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Se estima que la sentencia será en octubre

“Tenemos acreditada la existencia de un régimen criminal: el Plan Cóndor”

Lo señaló el abogado Martín Rico en el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, en el juicio por el Plan Cóndor. El debate oral empezó en marzo de 2013 y. Hay 22 imputados, uno de ellos un ex militar uruguayo, por unas 170 víctimas argentinas, uruguayas, paraguayas, chilenas, bolivianas y dos cubanos. El alegato del organismo seguirá mañana y el viernes próximo. Luego será el turno del CELS.plan condor

“Hasta ahora teníamos un conocimiento fragmentado, casi académico y doctrinario sobre el Plan Cóndor, porque la mayoría eran libros e investigaciones. A partir de este juicio pudimos analizar las pruebas de esa coordinación represiva”, dijo a Infojus Noticias Martín Rico, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que comenzó el martes sus alegatos en el juicio por el Plan Cóndor. Ese es el nombre que se le dio, a mediados de la década del ’70, a la coordinación de las dictaduras del Cono Sur –Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil- para identificar, detener, torturar y aniquilar militantes de organizaciones guerrilleras de todo el continente. Un vasto territorio represivo que disolvió las fronteras, donde los gobiernos de facto se comprometieron a cazar los “objetivos izquierdistas” que lograban escapar de sus países de origen.

Con el alegato de la primera querella, el histórico juicio del Plan Cóndor entró en la recta final. Rico empezó exponiendo sobre el marco histórico político que hizo posible el Plan Cóndor. “Fue un plan influenciado ideológicamente por la doctrina de la seguridad nacional, de Estados Unidos, con el agregado de la Escuela Francesa en la guerra de Argelia”, explicó el abogado.

“Tenemos por acreditada la existencia de un régimen criminal denominado Plan Cóndor celebrado y ejecutado por quienes ocuparon los gobiernos de Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Argentina, cuyo objetivo principal resultó ser la lucha contra los opositores políticos, mediante la sistematización de la desaparición forzada de personas”, señaló Rico en el alegato.

El Plan Cóndor se distinguió del resto de los fenómenos de persecución política que fueron puestos en práctica en el continente en las décadas del 70 y del 80 “por el hecho de que los gobiernos y fuerzas armadas de distintos países cooperaban para perseguir ilegalmente a los opositores”, fundamentó el abogado. Y agregó: “Tal como ésta probado en la causa, en determinadas ocasiones las fuerzas armadas y servicios de inteligencia actuaban en un país ajeno para privar ilegalmente de la libertad ambulatoria a individuos, para luego trasladarlos a su país de origen, o bien, procedían a su eliminación física en el territorio del país extranjero”.

Mañana continuará con el desglose de los casos concretos: sus historias familiares y militantes, el momento de sus desapariciones, la búsqueda de sus familiares. Aunque ya lo empezó el martes. Las primeras víctimas fueron chilenas, opositoras al dictador Pinochet. En septiembre de 1974 el ex ministro de Salvador Allende, general Carlos Prats, asesinado en Buenos Aires junto a su esposa por una bomba colocada debajo de su coche. Luego la ejecución del ex embajador Letelier en Estados Unidos, que demostró el conocimiento del gobierno de Estados Unidos sobre el Cóndor.

“Asesinatos de alto nivel que provocaron los primeros rumores sobre un plan criminal contra los militantes de izquierda del Cono Sur”, recordó Rico en la audiencia. El asesinato de Letelier fue uno de los límites del Plan. “Encontramos un documento del Departamento de Estado en el que le informaba a las dictaduras latinas, a través de la CIA, que hicieran lo que tuvieran que hacer pero en sus países, no en Estados Unidos o Europa”, contó Rico. La otra advertencia se dio cuando fueron secuestradas dos jóvenes estadounidenses en la Argentina.

El martes que viene la Secretaría finalizará su intervención detallando la responsabilidad penal de los imputados. Luego será el turno de alegar del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y después de la feria por las vacaciones de invierno, del Ministerio Público Fiscal que encabeza Pablo Ouviña.

Un juicio a fuego lento

El juicio oral empezó en marzo de 2013 y se calcula que tendrá una sentencia para octubre. Habrán sido dos años y medio de audiencias, en las que se investigó la suerte y el destino de 170 víctimas argentinas, uruguayas, paraguayas, chilenas, bolivianas y dos personas cubanas. Sin embargo, entre los 22 imputados sólo habrá un extranjero, el militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini, enlace entre ambos ejércitos del Río de la Plata.

“Durante la instrucción se investigaron a militares paraguayos, chilenos, uruguayos, bolivianos. Se pidieron las extradiciones. Pero las leyes de esos países respondieron que esos delitos están prescriptos”, explicó Rico. El caso de Cordero fue distinto porque lo encontraron paseando por Brasil. Y el gobierno de Dilma Rouseff lo extraditó con la condición de que sea juzgado sólo por los secuestros. El oriental gozó del beneficio del arresto domiciliario hasta que fue descubierto en la calle y ahora fue trasladado al penal de Marcos Paz.

El de Argentina es el único proceso que no indaga sobre secuestros en suelo extranjero como casos aislados, sino que pone el foco en la coordinación represiva de los servicios de inteligencia y los métodos institucionalizados en reuniones secretas en aquellos años. Además de la coyuntura política –sólo en Argentina se lleva adelante un proceso de enjuiciamiento a la dictadura militar-, hay una razón histórica para que así sea: nuestro país fue el último en entrar en la etapa dictatorial. Stroessner estaba en el poder de Paraguay desde 1959, en Uruguay y Chile había dictaduras desde 1973, y en Bolivia el general Banzer estaba desde 1971.

“Argentina era el territorio donde se iban a refugiar todos los perseguidos de esos países. Y eran exiliados que tenían militancia política, y trabajaban por la vuelta de la democracia en sus países”, detalló Rico. “Argentina pasaba información y se hacían operativos conjuntos con grupos de tarea extranjeros. La DINA en Mendoza, la policía paraguaya en la zona fronteriza de Formosa, Corrientes y Misiones, la Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) uruguaya en Orletti”, agregó.

El corpus probatorio se apoya en archivos desclasificados: el “archivo del Terror” en Paraguay, encontrado en 1992, más de 5800 archivos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano a pedido de la ONG National Security Archive, el archivo personal del espía chileno Enrique Arancibia Clavel, y parte del archivo de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la policía de Buenos Aires).

El camino hasta el juicio oral no fue sencillo. La primera denuncia la hicieron familiares de extranjeros desaparecidos en Argentina en 1999. A partir de la anulación de las leyes de impunidad, la causa avanzó morosamente. Se le sumaron otras presentaciones, que quedaron agrupadas en tres causas distintas, llamadas Plan Cóndor I, II, y III. Luego de que el fiscal Miguel Ángel Osorio pidiera la elevación a juicio, los tres expedientes llegaron a esa instancia en 2007, agosto de 2011 y mayo de 2012. Las tres se unificaron en el Tribunal Oral Federal I, que lleva adelante el debate, y se le anexó el segundo tramo de la causa Automotores Orletti, un centro clandestino en el que la Side jugó un papel crucial y por el que pasaron muchas víctimas mayoritariamente uruguayas.

 

Imagen : www.taringa.net