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Un amparo contra la instalación de un centro de detención de migrantes

Un amparo contra la instalación de un centro de detención de migrantes

Buscan anular la cesión de un edificio porteño a la Nación, destinado a retener a inmigrantes indocumentados. Advierten que “constituye un retroceso muy significativo en política migratoria”. La medida ya fue cuestionada por Amnistía Internacional, el CELS y otros organismos.

Imagen : www.taringa.net
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El Colectivo para la Diversidad (COPADI), el Movimiento de Profesionales para los Pueblos y el legislador José Cruz Campagnoli, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, presentan un amparo ante la justicia de la Ciudad para intentar frenar la instalación de un centro de detención de migrantes en la Ciudad, que fue anunciada el mes pasado por el Gobierno y desató una fuerte polémica.

El amparo busca anular el convenio firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Justicia porteño, Martín Ocampo, y el director nacional de Migraciones, Horacio García, que establecía que el Gobierno de la Ciudad le cediera al de la Nación un edificio del barrio de Pompeya para alojar a migrantes que tengan documentación irregular y retenerlos hasta que la justicia revise la eventual expulsión dictada por Migraciones.

“Apresar migrantes por razones ajenas a la comisión de algún delito, por no tener su documentación en regla, constituye un retroceso muy significativo en la política migratoria: implica la vuelta a los principios de la ley Videla de 1981 donde se estigmatiza al inmigrante irregular asociándolo a la delincuencia y privándolo de derechos”, advirtieron los firmantes del amparo.

El argumento de la gestión Cambiemos es que se busca “combatir la irregularidad migratoria”. La medida fue fuertemente cuestionada por Amnistía Internacional, el CELS, organismos de derechos humanos, especialistas en migración y delegaciones diplomáticas, entre otros. El amparo advierte que el inmueble porteño no puede ser usado para retroceder en los derechos de los habitantes de la Cuidad, tanto argentinos como migrantes, y advierte que la cesión vulneró los derechos constitucionales de acceso a la justicia y a la igualdad ante la ley, y por ello, debe ser anulado.