Noticias Destacadas

Corte Suprema de Justicia

Prescriben los reclamos de indemnización de víctimas de dictadura

El fallo de la Corte divide el interés patrimonial de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Imagen : FM CIEN Federal

La Corte Suprema de Justicia resolvió  que prescribe el derecho a reclamar al Estado indemnizaciones civiles para víctimas de la última dictadura militar.

Fue una votación dividida en donde la mayoría estuvo compuesta por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, mientras que los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti opinaron en disidencia, cada uno según su propia fundamentación.

El caso analizaba un reclamo donde se debatió si prescribe o no el derecho para reclamar reparaciones económicas al Estado de quienes acrediten haber sido víctimas de delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar 1976-83.

El planteo lo hizo Amelia Ana María Villamil, quien promovió demanda contra el Estado Nacional, en la que reclamó el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la desaparición de su hijo y de su nuera, Jorge Ayastuy y Marta Elsa Bugnone, ocurrida en 1977, cuando se los llevó “un grupo de personas uniformadas que ‘prima facie’ actuaba en ejercicio de alguna forma de autoridad”.

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda, tal como lo solicitó el Estado: consideró que al momento de iniciar la demanda, en 1998, “se encontraba largamente cumplido el plazo de prescripción bienal aplicable, según la jurisprudencia de esta Corte, a este tipo de casos”.

Pero la mujer apeló y la Cámara de Apelaciones de La Plata hizo lugar al recurso: se sostuvo que “aún si se quisiera considerar un plazo de prescripción, éste no sería factible” por el carácter “permanente” del delito mientras la víctima no aparezca.

El caso llegó ahora la Corte Suprema que, en una votación dividida, cerró la puerta al caso para las apelaciones.

Los jueces Lorenzetti, Highton y Rosenkrantz entendieron, en base a un fallo anterior, que no corresponde extender la imprescriptibilidad al caso de una indemnización.

“En un caso está en juego el interés patrimonial exclusivo de los reclamantes, mientras que en el otro está comprometido el interés de la comunidad internacional, de la que Argentina es parte, en que tales delitos no queden impunes, lo que impide cualquier asimilación de ambos tipos de casos y, por lo tanto, que se declare la imprescriptibilidad de las acciones de daños como la aquí intentada”, se señaló.

Y sostuvo: “De ninguno de los restantes tratados internacionales sobre derechos humanos que, a tenor del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, gozan de jerarquía constitucional, surge norma alguna que pudiera servir de justificación a la sentencia” que hizo lugar al reclamo.

En disidencia, el ministro Rosatti, en cambio, propuso hacer lugar al reclamo: “Es un imperativo de justicia que el Estado se haga ‘integralmente’ responsable por los delitos de lesa humanidad, cuya persecución penal ha considerado imprescriptible, y asuma todas las consecuencias derivadas de ellos en tanto no puede desconocerse que dichos crímenes despliegan efectos en otras esferas que exceden la perpetración del hecho delictivo y que imponen también la obligación estatal de atenderlos”.

Según su razonamiento, “si es imprescriptible la persecución de los delitos de lesa humanidad (consecuencia penal), como ya lo ha sostenido la Corte, debe ser imprescriptible también el derecho de las víctimas para reclamar la reparación pecuniaria (consecuencia indemnizatoria), porque ambas secuelas se desprenden del mismo hecho y son moralmente indisolubles”.

Y añadió que “el último gobierno militar practicó terrorismo de Estado, lo que equivale a considerar que no hubo una guerra entre dos bandos”. Por ello quedó establecido que hubo un plan sistemático destinado a la delación, detención clandestina, tortura y muerte de quienes el gobierno consideraba disidentes”.

Con fundamentos distintos, Maqueda llegó a la misma conclusión: “la fuente de la responsabilidad en materia de delitos de lesa humanidad se encuentra en las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que persiguen la protección de un bien jurídico que se halla en un plano superior, la dignidad humana. 

De manera que la acción indemnizatoria que puede derivarse de ellos no es una simple acción patrimonial como la que se origina en un negocio común o extracontractual, sino que tiene carácter humanitario”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *