8 de Mayo Día Nacional contra la Violencia Institucional

SALTA ENCABEZA EL INDICE DE PRESXS POR CADA 100 MIL HABITANTES

En el marco del Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional, el abogado Ismael Jalil*, referente de CORREPI- Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional-, habló sobre la presentación del informe anual, que habitualmente se realiza a fin de año, analizó el panorama en la provincia, primera en la tasa de presos cada 100 mil habitantes, se refirió a las políticas en materia de seguridad de la gestión Bullrich y al problema de la desigualdad. Además, alertó sobre el estado de sitio de Salta con el decreto 255, y el rol de los medios en la legitimación de estas políticas.Respecto a la presentación del informe, explicó: “Lo que estamos haciendo es presentarlo siempre sobre fin de año, cuando hacemos el balance general, porque es una fecha de corte por el mes de noviembre. Ahí reflejamos la realidad del país a lo largo y a lo ancho, de todo lo que significa el esquema represivo y la actitud delictiva aplicada por parte de la Policía en todo el país. Y no solo la Policía, en realidad por las fuerzas de seguridad, todo lo que tenga que ver con el repliegue represivo del Estado a través de sus fuerzas de seguridad”.

Se refirió así al rol de “Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía provincial, Policía Federal, y todo lo que tenga que ver con una cuestión represiva vinculada al Estado”, incluyendo a las agencias de seguridad. “Es algo así como la delegación de cierto rol protagónico que sería exclusivo por parte del Estado, delegado en las agencias de seguridad. Tiene que ver con esto del monopolio del uso de las fuerzas que lo despliega el Estado y se lo extiende a las fuerzas de seguridad”, dijo.

Siguiendo este análisis, destacó que “los cuatro años del plan de Macri- Bullrich ha significado, particularmente, un crecimiento de actividad delictiva por parte de las fuerzas de seguridad que significó, en el tema específico de las muertes en manos del Estado ya sea por los lugares de detención o por alguna de las otras formas que tiene de cobrarse la vida de nuestra gente, de 1 muerto cada 19 horas”.               Represión de la Policía de Salta a quienes trabajaban en el Merendero Carita Feliz del MTE

En tal sentido, destacó que “el promedio, por mucho tiempo, había sido 1 muerto cada 30, después cada 28, otro cada 24 y finalmente, en cuatro años, 1 cada 19 horas”. “Esos cuatro años incrementaron en forma notoria la cantidad de casos. Hoy está en el tapete el tema de la superpoblación carcelaria, y ahí hay un ejemplo muy claro de lo que significaron los últimos cuatro años”, aseveró.

Así, advirtió que “en la Argentina ha habido una tasa de crecimiento del índice de prisionalización jamás visto en nuestra historia” dado que la cifra de 34 mil presos que había en el año ’99 llegó a 75 mil en 2014, mientras que entre 2014 y 2019 la cantidad llegó a 100 mil. “Si contamos los lugares de detención más allá de las prisiones como batallones de Gendarmería, Comisarías, Centros de Detención, son 120 mil. Es decir que la tasa de presos por cada 100 mil habitantes se potenció de tal forma en los últimos tiempos que está indicando un deterioro social que termina siendo resuelto por el Estado con la prisionalización. Son las dos maneras que tiene, o mete presos o mata a través de gatillo”, alertó.

Imagen : La Gaceta

En lo que respecta a Salta, aseveró: “Estoy hablando con gente de la Provincia que encabeza el índice de presos por cada 100 mil habitantes. Salta es la primera de las provincias que tiene la mayor cantidad de presos por habitante. Seguida por Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, Córdoba y el resto del país. Es un ejemplo muy claro de lo que significa el incremento de una política represiva”.

