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Sobre la despenalización del aborto

El tema de la interrupción voluntaria del embarazo no puede reducirse a un problema moral o de opinión, debe entenderse en relación con la justicia social y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

La humanidad, tan declamada, no es sólo un hecho biológico, se construye en el desarrollo de libertad, dignidad y autonomía. No se puede obligar a las mujeres, que son parte de esa humanidad (aunque algunos discursos parecen desconocer esto), a la abnegación y al sacrificio de una maternidad no deseada, y sancionar jurídica o moralmente a una mujer cuando evalúa su imposibilidad de hacer frente a un embarazo no previsto.

Las mujeres que recurren al aborto en la clandestinidad y la pobreza están privadas no solo de la protección adecuada de su salud, sino del goce de los adelantos tecnológicos y científicos, del acceso a la información, de la seguridad que se proclama como uno de los bienes sociales que debe ser amparado por el estado, de una vida libre de violencia, discriminación y tortura.

Defender la salud y la vida de las mujeres es una opción humana, ética y moral, pues la maternidad debe ser un acto de amor, producto del deseo y la real posibilidad de proporcionarle a ese hijo/a condiciones de vida dignas. Esta es, entonces, una deuda social que debe ser saldada.

Para lograr este propósito, debemos tener claro que las responsabilidades públicas y las creencias privadas son cosas distintas. Algunos funcionarios/as y legisladores confunden lo público y lo privado. Razón por la cual, en muchos casos, colocan como fundamento de sus decisiones y acciones de gobierno, es decir, de lo que afectará al conjunto de la sociedad y por lo tanto es ?o debe ser- de ?interés público?, sus creencias particulares, conforme a las cuales organizan su vida personal. El de la despenalización del aborto es uno de estos casos.

La no distinción entre las razones y motivaciones que determinan el accionar en el ámbito de lo privado, y las razones y motivaciones que deben primar cuando deben resolverse problemáticas sociales que afectan al conjunto y por lo tanto, corresponden al ámbito de lo público, constituyen una arbitrariedad que atenta contra el funcionamiento del sistema democrático.

Para poder hacer realidad la igualdad entre varones y mujeres, la legislación debería eliminar las barreras que les impiden tener autonomía decisoria sobre su fecundidad, y presentar reales alternativas para el derecho a una atención sanitaria adecuada, a desarrollar los medios ?educativos y materiales- para optimizar sus oportunidades en cuanto a la elección de su vida reproductiva. Porque cuando una ley es restrictiva y punitiva, está incidiendo en la vida de las mujeres mucho más de lo que lo hace en un varón, ya que sus consecuencias recaen fundamentalmente sobre su vida y su salud.

Una reforma legal en este sentido debe tener en cuenta a las afectadas, y generar mecanismos de consulta y de cooperación, ya que el bien que se desea proteger no es sólo ?pero también- la vida y la libertad de las mujeres, sino la de toda la sociedad.