Capital Federal

Trabajadoras del Poder Judicial obtuvieron la licencia por violencia de género

El 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, los dos sindicatos mayoritarios del Poder Judicial de la CABA, la Asociación de Empleados/as Judiciales (AEJBA) y el Sindicato de Trabajadores/as Judiciales (SITRAJU), consiguieron la implementación de la Licencia por Violencia de Género e Intrafamiliar a su Convenio Colectivo de Trabajo.

Imagen : Notas – Periodismo Popular

Tras cinco años de exigirlo y de haber atravesado un proceso de discusión entre ambos gremios y la patronal, representada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, el reconocimiento de este derecho representa un gran avance en materia laboral y de género para las trabajadoras.

El texto conveniado establece sesenta (60) días de licencia a tal fin, prorrogables por idéntico lapso, y de cumplimiento continuo o discontinuo. También estipula otros quince (15) días de justificación de inasistencias por estos motivos. Se podrá solicitar el traslado laboral por razones de seguridad y, en caso de compartir lugar de trabajo con el victimario, el traslado podrá aplicarse sobre este último. Asimismo, se ofrece una ayuda económica equivalente al último sueldo percibido.

El proyecto fue elaborado de manera colaborativa entre distintos gremios judiciales de la Federación Judicial Argentina, institución sindical de segundo grado que anualmente realiza Encuentros Nacionales de Trabajadoras Judiciales, en distintos puntos del país. La licencia cuenta con antecedentes en los Poderes Judiciales de Entre Ríos y de Formosa pero también en otros sectores, como el docente, el bancario, entre las trabajadoras estatales de algunos municipios y provincias y del subterráneo.

Significa un avance para el conjunto de los trabajadores, especialmente para las trabajadoras, en medio de la cuarta ola feminista que llegó para cuestionar las desigualdades de género en todos los ámbitos, incluido el laboral y el sindical.

La demanda de democratización de los sindicatos, que por estos días se ha logrado instalar fuertemente en el movimiento de mujeres y en la agenda pública, no sólo implica mayores niveles de participación de las mujeres en los ámbitos de decisión política gremial, sino que también pone sobre el tapete la necesidad de incorporar la perspectiva de género al ámbito de las negociaciones colectivas, que deben responder a las necesidades reales y urgentes de los y las trabajadoras.

Si bien la violencia de género ha logrado mayor visibilidad social, la tasa de femicidios sigue siendo alarmante -en nuestro país, durante 2017, fue asesinada una mujer cada 29 horas- y las medidas para erradicarla se muestran, a las claras, insuficientes. Se trata de un fenómeno que debe ser abordado de manera integral, tal como lo prescribe la Ley de Protección Integral de las Mujeres (Nº 26.485), sancionada en 2009.

En lo que hace al ámbito laboral, específicamente, las trabajadoras en situación de violencia deben recurrir a otras licencias (médicas, psiquiátricas, etc.) o artilugios para justificar sus inasistencias. Sin embargo, muchas veces ni siquiera esas últimas estrategias alcanzan.

Recientemente, se ha dado a conocer el caso de una trabajadora del Ferrocarril Sarmiento, despedida por inasistencias a raíz de una situación de violencia que la tenía como víctima. La patronal, Trenes de Buenos Aires (TBA), haciendo oídos sordos a la particularidad del caso, decidió despedirla y de este modo, revictimizarla. Además de coartar sus derechos laborales, al ocasionarle la pérdida de su fuente laboral, le ha generado la pérdida de su autonomía económica, fundamental para lograr salir de situaciones de violencia de este tipo y vivir una vida plena y libre de violencias, tal como lo establece la mencionada ley.

También es conocido el caso de Karina Abregú, quien fue rociada con alcohol y quemada por su pareja y compañero de trabajo: mientras ella fue despedida en plena convalecencia por las graves heridas sufridas, el agresor permaneció en su puesto de trabajo.

Otro ejemplo resonante fue el de Suhene Carvalhaes Muñoz, quien sufrió graves consecuencias en su salud por los efectos de la golpiza que le propinó su pareja y compañero de trabajo en IBM. La empresa no aceptó sus certificados médicos y dejó de pagarle el sueldo en medio de su tratamiento; sin embargo le otorgó licencia psiquiátrica al agresor, cuando finalmente Suhene falleció.

Como es sabido, la violencia de género (ya sea física, psicológica o en cualquiera de sus formas) no es un problema del ámbito privado; por el contrario, es una problemática social ya que es la expresión más brutal de la desigualdad entre los géneros existente en nuestra sociedad. Por ello, se requiere del compromiso de todas las instituciones, fundamentalmente las empleadoras privadas o estatales, para su erradicación y, en lo inmediato, para garantizar el cese de cualquier forma de discriminación y revictimización de las mujeres e identidades feminizadas, y el pleno reconocimiento de sus derechos humanos y laborales.

* Socióloga y delegada de la Asociación de Empleados/as Judiciales de la CABA (AEJBA)