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Morón

Te piso porque puedo: el auto como arma machista

En 2012 a Juliana un hombre la aplastó con su camioneta. “Él usó el auto como arma, aprovechando una situación de poder”, dijo a LatFem. El juicio oral al agresor es el 18, 19 y 20 de septiembre en Morón. Un caso que da cuenta de la profunda imbricación entre la violencia vial y la violencia machista.

Imagen : LATFEM

En febrero de 2012 Juliana llegó a su casa y dos autos le impedían el ingreso. “No me importa, loca de mierda”, le dijo uno de los conductores cuando ella explicó que necesitaba entrar. Fernando C., el conductor de la Toyota Hilux, se subió a su camioneta, la amenazó con chocarle el auto y la aplastó. Mientras lo hacía, sonreía y la miraba por el espejo retrovisor. Los aplastamientos que el jardinero de un conocido colegio de Hurlingham ocasionó sobre la mujer, actual Defensora oficial de Morón, le provocaron lesiones leves. El caso, caratulado como “tentativa de homicidio”, llega a Juicio oral este 18, 19 y 20 de septiembre en los Tribunales de Morón. Su historia no es aislada, es ejemplo de cómo el auto se vuelve un vector de violencia machista.

Según el Observatorio vial nacional, el 17% de las mujeres del país declaró haber participado de un siniestro vial con heridos o víctimas fatales y el 82% de los victimarios en siniestros viales son varones. Estos datos debemos interpretarlos también desde la perspectiva de la violencia machista, hay mandatos relativos a la virilidad y el poder asociados a las conductas viales y un diseño de la circulación ciudadana diferenciado por géneros, un derecho a la ciudad que es desigual.

Luego de los incidentes de 2012, de inmediato se iniciaron actuaciones penales por “tentativa de homicidio” en la fiscalía 7 de Morón, pero durante varios años se demoró la investigación porque “el sujeto tenía vínculos políticos con la ex gestión del Municipio de Hurlingham a través del ex Presidente del Concejo Deliberante”, según considera la víctima.

Según Juliana, al tiempo que la investigación avanzaba, entre 2012 y 2017  fue hostigada por el agresor, con recursos que recuerdan las típicas maniobras de la violencia machista: desde obstaculizar el ingreso o la salida de su casa con la camioneta (utilizada en el incidente de 2012), hasta la persecución por la calle o la vigilancia en la puerta de su casa.

“En la causa penal, lejos de ser investigado el agresor, lo fue la víctima. Se convocó a diversos médicos para corroborar que la denunciante haya tenido lesiones, lo que así concluyeron los especialistas”, cuenta la misma Juliana en un escrito que se ha divulgado en diversas redes. Pese existir un testigo directo de la situación, -el pintor que trabajaba en la casa de Juliana-, y una de las filmaciones que muestra a la camioneta dar marcha atrás, el fiscal interviniente solicitó el sobreseimiento del agresor en abril del 2016.

Gracias a sus conocimientos penales y con el apoyo del Observatorio de Violencia de Género (OVG) correspondiente a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, la víctima logró continuar con la acusación. El juez interviniente no hizo lugar al sobreseimiento fiscal y elevó la causa a juicio.

Para Juliana fue clave comprender la perspectiva de género que está implicada en lo que sucedió. En este salto interpretativo fue crucial la Jueza especialista en la temática Graciela Angriman, y Laurana Malacalza, del Observatorio de Violencia de Género de la Provincia de Buenos Aires. “Es una cuestión de género porque él aprovechó una disparidad de poder”, declaró Juliana a LatFem.

La causa nro. 4325 quedó radicada en el Tribunal Criminal Nro. 1 de Morón y el juicio oral se celebrará los días 18, 19 y 20 de septiembre del corriente año en Tribunales de Morón, en la Sala de Juicios Orales “Fermín Parera” de la planta baja del edificio.

El agresor y la violencia institucional

Fernando C. es el dueño de una empresa de parquización y jardinería que trabaja especialmente en la zona oeste del conurbano bonaerense, uno de sus clientes de mayor confianza es el colegio en la puerta del cual ocurrió el incidente. Según cuenta Juliana, los representantes legales del colegio se negaron oportunamente a aportar el archivo de filmación de una de las cámaras que podían dar cuenta de cómo había sido exáctamente la maniobra del vehículo. Es un colegio donde van hijos e hijas de las familias de las clases más altas del municipio.

Como ocurre en las situaciones de acoso, la víctima se vió obligada a solicitar una medida cautelar de no acercamiento, que fue otorgada en el año 2013 por el Juez de Garantías 5 de Morón. Sin embargo, años después, a medida que se avanzaba en la investigación por impulso de la víctima, Juliana vivió situaciones sospechosas: recibió en su vivienda deliveries que no solicitaba, encontró un animal muerto en el jardín y, una noche, alguien lanzó botellas de vidrio frente de su casa. Todas formas de hostigamiento sutiles que difícilmente configuran delito pero que cercaban la libertad de la víctima. El fiscal consideró que no guardaba relación con los hechos.

Como ocurre también muy a menudo en casos de violencia machista, la revictimización está a la orden del día. El agresor y sus abogados solicitaron que se realice a ella una pericia psiquiátrica que, pese a la objeción de la víctima, se ha hecho lugar. La investigada entonces, pasó a ser ella, y no el agresor: un caso claro de violencia institucional.

Violencia vial y machista

Ema Cibotti es una historiadora reconocida por sus trabajos de divulgación y desde el asesinato de su hijo Manuel en 2006, se dedica a concientizar a través de A.C.T.I.V.V.A.S, una asociación civil contra la violencia vial. Según Ema la calle es otro ámbito de vulnerabilidad para las mujeres: “Manejar quemando gomas, violentar la senda peatonal, no respetar nunca los semáforos ni la velocidad permitida, presuponen un tipo de conducción similar a la agresión creciente y sistemática de un golpeador que lesiona a una mujer. Ambas formas de violencia están anticipadas y por lo tanto, son evitables. Un varón golpeador no se sube al auto para manejar con prudencia”, dice en una entrevista realizada por Sonia Santoro en el diario Página 12. La circulación en la ciudad está diseñada para reproducir los privilegios de clase y género hegemónicos en todos los ámbitos (sobre disciplinas proyectuales y machismo puede consultarse esta entrevista).

En el caso de Fernando C., encontramos una repetición de la conducta de violencia hacia las mujeres mediado por el uso del vehículo, que pareciera encerrar una concepción del automóvil como arma.

Juliana no era la única. Después de que ingresó la denuncia en el área de tránsito municipal de Hurlingham para que multen a su agresor, alguien golpeó la puerta de su casa. María Belén es Inspectora de tránsito de la Municipalidad y otra de las víctimas de Fernando C. En un procedimiento de rutina, el agresor se negó a presentar la documentación de su camioneta y ante la insistencia de la inspectora, pasó con la camioneta por arriba de un pie de María Belén, quien desde entonces tiene una discapacidad del 5%. Por este hecho, Fernando C. fue condenado por el Juzgado Civil nro. 1 de Morón (expte. 63.130), sin embargo, nunca le abonó la indemnización a la víctima, porque se declaró insolvente. María Belén, oportunamente, hizo tratativas en la Municipalidad de Hurlingham para que no fuera renovada la licencia de conducir de su agresor, pero tampoco fue escuchada.

Si hubieran atendido el reclamo de María Belén, hoy no estaríamos contando el incidente que tiene a Juliana como víctima desde hace más de 5 años. El juicio se llevará a cabo a pesar de la misoginia de la Justicia y la frecuente impunidad con la que se manejan quienes enraízan sus prácticas en la violencia vial, profundamente imbricada con la violencia machista.

Según el Observatorio vial nacional, el 17% de las mujeres del país declaró haber participado de un siniestro vial con heridos o víctimas fatales y el 82% de los victimarios en siniestros viales son varones. Estos datos debemos interpretarlos también desde la perspectiva de la violencia machista, hay mandatos relativos a la virilidad y el poder asociados a las conductas viales y un diseño de la circulación ciudadana diferenciado por géneros, un derecho a la ciudad que es desigual.