La Otra Voz Digital Directora Marta César
Participaron del encuentro la senadora salteña Sonia Escudero y el Ombudsman local Álvaro Ulloa.
Senadores de la oposición oficiaron de anfitriones de defensores del Pueblo del interior del país que llegaron hasta el Senado nacional para hablar de la situación recreada por el incremento de las tarifas de gas.
Los organizadores del encuentro fueron los radicales Gerardo Morales y Alfredo Martínez, más la justicialista Sonia Escudero, quienes escucharon las explicaciones de los defensores del Pueblo, quienes hablaron de la inconstitucionalidad del cargo fijo existente en las facturas.
Uno a uno, fueron relatando la situación en sus distritos, donde los reclamos y las denuncias se cuentan por miles. Lograron el dictado de numerosos fallos judiciales, y ahora advirtieron sobre la posibilidad de que se produzcan «puebladas» y «estallidos sociales» como consecuencia de la irritación generada por el fuerte incremento.
En Córdoba ya dictaron tres medidas judiciales y se hicieron 55.705 reclamos, y siguen llegando. En Jujuy, ?el 95% de los afectados (de un total de 30 mil) son usuarios de escasos recursos, muchos de ellos jubilados, desocupados o beneficiarios de planes sociales?, relató Víctor Galarza, ombudsman local, quien también se quejó por los umbrales de consumo establecidos para los habitantes de las provincias de Salta y Jujuy. ?Con los 800 metros cúbicos al año asignados no alcanza ni para prender una cocina, un calefón y un calefactor, detalló. ¿De qué grandes consumidores hablan los funcionarios nacionales?? se preguntó.
El resto de las jurisdicciones presenta panoramas similares
La legisladora por Salta Sonia Escudero sostuvo que es preciso ?avanzar con la cuestión de fondo?, ya que hasta el momento sólo se obtuvieron medidas cautelares en la justicia. ?La salida implementada sólo profundiza el círculo vicioso que ha provocado la casi paralización de la actividad exploratoria en el país ante la falta de incentivos comerciales: se paga cerca de dos dólares el gas en boca de pozo en la Argentina, y sin embargo lo importamos a u$s 7 de Bolivia y a uSs 16 de Venezuela?.
?El discurso oficial no tiene nada que ver con la realidad que vivimos los argentinos y que los funcionarios se niegan a ver?, aseguró Escudero, quien adelantó que espera que el jueves próximo ?fecha en que está previsto se reúna finalmente la comisión de energía del Senado- ?pueda darse una definición porque la sociedad está esperando una respuesta del Congreso?.
?Una salida posible, podría la suspensión de la aplicación del decreto para los usuarios residenciales, hasta tanto se defina un sinceramiento de las tarifas, pero al mismo tiempo debemos abordar el tan postergado reclamo de una tarifa social, tema sobre el cual venimos presentando proyectos desde hace 6 años. No puede ser que el gobierno delegue en las empresas la decisión de quién debe o no pagar?, indicó.
Estuvieron los defensores de Salta y Jujuy, de Avellaneda, Gustavo Vinagre; La Matanza, Silvia Caprino; Escobar, Rocío Fernández; y Vicente Lopez, María celeste Vouilloud, todos de la provincia de Buenos Aires. También asistieron los representantes de la provincia de Córdoba, Mario Decara; de Jujuy, Víctor Galarza; de Neuquén, Juan José Dutto; de Paraná, Martha Benedetto; y de La Plata, María Monserrat Lapalma.
La situación en Salta
El Defensor del Pueblo Álvaro Ulloa afirmó que sobre 19 mil usuarios residenciales afectados por los desmedidos aumentos, ?unos 10 mil tomaron la decisión de no pagar, porque no pueden hacerlo?. Cabe aclarar que en realidad, el cargo tarifario afectaba a unos 48 mil usuarios, aunque luego mediante una resolución del ENARGAS ?cuya vigencia es hasta el 31 de este mes- quedaron exceptuados la mitad.
?Lo ridículo de este impuesto es que llega a gente que no puede pagarlo, es un absurdo?, insistió el Ombudsman salteño. Asimismo recordó que el problema también afecta al empresariado local y puso de ejemplo a los propietarios de panaderías que ya acumulan una deuda de 800 mil pesos.
?Para los usuarios residenciales de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero el umbral de consumo fijado es muy inferior a los establecidos en el resto del país, tanto en las provincias del Centro como en la subsidiada Patagonia argentina?, recordó la senadora Escudero.
Ello, a pesar de que este último invierno los salteños soportaron temperaturas mínimas en promedio más bajas que los habitantes de San Luis y del partido bonaerense de Ezeiza, por citar algunos ejemplos: 0,4 fue la mínima media en el primer caso, contra 3,2 y 3,8 grados que se registró en las otras dos jurisdicciones.
