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República Dominicana: Se multiplican los crímenes de violencia contra la mujer

Santo Domingo, abril.- La irrupción en el panorama nacional dominicano de un potencial asesino en serie, que habría ultimado en los últimos 10 días a cuatro mujeres, presumiblemente trabajadoras sexuales, agrega perversidad y dramatismo al problema de la violencia contra las mujeres en este país donde, pese a esfuerzos innegables, el crimen contra ellas no cesa.

En una población de algo más de ocho y medio millones de habitantes, cada 36 horas una mujer ha sido baleada, acuchillada o ha perecido golpeada solamente en el mes de enero.

Otras han aparecido muertas, con su cabeza machacada, cual parece ser el modus operandi del asesino de Villa Mella y Boca Chica, dos poblaciones muy cercanas a la capital dominicana, a menos de una hora del centro, hacia el este, la primera urbana y la otra de playa turística.

Aunque detalles morbosos no agregan mayores elementos, hasta ahora las cuatro víctimas halladas han sido lanzadas en parajes deshabitados, semidesnudas y con evidencias de violación, según el dictamen forense, lo que contribuye al clima de intranquilidad donde, no obstante, hay múltiples matices.

La joven magistrada Roxanna Reyes, procuradora general adjunta para Asuntos de la Mujer, asegura a SEMlac que una disminución del 35 por ciento de los feminicidios íntimos y que un número importante de las denuncias de las mujeres en el presente sean por violencia psicológica y verbal, habla de los avances que se van logrando. “Las mujeres no esperan a que les den, cuando observan que eso viene, van y denuncian”, precisa.

La jurista, quien lidera el tema desde hace casi cuatro años en el Ministerio Público, mencionó la expresión “feminicidios íntimos”, término muy debatido porque enmascara la real dimensión del problema, si se considera que mujer muerta es mujer asesinada, sea en una riña callejera o en el interior del hogar.

En esa lógica, los asesinatos así clasificados habrían sido 92 el año pasado y los generales 199, mientras que sólo en enero los primeros fueron 12 y los generales 18.

La doctora Reyes Acosta resaltó, sin embargo, “la trascendencia jurídica de que la noción feminicidio esté aceptada en la terminología pública y en los medios de difusión”, pese a no estar contenida en Códigos y leyes de país.

“Sabemos bien cuánto le cuesta a una mujer ir a denunciar, pero cada una que lo hace está consiguiendo alejar muchísimo la posibilidad de que ese hombre que la amenaza, que le grita u ofende, llegue a asesinarla”, agregó.

Según la clasificación establecida por la Procuraduría General de la República, los feminicidios generales son la sumatoria de los feminicidios íntimos y los no íntimos, considerados entre estos los asesinatos cometidos por hombres o mujeres con quienes la víctima no tenía ninguna relación pasional. En esta categoría caen robos, riñas, violaciones sexuales y hechos ocurridos de manera accidental.

Para la Procuradora, uno de los problemas que afronta en su trabajo es la falta de recursos: “las limitaciones en el presupuesto hacen que, por más que yo quiera, no pueda ser más ejecutiva. No puedo exigirles a los Fiscales si no tengo herramientas que darles, ni cómo cuidarlos y cuidarlas, porque se necesita pensar también en los riesgos del Ministerio Público”, comenta.

Reyes tiene, por demás, otras insatisfacciones: “el Ministerio de Salud Pública tiene que acabar de entender que la violencia es un problema de salud. Hay un protocolo que no se aplica. Si médicos y psicólogos no hacen su parte, las víctimas resultan revictimizadas. Y también al Ministerio de la Mujer le toca hacer más”, agrega.

El personal de salud no observa ni aplica adecuadamente las Normas para el Tratamiento de la Violencia. La mayoría de los casos que llegan a sus manos no son reportados ni reciben seguimiento, pese al trauma y las consecuencias que suponen tales actos para la salud de las mujeres.

Una frustración frecuente entre quienes intentan frenar la violencia en República Dominicana se relaciona con la actuación de los y las juezas que, no pocas veces, parecen proteger a feminicidas y abusadores al propiciarles impunidad con tecnicismos legales.

La Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer no suscribe ese punto de vista, aunque reconoce que hay razones en la gente para sustentarlo. Ella cree que “estamos avanzando como nunca” y elogia la labor de la presidenta de la Comisión de la Mujer del Poder Judicial, Eglis Smurdoc, con quien ha conseguido coordinaciones positivas para la causa que defienden.

“Poco puede hacer el Ministerio Público cuando se realizan todos los esfuerzos preparando un caso y luego ?so pretexto de la imparcialidad? los jueces los desestiman y no actúan consecuentemente, de acuerdo con la Ley. Creo que se ha ido logrando una mayor sensibilización y se va reconociendo que un caso de violencia contra la mujer o un feminicidio no puede ser visto ni juzgado como una bronca callejera o como el robo de una cartera?”, argumenta.