Doctrina Bullrich

Continuando con su análisis, el abogado se refirió al rol de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señalando que “fue Ministra por una imposición concreta del llamado Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica, que diseña para América Latina un particular modo de evaluar las hipótesis de conflicto”. “En función de eso, pone a la gente necesaria para llevar adelante determinadas políticas. En el caso específico de ellas, se ha tratado de encajar las hipótesis de conflicto al estilo de lo que había ocurrido hace 40 años atrás, cuando imperaba la doctrina de la seguridad nacional, que se trataba del subversivo ideológico. Ha cambiado de un tiempo a esta parte y, sobre todo a partir de la hegemonía absoluta de la situación social, política y económica ejercida por parte de los sectores más pudientes y más poderosos, pasó a ser el pobre, el trabajador sin ocupación, el trabajador migrante, el disidente, la persona que de algún modo se ha plantado frente al poder y ejerce el derecho a la protesta. Son hipótesis de conflicto que esta ministra Bullrich fue una experta en manejarlos”, detalló.

En cuanto a los pueblos originarios, hizo hincapié en la “estigmatización del pueblo mapuche y de otros lugares del país con otras colectividades, que lo que estaban mostrando era el vínculo directo entre los pueblos originarios y la tenencia de la tierra, por ejemplo. “Molestan los pueblos originarios en los proyectos hegemónicos que tienen para los grandes lugares del país”, advirtió.

Imagen : ADN Río Negro

Por otra parte, advirtió la peligrosidad de la legitimación indirecta que se impulsó desde el macrismo, que se evidencia en el caso del carnicero de Zárate que en septiembre de 2016 persiguió, atropello y mató a un ladrón. “Se instaló esa idea de que la justicia por mano propia explica la famosa pena de muerte, que nadie se atreve a firmarla. La legitiman de modo directo a través de reivindicar actitudes como esa”, sostuvo en referencia a los dichos de Mauricio Macri defendiendo la actitud homicida. “Ya había pasado el peligro, lo salieron a buscar, lo persiguieron. Fue un clarísimo homicidio- dijo recordando que estaban ya a 10 cuadras de la carnicería donde ocurrió el robo-. Lo reduce para recuperar el botín, pero el objetivo fue muy claro, fue la vendetta”. Cabe destacar que, en este caso, el responsable terminó absuelto en un juicio oral y público, en un juicio por jurado.

La desigualdad es el delito

Recordando las declaraciones de el criminólogo Elías Neuman tras su visita a penal de Villa Las Rosas, resaltando que “ningún rubio de piel clara y ojos claros delinque en Salta porque en la prisión no hay ninguno”, Jalil advirtió sobre la política de discriminación social que existe desde hace tiempo, “esta cosa de haber instalado la idea de que la pobreza es igual al delito”.

“Es el presupuesto con el cual salen todas las fuerzas de seguridad a hacer el desastre que están haciendo, esa es una falacia absoluta porque lo que están escondiendo es que el problema real no es la pobreza sino la desigualdad que han generado. Entonces, si yo me como el verso de que el problema es la pobreza, como pobre asumo  que represión debe haber siempre, cárcel debe haber siempre, y en realidad el centro de discusión debería ser si está bien que haya desigualdades. Y las desigualdades son indefendibles”, analizó.

Y agregó: “Cuando uno pone modelos económicos de las características que venimos sufriendo de un tiempo a esta parte, que se prepare para una respuesta del carácter que mucha gente está dando porque es una respuesta indeseada, que no queremos ni avalamos, pero comprendemos que se tiene que dar porque muchas veces la lucha es por la supervivencia”.

Imagen : Resumen Latinoamericano

Jalil, recordó también que “en el país, más de los 100 mil presos que tenemos detenidos en las 300 unidades que hay, tenemos el 70% detenidos por delitos contra la propiedad no violentos, y más vinculados a los llamados delitos de subsistencia”, y aclaró: “Se habla, por ejemplo, causas de narco, pero al que detienen es al narcomenudeo, la famosa mula”.

Haciendo referencia, entre tantos casos, al del anciano que fue asesinado a golpes a la salida del supermercado Coto por robar dos chocolates y medio kilo de queso, remarcó que “la enorme desigualdad que se genera termina siendo la promotora”, y observó que todas estas situaciones “tienen que ver con la esencia de un sistema que es consagratorio de la inequidad y la desigualdad”.

“Cuando nosotros hacemos el planteo de la igualdad, no hacemos el planteo de la igualdad como un objetivo que tenemos que conseguir. Nosotros planteamos la igualdad como punto de partida, y esto es a lo que se oponen. Es muy fácil hablar desde la comodidad cuando se tiene la panza llena y un techito seguro y confortable para pasar la cuarentena, por ejemplo”, subrayó Jalil.

Estado de sitio en Salta

El abogado analizó el panorama en Salta, con la implementación del decreto 255 de Gustavo Sáenz, que otorga facultades extraordinarias a la Policía de la Provincia, además de las medidas punitivas aplicadas, por ejemplo, ante la falta de uso del barbijo.

Remarcó que desde la Mesa de Derechos Humanos ya se realizaron los planteos de inconstitucionalidad pertinentes, acompañados por el CELS- Centro de Estudios Legales y Sociales-, y observó: “Es un decreto intermedio propio de un Estado de sitio, donde el único límite que tiene la policía es ‘no ejecute’, que quiere decir ‘no maten’. Pero, desde el momento en que ponen a una agencia del Poder Ejecutivo vinculada al área de la seguridad a hacer una detención, a interpretar qué es y qué no es delito, a juzgarlo y evitar el derecho de defensa, y a detener o a sancionar con la prisión o con la multa, evidentemente estamos ante un pasaje de atribuciones que ha eliminado un mecanismo elemental, como el derecho de defensa”.

Y aseveró: “Eso es propio de un Estado de sitio. Por lo que se peleó durante todo este tiempo para que no sea instalado a nivel nacional, en alguna medida Salta lo que ha hecho es instalarlo. Y lo que tiene lo de Salta es que, además, lo han escrito, es naturalizar y darle forma de ley a una conducta por parte del Estado que no es propia de Estados democráticos, llamados de derecho”.

De igual modo, sobre este Estado policial y la complicidad pasiva en Salta del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal que nada dijeron al respecto, consideró que “los crímenes se pueden hacer por acción y por omisión, y en este caso, tanto el Poder Legislativo y, sobre todo, el Poder Judicial, cierra el circuito de la impunidad y cumplen un rol fundamental en toda política represiva”.

Imagen : Página 12 Salta

“A mí no me extraña que esto haya sucedido porque nadie hace un decreto de estas características sin haber tenido, previamente, el visto bueno del resto de los poderes- agregó Jalil-. No creo, y a las pruebas me remito, en esa independencia de poderes en el hecho concreto de la administración de un Estado, que vive permanentemente como Estado de excepción, que es aquel que suspende o disuelve un derecho de la sociedad”.

En este punto, aseguró que “para el pobre el Estado es siempre de excepción, porque esa es la regla, la menor cantidad de derechos para el ciudadano que está en las condiciones que están los pobres y el refuerzo del estado policial, el estado penal”. “El estado punitivo que se administra con el Código Penal en la mano tiene estas cosas, que muchas veces se manifiestan en modo casi patético como esto de la policía llevando adelante todo el circuito judicial reservándose nada más que para el imputado la posibilidad de hacer una apelación que se resuelve con él detenido”, agregó.

Frente a este contexto, y teniendo en cuenta que, si el DNU 255 no es rechazado en la Legislatura dentro de los 90 días de decretado, se convierte en ley, subrayó: “Salta se va a convertir, no solo en la primera en la tasa de presos por cada 100 mil habitantes, sino también en la primera provincia que ha instrumentado de modo completamente ilegal un sistema de detención propio de un estado de excepción”.

