más emblemático que tiene Salta en materia de violencia de género familiar?

Imagen : perlaprigoshin.com.ar