República Dominicana tiene desde 1997 una Ley contra la Violencia Intrafamiliar que no satisface completamente a quienes entienden el problema, pero ofrece pautas para sanciones ejemplarizantes. Esas, sin embargo, suelen faltar en la mayoría de los juicios.

Las denuncias no bastan

Sólo en la capital, Santo Domingo, con una población total de 913.540 habitantes, las denuncias de este tipo de abusos llegaron a 6.475 el pasado año. Aunque no se han informado hasta ahora los datos de 2010, las evidencias hacen presumir que será superada.

Más allá de las estadísticas, los pasos para que una mujer consiga una orden de protección ?incluida que ella misma haga la notificación al agresor? son tan tortuosos que no pocas desisten antes de hacer la denuncia.

Así opina la abogada feminista Susi Pola, quien participó los días 15 y 16 de marzo en un encuentro en El Salvador con la Relatora de Naciones Unidas para la Violencia contra la mujer. Allí presentó un tema, justamente, sobre feminicidios, sobre lo cual habló en diálogo con SEMlac.

Al conocer de manera directa de las situaciones que viven las mujeres de otros países de Mesoamérica y el Caribe, ¿cómo valoraría las realidades dominicanas?

En lo que respecta a la violencia contra la mujer, estamos muy mal. Cuesta trabajo creer que un país como el nuestro, donde hay una legislación penal específica desde hace más de 12 años; donde el sistema de atención desde la justicia tiene una estructura mínima; donde la mayoría de los feminicidios por violencia contra la mujer son íntimos; y donde casi el total de esos crímenes están registrados en la justicia, tengamos índices altos de impunidad y los asesinatos de mujeres vayan en incremento.

Hay que trabajar en la capacitación de los y las servidores y servidoras, con el registro y las estadísticas; pero, sobre todo, hay que asegurar una buena asesoría de género, por personas preparadas. Es imprescindible que la administración del Estado transversalice sus programas, proyectos y también las evaluaciones con enfoques de género.

Pese a que pareciera haber más feminicidios por la recurrencia con que se reflejan en la prensa, algunos criterios autorizados afirman que no, que la disminución es notable. ¿Usted cómo lo ve?

No, no es una impresión, es verdad que van en aumento. Basta con analizar los datos. Y eso que son los datos oficiales, ¡de un sistema de registros que aún es ciego al género!

Es importante que todas las personas que trabajan con las estadísticas de muerte violenta se capaciten para transversalizar los datos y para poder utilizar los instrumentos creados, cuyos indicadores para nada sirven porque nadie los anota cuando recoge a las víctimas. Debe haber un acuerdo entre las instituciones vinculadas con el proceso y, en este sentido, en República Dominicana falta el aporte de Salud Pública, que no acaba de enterarse que la violencia contra la mujer es un problema grave de salud.

Nombrar el problema

En algunos foros expertos se discute si, conceptualmente, deben considerarse esta violencia y abusos como “violencia de género”, o si, por el contrario, tal calificación esfumina el hecho y lo mete en un saco que no se corresponde con la gravedad del crimen, por lo cual se reclama el uso del término violencia contra la mujer.

Para la académica Lourdes Contreras, directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC, “en este, como en cualquier otro tema, el uso de los conceptos remite a líneas de pensamiento, enfoques e ideología”, asegura a SEMlac.

En su opinión, al no diferenciar los términos de violencia basada en género y violencia contra las mujeres, tiende a darse cierta confusión, derivada de “poner en un mismo plano los conceptos género-mujer, que evade la esencia de que el concepto género remite a la relación social entre hombres y mujeres, que jerarquiza lo masculino”, agrega.

“Por otro lado, en referencia a la violencia contra las mujeres, hay un posicionamiento político sobre el poder entre hombres y mujeres, que de alguna manera ubica la procedencia de las formas sistemáticas de dominación patriarcal y permite acercarse a las raíces del problema”, comenta a SEMlac.

La profesora, reconocida feminista y militante de izquierda, cree que hay que hablar de mujeres. “De esa misma manera vale marcar la brecha entre el uso del término violencia contra la mujer o contra las mujeres, ya que cuando se explicita ‘las mujeres’ se trata de evidenciar las desigualdades de otra naturaleza que confluyen en su condición y posición, al observarse la cuestión de clases sociales, origen étnico o nacional, entre otros factores que también son de mucha importancia”.

Es por ello que Contreras se inclina al uso del término violencia contra las mujeres, “trascendiendo al tradicional enfoque de familia”, pero además “desde la consideración de que la transformación, el cambio cultural, imponen el trabajo de prevención que permita entender por qué y cómo hay que trabajar con los hombres”.