“En los últimos años se ha visto, cada vez con mayor crudeza, cómo hay un estado de apariencia- continuó-. Bajo la apariencia de un estado de derecho, lo que se ha instalado es un estado de excepción. La apariencia de vivir bajo un régimen democrático indica que están las instituciones, pero la finalidad que cumplen no son propias de un estado de derecho”.

Medios que legitiman

Jalil apuntó al “rol de los medios de comunicación a la hora de construir consensos para todas estas políticas”. “Los medios están legitimando la aplicación de estas políticas, y hay un ejemplo muy claro. Cuando el que tiene hambre corta una calle para ser visibilizado, para que se sepa que no está ahí porque le gusta, porque quisiera estar en una fábrica, en una finca, trabajando en forma efectiva, el medio de comunicación, a veces con la anuencia del periodista pero en la mayor parte de los casos porque hay periodistas a los que no les queda otra, el micrófono no se lo ponen a ellos, se lo ponen al que va en el auto para que muestre que no puede transitar en la calle ‘por culpa de estos que están parados cortando la ruta’”.

“Ellos saben muy bien que hay jerarquías de derechos, si alguien no come, hay que privilegiar esa situación y resolverla, esto es elemental, cueste lo que le cueste a usted, a mí o a todos”, enfatizó el abogado afirmando que “es el primer deber social, estatal, institucional, comunitario, resolver esa cuestión”.

Siguiendo esta línea, consideró que la medida del aislamiento social, preventivo y obligatorio constituye “una solución que por ahí no es la mejor, pero es la que había que hacer”, aunque alertó: “Si usted mete una campaña constante de lavarse las manos cada 10 minutos en lugares donde el acceso al agua es a 200 metros en una canilla comunitaria, para ir y venir con tachitos y dejarlos en el mismo lugar donde viven 6 o 7 personas en lugares súper hacinados, me parece que ahí hay un mensaje muy claro que no contiene a esta gente. Es lo que nos está pasando en la región metropolitana con las barriadas más populosas como la Villa 31, que se pasó 9 días sin agua”.

Imagen : Comuna.net

Aseguró que se trata así de un escenario que no calificaría como “irracional”, entendiendo que “si decimos la irracionalidad estaríamos diciendo que es gente que se ha vuelto loca”, por lo que sostuvo: “Son la esencia, la prueba más evidente de lo que significan los modelos sociales establecidos con la exclusión, con la desigualdad, lo que en alguna medida han significado las experiencias neoliberales en la historia de la humanidad, y el desarrollo capitalista ha llevado a la producción de estos dirigentes que son el resultado también de esto”.

“Todo el mundo coincide en que hubiera sido un desastre”, la gestión de Mauricio Macri frente a la pandemia, remarcó Jalil, aunque no descartó que “más del 40% lo ha respaldado y no es casual”. Esto en referencia al nivel de consenso para estas políticas creado a partir de los grandes medios de comunicación, “que han sido determinantes a la hora de establecer esta especie de palabra santa de un sector de la población que se diferencia por su decencia con relación al pobre, que en sí mismo es una amenaza para la gente decente”.

“Cuando instalan ese discurso, tienen mayores posibilidades de ejecutar las políticas que después terminamos teniendo que denunciar nosotros y ocupar el espacio de algunos medios, sin los cuales la tarea que hacemos no sé si tendría algún efecto”, puntualizó.

Finalmente, recordó que “todo este tema de la represión es un tema esencialmente político”, y cerró: “Por eso creemos en la necesidad de resolverlo políticamente. Aún con todas las diferencias que podamos tener con organizaciones que activan en el campo de los derechos humanos, hay una unidad de criterio en cuanto a sostener la participación política de todas y cada una de ellas. Por eso reconocemos y valoramos a las organizaciones que están trabajando en ese tipo de cuestiones”.

Imagen :La Ventolera Villa María

*Ismael Jalil Abogado de DDHH-Militante de Correpi y de Poder Popular

 

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