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Trabajar: un derecho de algun@s

El artículo 14 de nuestra Constitución Nacional establece que tod@s tenemos el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita, pero en la práctica, al parecer cuando hablamos de tod@s, cuando generalizamos, algunas personas quedan fuera. Parte de ese grupo que no logra acceder al empleo somos las personas con discapacidad, las estadísticas son contundentes: un 80% de desempleo.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, un 10% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad, es decir, hay alrededor de 90 millones de personas en esta situación; de las cuales, según la Organización de las Naciones Unidas, el 82% enfrenta situaciones de pobreza y exclusión. Históricamente, se liga la discapacidad a enfermedad, lo cual no contribuye a que podamos ingresar al sistema productivo y nos transforma en pacientes crónicos. A menudo, las familias de las personas con discapacidad enfrentan su pauperización, debiendo absorber los costos que implica hacerse cargo de la persona con discapacidad desempleada, ya que suelen desconocer las prestaciones que debe brindar el Estado y reciben también donaciones producto de la caridad de algunas organizaciones o limosna. Lamentablemente, debido a la mala nutrición, accidentes de tránsito, malas condiciones laborales o ambientales el número de personas con discapacidad aumenta progresivamente.

En nuestro país, desde 1981 la ley nacional 22431 fija que al menos un 4% de los empleados públicos y de empresas concesionarias de servicios públicos deben ser personas con discapacidad, también hay leyes provinciales y nuestro país ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que establece que los Estados deben promover la igualdad en el ámbito laboral, prohibir la discriminación tanto en la selección como en el crecimiento profesional y garantizar un entorno laboral accesible, entre otras cuestiones.
Las leyes están, como digo, y a menudo se implementan programas para sino mitigar, reducir algo el incumplimiento del cupo. Hay programas donde la persona con discapacidad firma un contrato standard de trabajo independientemente del puesto que vaya a ocupar y de cuanto se haya capacitado, acaso oponiéndose a lo que establece el artículo 14 bis de nuestra constitución y claramente a la convención Internacional. Las personas con discapacidad somos sujetos de derechos y también de obligaciones y nuestro objetivo es ocupar un puesto para el cual seamos idóneos con un salario acorde. El Ministerio de Trabajo Nacional afirma que una de cada 10 personas con discapacidad, como máximo, tiene trabajo y que el cupo en organismos nacionales no alcanza al 1%.

Para que una persona con discapacidad logre un empleo calificado, es necesario que los niños y las niñas con discapacidad puedan acceder a una educación de calidad, con adecuaciones en los contenidos, si fueran pertinentes, los apoyos necesarios y también las exigencias que deban cumplimentar. Ante todo, es preciso que las escuelas cumplan con las pautas de accesibilidad ya que es evidente que es un medio para poder hacer efectivo el derecho de los niños con discapacidad de educarse y luego, de poder acceder a un empleo. Según el INDEC, una de cada 3 personas con discapacidad no ha accedido al umbral mínimo de educación, frente a una de cada 10 para la población total. Sólo el 17,8% terminaron sus estudios secundarios, versus el 37,1% para la población total. El 9% no saben leer o escribir, ante el 2% para la población total. Y el porcentaje de analfabetismo es particularmente alto entre quienes podrían ingresar al mercado laboral: 20,9% entre personas con discapacidad de 15 a 29 años, frente al 0,8% para la población total.

En el resto del mundo la realidad no difiere demasiado en cuanto al empleo, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo de 2007, en la Unión Europea el 52% de personas con discapacidad en edad laboral es económicamente inactivo frente al 28% sin discapacidad. En Francia, tan sólo un 2% de quienes mencionaron que tenían una discapacidad en sus curriculums, han sido convocados al menos a una entrevista. Entre tanto, la situación es considerablemente más grave cuando quienes buscamos empleo somos además de personas con discapacidad, mujeres, ya que tenemos la mitad de posibilidades que tienen los hombres de obtenerlo, mientras que en Australia el salario de una mujer con discapacidad es un 44% menor al de una mujer que no la tiene y en el caso de los hombres difiere en un 49%. En el Reino Unido cerca del 70% de personas con discapacidad mental están desempleados y es esta la discapacidad que más dificultades posee para su inserción laboral. En nuestro país, más de 10000 personas con retraso mental trabajan en 300 talleres protegidos, cerca del 50% de éstos subcontratados por empresas privadas y su salario es de menos de un tercio del salario mínimo. Desde hace 8 años, una ley espera ser sancionada que podría regularizar la situación de estos trabajadores.

En la ciudad de Buenos Aires, se aumenta la apuesta respecto de lo nacional, y el cupo de puestos de empleo asignados para personas con discapacidad que establece el artículo 43 de la constitución es del 5%. Para hacer efectivo su cumplimiento y fijar un plazo, se sancionó la ley 1502 en 2004 que lo fija en 5 años. Al parecer, esto no fue cumplido, por lo que el Jueves 15 de este mes, de 51 diputados presentes, 39 votaron a favor de extender el plazo un año más. 39 diputados votaron en contra de las personas con discapacidad, 6 no se comprometieron (se abstuvieron) y sólo 6 votaron para dejar la ley 3230 (modificatoria de la 1502) sin efecto. Votaron en contra nuestro y de la sociedad toda diputados pro en su mayoría, los que tienen entre sus principales dirigentes a personas con discapacidad, también diputados socialistas y hasta el presidente de la comisión de derechos Humanos, anti-discriminación y garantías, el señor Juan Cabandié. Votaron en contra de nuestra sociedad digo, ya que la sociedad es un conjunto de partes, diferentes cada una, que contribuyen a un todo que en la diversidad se transforma en más rico, ya que todas las partes tienen algo que aportar al conjunto. Esa es la clave, ver a las personas con discapacidad como personas, con todo lo que eso implica, y luego identificarnos como sujetos productivos, nosotros podemos aportar en lo laboral y a menudo las adecuaciones a realizar para nuestra incorporación son ínfimas teniendo en cuenta las herramientas tecnológicas de las que hoy disponemos que reducen sensiblemente las limitaciones que la discapacidad puede ocasionar. Estos diputados, los 39 que votaron a favor de la ley y los 6 que se abstuvieron, votaron en contra de los más de 4600 inscriptos en el registro de aspirantes que mantiene la Comisión para la Plena integración de las personas con discapacidad (COPIDIS) que aún no logran una inserción laboral.

Realmente a mi criterio, el cupo para empleados con discapacidad, tal como el cupo reservado para mujeres no debiera existir. Sería ideal que se contratara a mujeres y hombres con discapacidad tan sólo por su idoneidad, pero eso significaría una sociedad realmente inclusiva donde todos los ciudadanos gocemos realmente de los mismos derechos y tengamos las mismas obligaciones, quienes nacemos en una familia y con posibilidades, quienes no tienen esa suerte, quienes nacen sin discapacidad y quienes tenemos algún impedimento.

*Periodista y Lic. En Informática ciega.

Representante de Prensa de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

FOTO: www.telefenoticias.com.ar