República Dominicana: Desentendimiento ante la explotación sexual de menores

Santo Domingo, agosto.- Los alarmantes altos índices de desentendimiento social acerca de la explotación sexual y el abuso de niñas y niños en Centroamérica y parte del Caribe quedó confirmado con un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presentado en esta capital.

El documento refleja que 22,4 por ciento de las personas entrevistadas no denunciaría a los agresores, aun cuando tuviese conocimiento de un hecho de esta naturaleza.

La investigación abarcó a Centroamérica, República Dominicana y Panamá, donde más de 8.000 personas fueron consultadas. La pesquisa, conducida por Elías Dinzel, del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT, dio cuenta también de que las personas consideran que ese “no es su problema”, porque dudan de la efectividad del sistema para sancionar (46 %) o porque temen represalias (32 %).

No se tienen cifras de a cuánto asciende la infancia agredida en el país, aunque hace tres lustros se le estimaba en más de 25.000. Dados el empeoramiento de la situación económica, el aumento de la población en edades más vulnerables y los incrementos de los delitos en general, es casi seguro que actualmente el número de niñas, niños y adolescentes víctimas de ese crimen sea mayor de 40.000.

La mayoría de los casos se nutren de impunidad y silencio. Y el problema es tan serio que cuando algunos sucesos de abusos sexuales y violación de derechos humanos de la infancia se conocen, son espeluznantes. El irrespeto por la integridad física, sexual y emocional es inmedible, aunque se sabe bien que tiene rostro de niña.

A manera de ejemplo se halla una situación muy reciente ocurrida en la tercera semana de julio. Madre y tías lloraban ante la prensa al denunciar el asesinato a golpes de una niña de nueve años, que antes había sido violada. Se busca a quien lo hizo, pero no hay mayores informes todavía.

Lo peor es que esto no es del todo excepcional. En mayo de 2008, la menor de 10 años Jessica Castillo fue descuartizada después de haber sido violada por dos hermanos, a quienes los tribunales sancionaron. Un grito desgarrador se escuchó en la sala el día del juicio. Fue de la abuelita que la había criado desde que nació y no podía entender la crueldad de lo sucedido.

Unos meses antes, Pedro Julio Hernández Gutiérrez violó a su propia hija de siete años. El delito se supo porque el vecindario vio telas ensangrentadas en una tendedera afuera de la vivienda.

Por si fuera poco, a finales de 2007 se conoció un acontecimiento delictivo de marca mayor: la violación reiterada de una menor huérfana en el poblado fronterizo de Jimaní, por cuatro individuos, que finalmente fueron condenados a 30 y 20 años.

El carácter monstruoso de estos hechos se expande a otras violaciones y violencias de género. Pero, entre los segmentos poblacionales abarcados por el estudio no figuró ?porque no cabía relacionarlo directamente? una declaración del cardenal de la Iglesia Católica, Nicolás de Jesús López Rodríguez, según la cual son las mujeres ?y desde luego, no excluyó a las y los adolescentes? las culpables de las agresiones sexuales, por usar ropas provocativas.

De los varones agresores y de los proxenetas e intermediarios en la explotación sexual no dijo nada el prelado.

Se trata de un personaje cotidianamente presente en la vida nacional. En este momento, López Rodríguez está encabezando la generación de opinión pública adversa a que en la nueva Constitución ?que está pendiente de aprobación por el Congreso? se deje un espacio que posibilite a las mujeres sobrevivir, mediante abortos terapéuticos.

El estudio de la OIT da cuenta de otras muchas variables relacionadas con la explotación sexual de menores y adolescentes y el comercio asociado a ello. Otro dato perverso ?en el que se denota la influencia de los criterios de la más alta representación de la curia en Dominicana? es que el 14 por ciento de las personas encuestadas, si denunciaría a alguien, sería a la víctima.

Otro 11,8 por ciento no denunciaría a nadie. Pero es significativo y esperanzador que 39 por ciento denunciaría al comprador de los servicios sexuales, al explotador. Y en otra dimensión del delito: los y las intermediarias serían denunciados por 38,9 por ciento.

Los desoladores resultados que para República Dominicana arrojó la investigación tienen, sin embargo, una expresión estimulante si se piensa en la toma de conciencia que este documento puede generar, siempre que se le haga caso y auspicie decisiones necesarias, tanto a nivel individual como estatal e institucional, para pasar del impacto de las revelaciones a la acción.

Este parece ser el propósito: no sólo poner en marcha una campaña sobre la gravedad del problema, sino articular a grupos sensibles para ir más allá, algo nada fácil cuando se sabe que la promiscuidad, la pobreza y la ignorancia son vectores de las indiferencias. Circunstancialmente, también del crimen.

Niñas y niños en riesgo de ser abusados deben ser advertidos

Otro aspecto reseñable de este acontecimiento noticioso es que en la conferencia de prensa que ofreció la Oficina de Naciones Unidas en el país para divulgar el estudio hubo nutrida presencia de periodistas que, al contrario de lo que suele ocurrir con frecuencia, esta vez fueron muy inquisitivos. Pero aún más: la parte anfitriona ofreció conceptos de la mayor importancia.

Elías Dinzel, Dabeira Agramonte y María Elena Amad desarrollaron criterios y datos sustantivos más allá del estudio. Algunos ejemplos: “este año han sido sentenciados por comercio sexual con menores sólo dos individuos”; “la cuestión es también preguntarse cómo educamos”, “hay un divorcio entre el discurso institucional y la práctica”.

En ese diapasón, la claridad expositiva de Françoise Gruloos Ackermans, representante de UNICEF en República Dominicana, aportó reflexiones como para repensarlas, porque trascienden los contenidos del estudio, titulado “El comercio sexual con personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Segundo estudio de tolerancia social, resultados, desafíos y recomendaciones”.

Gruloos dijo que mucha gente conoce de abusos y no hace nada: “tenemos que alertar continuamente a la sociedad para que este fenómeno del abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no siga viéndose como algo normal”, señaló.

Interrogada por SEMlac sobre qué hacer con los propios niños y niñas, a sabiendas de que UNICEF ha abogado siempre por darles voz, escucharles y tomar en cuenta cómo piensan, Gruloos reconoció que van a trabajar para que aprendan a decir no y sean advertidos de los riesgos.

El mencionado estudio constató que una parte de los chicos y chicas abusadas no sabían bien qué estaba pasando, cuál era el carácter de la situación que los victimizaba, precisó.

Gruloos fue enfática al subrayar que comunicadores y comunicadoras tienen la responsabilidad de difundir sus informaciones con una nueva perspectiva, que permita que los explotadores y proxenetas no pasen inadvertidos.

“Basta ya de señalar a las víctimas como provocadoras. Basta de exponer a las niñas y niños que han sido abusados. Son los perpetradores los que deben salir en las fotos”, agregó.

Abogó por terminar con la tolerancia social y darse cuenta de que las personas que pagan por tener sexo con menores de edad son los verdaderos responsables de que eso exista, “son los criminales que, de acuerdo con la ley, deben ser denunciados y sancionados”, subrayó.