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Uso político de la inflación

Tarifazo… ¿era necesario?

Los aumentos de tarifas son presentados al público como una necesidad indiscutible… ¿es tan cierto esto?editorial-1

Uno de los factores de conflictividad más marcados de las últimas semanas es el tarifazo, que se empieza a sentir en las nuevas boletas de agua, luz y gas. Este tarifazo se suma al aumento en el transporte público, que ya atacó el bolsillo en este 2016, y el 4° aumento de los combustibles desde diciembre. Ante los reclamos, el polémico ministro de Energía Aranguren sugiere trasladar a precios. Por eso, su impacto en el resto de los precios de la economía se está viendo con el correr de los días, en función del traslado de costos a precios en las cadenas de valor. El límite parece ser la demanda, que lleva ya 5 meses de caída en el consumo minorista.

Ahora bien, la pregunta clave es si era necesario este aumento. El argumento del gobierno es que las tarifas venían retrasadas desde hace años, y por ello el sector desinvirtió, generando los problemas de oferta que tenemos hoy, que provocan cortes del servicio. ¿Es tan así?

Uso político de la inflación

Los descontentos se multiplican por doquier ante la inflación que no cede y la recesión que se profundiza. Las políticas del gobierno de Cambiemos ha puesto al país ante este escenario: estancamiento con inflación. Sin embargo, no se trata de un “error de cálculo”, sino una estrategia deliberada. Como reconoció en varias oportunidades el presidente del Banco Central, Sturzenegger, la cuota última del aumento de precios es justamente la recesión: la caída de la demanda del mercado interno se traduce en la imposibilidad de trasladar aumentos de costos, frenando así la inflación mediante la recesión. El detalle es que esto implica caída de la actividad, del empleo y los salarios.

La inflación es utilizada así como instrumento para regular la orientación general de la economía. Es un error creer que todos pierden con la inflación: hay sectores concentrados del capital que reciben transferencias en el corto plazo, y ven sus ganancias incrementadas con el nuevo rumbo. Al respecto, Hagman, Harracá y Wahren mostraron que en 5 meses de gobierno, Cambiemos produjo una transferencia de ingresos equivalente a $281.106 millones, unos 19.383 millones de dólares. Una vez que la recesión produzca cierres de pequeñas empresas, quiebras de cooperativas, y un incremento del desempleo, las grandes empresas podrán contratar trabajadores/as en condiciones más precarias y por salarios menores.

En este esquema, las tarifas de los servicios públicos son un instrumento clave de política económica en la historia económica argentina. Analizando los años de posguerra, el investigador Guillermo Vitelli propuso la existencia de un modelo recurrente de plan de estabilización y ajuste que sirve, con recaudos, para comprender la actualidad. Según encontró, en repetidas ocasiones, el gobierno impulsa una aceleración inflacionaria para modificar los precios relativos de la economía, favoreciendo determinados sectores productivos. Una vez conseguida esa nueva orientación, los precios se “congelan”, y se espera que estas ganancias reactiven la economía. Actualmente, estaríamos en la fase de aceleración inflacionaria: devaluación y quita de retenciones, suba de la tasa de interés, y… aumento de tarifas. Cada medida apunta a un sector de capitales: elevar las ganancias  de los exportadores, las finanzas y las empresas de servicios públicos. Se espera que estos sectores impulsen la actividad, una vez que estas ganancias los tienten a invertir.

Tarifas congeladas

Los servicios públicos fueron privatizados durante los noventa, todos ellos con esquemas regulatorios muy laxos y permisivos. Esto habilitó a que los capitales que compraron a precio de bicoca estas empresas gozaron de rentas cuasi-monopólicas. Las escasas inversiones y fallas de servicio fueron parte de los descontentos que provocaron la caída de la Convertibilidad. En ese escenario, que incluía cortes de ruta de vecinos enfurecidos, fue que Duhalde congeló las tarifas como parte de la ley de emergencia n° 25.561 en enero de 2002. La intención de fondo era subsidiar la tasa de ganancia industrial, al reducirle un costo central de producción, e indirectamente, al permitirle pagar salarios más bajos.

En lugar de promover una revisión del esquema regulatorio, lo que procedió desde entonces fue una negociación empresa por empresa para analizar posibles aumentos de tarifas. En las escasas audiencias realizadas quedó claro que esto era imposible. Para compensar al capital ubicado en estas ramas de servicios, se instrumentaron las transferencias desde el Estado, que fue el rubro de mayor crecimiento del gasto. Los subsidios al sector energético pasaron de $1.157 millones en 2005 a $135.000 en 2015, siendo el componente más importante de las transferencias a sectores económicos, casi un 3% del PBI. Esto es el triple de lo que se gastó en la Asignación Universal por Hijo/a. Este es uno de los sesgos relevantes del gasto público durante el kirchnerismo.

Estas transferencias permitieron que este sector obtuviera ganancias, pero se vieran supeditadas a negociaciones permanentes, que ponían imprevisibilidad y asimetrías entre las empresas. Éstas respondieron conteniendo la inversión, lo que afectó a la calidad del servicio. Esta extorsión fue sumada al argumento de que este gasto presiona al alza el gasto público, induciendo al déficit fiscal y con ello, presuntamente, a la inflación. Por ello, según Cambiemos, es necesario aumentar las tarifas para bajar el gasto e impulsar la inversión.

Los problemas de este razonamiento son múltiples. Primero, mayores ganancias no implican mejores servicios y, mucho menos, mayor inversión: lo prueban las últimas dos décadas y media de gestión privada de los servicios públicos. Segundo, no es cierto que el sector esté teniendo pérdidas por tener las tarifas congeladas: ¿por qué pagar este costo social de ganancias empresariales que se fugan, si se puede gestionar desde el propio Estado? Tercero, con el mismo criterio de compensar precios retrasados, los trabajadores estatales y los informales tienen salarios reales atrasados desde 2001: ¿por qué no mejorarles los salarios a ellos? Cuarto, el impacto de las subas no parece apuntar a corregir los desfasajes: como se ve en la tabla adjunta, los principales afectados por el aumento de las tarifas fueron los comercios –que no pueden aumentar sus precios por falta de demanda- y los hogares más pobres (R1). ¿Qué corrección es ésta, que favorece a los más ricos y mantiene el subsidio a la industria? Se trata, sin más, de una gran avanzada contra los sectores populares y el capital de menor escala.

El debate dentro del gobierno es que este aumento dosificado de tarifas contradice el objetivo de reducir la inflación, y lograr de una vez la nueva estructura de precios relativos. La usina neoliberal FIEL, que tiene al ministro Aranguren en su consejo directivo, había advertido de este dilema al inicio del ajuste. Si no aumentan por cuotas, se produce una explosión social; si aumentan por cuotas, la inflación y la recesión son el único horizonte. En ningún escenario, nuestras necesidades son contempladas. Por eso, no ha habido audiencias públicas para discutir los aumentos.

 

Imagen : www.mas.org.ar