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Violencia institucional

¡Respondemos todas también por las muertas en las cárceles!

Luisa Cienfuegos murió de un infarto en el penal de Los Hornos por lo que sus compañeras comenzaron una protesta. Activistas y organizaciones que luchan por los derechos de las personas en contextos de encierro denuncian desatención y mala praxis. La represión como respuesta ante toda demanda y el traslado compulsivo como forma de castigo de parte del SP.

Imagen: Veinticuatrotres

El sábado por la tarde Luisa Cienfuegos, una mujer de 43 años de Lomas de Zamora que se encontraba cumpliendo una pena privativa de la libertad bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en la Unidad de Los Hornos, La Plata, Buenos Aires, murió de un infarto. Algunas de sus más de 40 compañeras del Pabellón 4, solidarias y a la vez desesperadas ya que Luisa se sentía mal y exigía su derecho a la salud desde el pasado jueves, comenzaron una protesta para que la atiendan en un hospital fuera del edificio.

Mientras Luisa moría, la respuesta de quienes integran el SPB fue la represión con balazos y golpes ante el reclamo y el posterior traslado compulsivo de al menos catorce de ellas a las Unidades 45 y 51 de Melchor Romero y Magdalena.

“Pidió ir a Sanidad una y otra vez y no fue escuchada”, relató Nora Calandra, de la Red Niñez Encarcelada, una de las primeras en difundir la información sobre una muerta más en una cárcel. “El viernes por la noche insistió y le dieron medicación por vena”, contó, “a partir de eso empezó a ser aun más el malestar”. Según Calandra, a la demanda de atención de parte de Luisa y sus compañeras que la veían empeorar, el SPB la volvió a llevar primero a Sanidad y luego a la Unidad de Pronta Atención (UPA) a unas cuadras de la cárcel donde al ser de primeros auxilios los profesionales de salud no pudieron revertir su cuadro y falleció. “Al enterarse las compañeas comenzaron un reclamo con batucadas y fuego, un método extremo de hacer visible la indignación ante la muerte de Luisa que se podría haber evitado”, agregó Calandra, pero “ni siquiera lo intentaron”.

Porque lo que le pasó a Luisa le puede pasar a cualquier otra y poque es una constante que las presas sean desoídas ante toda demanda de derechos, sus compañeras actuaron en solidaridad. Y la respuesta de las y los integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, al igual que toda fuerza represiva dentro y fuera de los muros de las prisiones, fue la violencia activa y el traslado compulsivo, formas de desarmar la organización de las mujeres, perpetuar el abuso de poder y los malos tratos y ejercer el disciplinamiento habitual en las cárceles. Así, catorce mujeres fueron llevadas a otras unidades, también en La Plata, a pesar de las heridas que recibieron, algunas de balazos de goma y golpes de diferente gravedad.

“Hace una horas el SPB anunció que desde hoy el horario de engome será desde las 14 hasta las 7.30”, informó Calandra confirmando lo que ya se sabe, “cuando suceden estas tragedias en el sistema carcelario las soluciones son las prohibiciones”, pero afirmó la resistencia ante la muerte y las vulneraciones de derechos, “las pibas que trasladaron van a llevar el recuerdo de su compañera, ellas sí hicieron algo, ellas gritaron, reclamaron”.

Por su parte, para contrarrestar la información que comenzaba a circular en las redes sociales en voz de familiares de las mujeres encerradas e integrantes de organizaciones que luchan por los derechos de las personas privadas de su libertad, el SPB difundió su versión en los medios hegemónico- comerciales expresando que Luisa “era una enferma crónica”, que “los familiares le informaron que había caído detenido un sobrino”, lo que “la puso nerviosa y se descompensó”.

Desatenciones y represiones sistemáticas

Los reclamos de las personas presas son sistemáticamente desoídos. Los ingresos de familiares, el acceso a las llamadas telefónicas, la suspensión de situaciones de aislamiento o el traslado a un establecimiento más cercano a su hogar, son de las demandas más habituales, a la vez que la ineficacia o falta de preparación de parte de las y los integrantes de los Servicios Penitenciarios en situaciones de emergencia, otra constante a la que se suma la omisión de responsabilidades del Estado y los gobiernos en exigir la aplicación de protocolos de actuación y el siministro de los recursos humanos, materiales y edilicios necesarios para responder adecuadamente frente a urgencias y emergencias médicas.

A su vez, a partir de la aprobación, hace días, de parte de la Cámara de Diputados de la Nación de la modificación a la Ley 24.660 de ejecución de la pena, los Servicios Penitenciarios (al igual que los sectores conservadores de la sociedad) adquirieron más poder. Además la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) expresó la semana pasada el incremento de muertes en otra cárcel, el Complejo Federal de Ezeiza, lo que provocó la remoción de la cúpula de administración ya que los decesos que se produjeron son síntomas de la cancelación del diálogo de parte de los represores.

Los asesinatos, las muertes y torturas y las condiciones de detención y los traslados compulsivos ya fueron un llamado de atención de parte de organismos internaciones al Estado argentino. A la vez, a partir de situaciones concretas, tanto el presidente de la Nación, Mauricio Macri como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fueron interpelados ante estas vulneraciones.

Las mujeres y lesbianas que protestaron por la desatención y la posterior muerte de Luisa Cienfuegos en la Unidad de Los Hornos serán informadas como “cabecillas” o “internas problemáticas”, lo que puede ser una excusa para que el SPB les niegue el acceso a derechos como la educación, el trabajo o la misma atención a la salud. Todo por defender a una compañera. Porque por las presas, ¿quién protesta? Cumplir una pena no tiene nada que ver con perder la vida y las muertes bajo custodia son siempre responsabilidad del Estado. Por eso cuando decimos “ni una menos”, que también sea dentro de las cárceles.