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Eduardo Barcesat

REORGANIZAR LA JUSTICIA PARA RECUPERAR EL ESTADO DE DERECHO

Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista especialista en ciencias sociales, Filosofía de derecho, y trabajador por los derechos humanos, opinó sobre el proyecto de la reforma judicial, aprobado  en el Senado, y destacó la necesidad de recuperar el Estado de derecho en el país.

Imagen : El1 Digital

Según su análisis, “es más específicamente una reorganización, pero es también una reforma, no hay ninguna duda, porque se incrementa significativamente en todo el territorio de la Nación, no solamente en la Capital Federal, el número de jueces en lo penal federal”. “Esto, entiendo, es una reforma”, dijo.

Puntualmente, detalló: “En Capital Federal vamos a pasar de tener 12 jueces, hoy concentrados en Comodoro Py, 12 que en realidad son 8 porque hay cuatro vacancias. Vamos a pasar a tener, primero, la incorporación de los jueces en lo penal económico, con igual competencia; las respectivas cámaras también se van a unificar; y, luego, 23 juzgados que van a ser subrogados, en principio, con intervención del Consejo de la Magistratura y del Senado de la Nación, que van a ser designados hasta que se cubran esas nuevas 23 vacantes”.

“Significa que se va a licuar el poder que hoy ejerce, de manera concentrada y en buena medida perversa, la justicia federal penal de Comodoro Py”, agregó el especialista para luego subrayar: “Perversas digo por las prácticas del lawfare, que es esa madeja en la que se entreteje la actividad de espionaje, de los medios masivos de comunicación social que inventan los relatos de las causas que anticipan sentencias o actos procesales”.

Derribando mitos

Siguiendo con su observación sobre el proyecto que ayer obtuvo la media sanción en el Senado, destacó “la intervención, por supuesto, de la pata podrida del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal que tenía sus epígonos en el ya fallecido juez Claudio Bonadío y en el fiscal procesado Carlos Stornelli”, y no dejó escapar: “Hay otras figuras que, quizá sin tanta notoriedad, fueron igualmente susceptibles de influencias y de enderezar causas inexistentes contra funcionarios o ex funcionarios políticos, con una persecución que hubiera sido digna de mejor causa”.

En este contexto, respondió a algunos de los argumentos de quienes se oponen al proyecto del Ejecutivo nacional. “Ninguna de las causas actualmente radicadas, sea en Juzgados de Instrucción, de Primera Instancia o el Tribunal Oral Criminal Federal, va a cambiar su jurisdicción. Es decir, no van a ser quitadas de unos para ser llevadas a otros jueces. La causa, en su juzgado de origen, y por resguardo al principio de juez natural de la Constitución, va a quedar radicada donde está radicada actualmente”, expuso Barcesat.

Y lamentó: “Desgraciadamente, se ha desinformado a la opinión pública bajo la consigna ‘esta reforma es para beneficiar a los ex funcionarios o a la actual Vicepresidenta de la Nación’, y es absolutamente erróneo, falso, una fake news. Pero que, difundida por los medios masivos de comunicación social, manipula el psiquismo humano y la gente cree que esto es para que se acaben las causas contra Cristina”.

“Yo creo que el primer núcleo de jueces que van a venir, que van a ser seleccionados por la Cámara del Crimen Ordinario de la Capital Federal, no tienen precisamente una vocación de beneficiar a los ex funcionarios del gobierno kirchnerista. Esto es absolutamente impensable y, además, van a pasar por los controles del Consejo de la Magistratura y el acuerdo en el Senado de la Nación donde, además, se requiere mayorías muy especiales para los nombramientos, de modo que eso hay que dejarlo totalmente de lado”, amplió el abogado.

En esta línea, resaltó que “se va a incrementar el número de jueces en el interior del país, 94 en total, para que haya un juzgado específico en lo penal federal porque, hasta ahora, tenían acumuladas, los jueces federales, las competencias en Civil y Comercial Federal, en Contencioso Administrativo y Tributario, Régimen Electoral, y Laboral también”. “Además, se va a incrementar el número de fiscales del Ministerio Público Fiscal y de los defensores oficiales en Ministerio Público de la Defensa, para poder atender a este significativo incremento de juzgados federales penales”, añadió.

Por otra parte, el especialista constitucionalista enfatizó: “El capítulo, para mí, más interesante de esta ley que ha obtenido media sanción, es el que refiere a las directivas sobre el bien obrar de los jueces en las causas a su cargo. Ya no puede ocurrir más que una causa se inicie con fotocopias de cuadernos quemados, que después parcialmente resucitan o que un periodista por una plaza pública encontró un sobre, o alguien pasó corriendo al lado de él y le entregó un sobre con información, o que la ex diputada Elisa Carrió recibió, debajo de la puerta de su casa, otro sobre con otra información. Todas estas inmundicias y perversidades institucionales que caracterizaron el lawfare, entiendo que con esta regulación de cómo debe ser la actividad de los jueces va a, no sé si desaparecer, pero por lo menos se va a volver mucho menos frecuente”.

“Además, la sociedad argentina, paulatinamente, se va a ir alertando de lo que significó esta etapa de la gestión macrista, no solamente por la deuda que nos dejó sino también por la topadora institucional que pasó por sobre la justicia y por sobre el Congreso de la Nación dado que, prácticamente, no funcionó en esos cuatro años”, continuó.

En tanto, en lo que refiere a la funcionalidad y el número de ministros de la Corte, y a “cómo mejorar la actividad, tan deficiente hasta aquí, del Consejo de la Magistratura para el Poder Judicial”, opinó: “Sería importante un incremento de miembros, pero no para que todos salgan e intervengan en los mismos expedientes, sino para que se divida en salas y puedan atender, razonablemente, a los 12 u 11 mil casos que ingresan por año a la Corte”.

Al respecto, sostuvo: “Incrementar, ponerlos en 7 o en 9 pero tomando los expedientes todos juntos no sirve. Ya lo vivimos bajo la experiencia del menemismo, solamente sirvió para terne una mayoría automática a favor del presidente Menem, pero desprestigió totalmente a la Corte. De modo que aguardo que, de haber una modificación de la composición de la Corte, sea para dividirla en salas, conforme las distintas materias judiciales”.

Y explicó: “La Corte, por sus propias decisiones, ha incorporado otras materias que no estaban antes en su competencia, que es el recurso por arbitrariedad de sentencias, recurso por gravedad institucional, luego el per saltum. Con esto, obviamente, se llevó a un número más que significativo de causas judiciales que no pueden ser tratadas por más que tengan un ejército de colaboradores, y eso va en perjuicio de la administración de justicia y de la credibilidad”.

“En este momento, los números indican una credibilidad del 15% en la población argentina respecto al Poder Judicial, y esto hace a la idea de por qué es oportuno hacerlo ahora- remarcó el abogado-. Además, es una recomendación importante que hizo el relator especial de Naciones Unidas, el doctor García- Sayán  , luego de examinar el número de causas por las brutalidades incurridas en ellas, donde hay una serie de recomendaciones sobre cómo se deben tramitar las causas y con qué garantía y con qué igualdad de trato para las partes”.

Respondiendo así a quienes cuestionan sobre la pertinencia de tales modificaciones en este momento, argumentando el costo que tendría, sostuvo: “Sí, va a haber un costo mayor, pero es mucho menor del que tenemos de la deuda externa heredada, es mucho menor que lo de la fuga de capitales. De manera que, si quieren atender a llegar recursos, empecemos por deuda externa y sigamos por fuga de capitales, antes que fijarse en el gasto de la justicia, que no es gasto, es inversión en un servicio público”.

Recuperar el Estado de derecho

“Nosotros hemos vivido en la etapa del gobierno de Macri, bajo excepcionalidad institucional”, aseveró Barcesat remarcando que “esto, que está consagrado en nuestra Constitución Nacional como artículo 36, deber de obediencia a la supremacía de la Constitución, no solamente condena los golpes de estado, la usurpación del poder político, sino cuando un poder, con legitimidad de origen, desborda el marco de sus potestades constitucionales para absorber, apropiar, las potestades que le corresponden a otros poderes”.

“En este caso, y fundamentalmente, el Congreso de la Nación y la justicia- subrayó-, recordemos la frase de Macri, refiriendo a la justicia ‘queremos jueces que nos representen’ o ‘no se hizo lo que habíamos acordado, lo que estaba pactado’. ¿Cómo puede ser? Qué indignante. En cualquier otro país civilizado, por una frase de esas, el presidente es puesto de patitas en la calle, porque hay una total prohibición de tomar injerencia en causas en trámite”.

Asimismo, cuestionó que “acá, los medios de comunicación hegemónica, lo hicieron ver como algo normal, inclusive funcionarios u hombres de otros poderes como el senador- Federico- Pinedo que dijo ‘es normal que el presidente se ocupe de las causas y tenga contacto’”. “Ahora sabemos que había una mesa judicial que daba las directivas bajo conducción estrecha y unipersonal del presidente de la Nación para qué hacer con las causas y qué hacer con los jueces independientes”, aseveró.

Frente a ello, insistió: “Creo que la mejora y recupero del Estado de derecho tiene un tramo fundamental en este proyecto de reorganización de la justicia penal federal, y que va a ayudar al desmontaje del lawfare de esa perversa práctica, esa doctrina emanada de la academia militar estadounidense con la que se enseñeoró en el continente sudamericano para obtener la debida obediencia a sus directivas y la supresión de la oposición política. Es lo que ha ocurrido en Ecuador, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, y tremenda y groseramente en Argentina”.