La Otra Voz Digital Directora Marta César
México, DF, 21 mar 12.- Organizaciones civiles por los Derechos Humanos (DH) advirtieron del riesgo de que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas ?que se discute en la Cámara de Diputados?, quede en ?letra muerta?, ya que otras normas vigentes contra ese delito no se han cumplido por ?falta de recursos y voluntad política?.
A pesar de que desde 2007 México tiene una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y de que a partir de 2008 se aprobaron 18 legislaciones estatales y se tipificó el delito en 14 códigos penales locales, hasta ahora sólo hay cuatro personas sentenciadas en el fuero federal, y nueve por el fuero común en el DF.
Emilio Muñoz, director del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, dijo a Cimacnoticias que la escasa aplicación de este marco jurídico se debe a que carece de presupuesto, claridad en la definición de las facultades de las instituciones encargadas de atender el problema, y a la falta de voluntad política de las autoridades.
El activista detalló que el otorgamiento de recursos depende de la voluntad de los congresos estatales y de la Federación, por lo que en la mayoría de los casos las legislaciones son ?inoperables?.
Otro obstáculo es que la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación hace cinco años, está dirigida a combatir el delito sólo cuando intervienen redes internacionales, afirmó Muñoz.
Acotó que por ello 18 entidades federativas crearon sus propias legislaciones para prevenir y sancionar el delito en sus estados.
Algunas de las entidades que legislaron contra este crimen son Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala, sin embargo tener una ley no ha sido suficiente para erradicar la problemática, pues ?reiteró el director del Centro Fray Julián Garcés? las autoridades no tienen claridad sobre sus atribuciones y tampoco la capacitación necesaria.
SIGUE LA IMPUNIDAD
Pese a la normatividad, el cúmulo de deficiencias mantiene los casos en la impunidad. En Tlaxcala, por ejemplo, donde desde 2009 hay una ley local y el delito está tipificado en el Código Penal, se han registrado 40 denuncias por este delito, pero ninguna sentencia.
Muñoz criticó que una nueva legislación será ?letra muerta? mientras no exista la voluntad política de las autoridades para sancionar y erradicar este crimen.
Cabe mencionar que con la ley general contra la trata, que se prevé sea aprobada en lo particular este jueves en la Cámara de Diputados, se abrogará la ley federal vigente desde 2007 y las locales deberán adecuarse a lo establecido en la nueva legislación.
Además, Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), consideró que la legislación general, impulsada por la diputada federal del PAN Rosi Orozco, contiene elementos que podrían mantener en la impunidad la explotación sexual o laboral principalmente de mujeres y niñas.
La activista indicó a Cimacnoticias que uno de los artículos que ?propiciará la impunidad? es el 38, en el que se plantea una sanción menor para quienes demanden servicios de víctimas de trata, sin saber que las personas son obligadas.
?Al abrirlo en dos delitos, uno a sabiendas y otro sin saberlo, lo hará totalmente ineficiente?, pues sancionar la demanda de esta forma dificulta la disminución de la oferta, precisó Ulloa.
Otro ?grave problema? es la sanción a los medios de comunicación impresos y electrónicos que publiquen anuncios de contacto sexual, ya que mientras en el artículo 35 se señala como un delito este tipo de publicidad, en el 97 se indica que dejará de ser un crimen cuando quien contrata el espacio para anunciar estos servicios exhiba ?el contrato de la persona explotada?.
La directora la CATWLAC abundó que una desventaja para sancionar la trata es que la pena máxima apenas alcanza los 23 años de prisión, cuando debería homologarse a la sanción por el delio de secuestro, que en México alcanza hasta 70 años de cárcel.
La activista concluyó que ?el tema serio está en la sanción?, y es ahí donde los diputados deben centrar la discusión antes de aprobar esta ley.
Por otro lado, Teresa Ulloa reconoció que en materia de protección a las víctimas la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas subsana el vacío que existía en la materia.
Algunos ejemplos, mencionó, son que las sobrevivientes de este delito recibirán una reparación integral por el daño que sufrieron, además podrán cambiar de identidad y de lugar de residencia en el país o el extranjero. El Estado estará obligado a garantizar las medidas necesarias para su reinserción social, laboral o escolar.