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Políticas públicas para mujeres indígenas en Costa Rica

Los pueblos indígenas de América Latina tienen una larga historia de discriminación y marginación que se traduce en una sistemática violación de sus derechos fundamentales. La discriminación implica desventajas y violencia, que en el caso de las mujeres indígenas está atravesada, a la vez, por su pertenencia de género.

Los pueblos indígenas de Costa Rica, aunque poblacionalmente reducidos, no escapan a esta realidad. A pesar de que el Estado costarricense ha ratificado las Convenciones Internacionales de derechos humanos, y de los progresos de la década del 90 en el país respecto al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pareciera que las promesas de una democracia real que incluya a la diversidad humana no se han cumplido, lo que se manifiesta en las grandes brechas sociales y de género existentes, y la falta de políticas públicas para grupos específicos, como es el caso de las mujeres indígenas.

Legislación Internacional y Nacional

En materia de derecho internacional, Costa Rica suscribió la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dis­criminación Racial adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1963, aprobada mediante la Ley Nº 3844 de 1967. Esta normativa sostiene la igualdad de todas las etnias del mundo y prohíbe la distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en motivos étnicos, color, linaje, origen nacional o étnico. Además, establece las bases para una legislación que versa sobre dicha temática (INAMU, 2007).

Costa Rica también ratificó el Convenio Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de Otras Poblaciones Tribuales y Semitribales en los Países Independientes, Nº 107 (O.I.T) de 1957, aprobado en 1959 mediante Ley Nº 2330. Esta normativa coloca al Estado como principal responsable de la protección de dichas poblaciones.

El Convenio Nº 107 fue modificado por el Nº 169 (O.I.T.) de 1989, adoptado en 1992 por Costa Rica a través de la Ley N°7316. Esta legislación establece que son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad y reconoce las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida, desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven. Y reza, además, que las disposiciones se aplicarán a hombres y mujeres sin discriminación.

Escoto (2006) señala la importancia de este instrumento en tanto busca pasar de una visión integracionista que aspira a la incorporación de los indígenas a la sociedad que les circunda, a una visión autodeterminante, es decir considerando la participación de aquéllos en la toma de decisiones legales y de planificación que les pueda afectar.

De acuerdo a lo que la Ley N°7316 declara, en Costa Rica son reconocidos 8 grupos étnicos: Bribrí, Cabécar, Guaymí, Brunca, Térraba, Huetar, Maleku o Guatuso y Chorotega (Decreto 20.645 de 1991). Dentro del marco jurídico nacional que les rige a estos grupos se encuentra la Ley Indígena Nº 6172 emitida en 1977, quince años antes del Convenio Nº 169, la cual reconoce la identidad indígena, protege el acervo cultural, la autodeterminación y las posesiones de los pueblos indígenas y se constituye en herramienta legal dirigida principalmente a la ratificación, asignación y protección de las tierras de la población indígena.

Respecto a los derechos de las mujeres, Costa Rica ratificó en 1984 la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979. Esta normativa obliga a los Estados a eliminar la discriminación contra las mujeres sin distinción de etnia, raza, edad, orientación sexual, clase social, etc., tanto en las leyes y la administración de justicia, como en la vida pública y en la privada, en la educación, el empleo, la salud, el deporte y el ocio, la cultura y las tradiciones.

La CEDAW reconoce las situaciones de desprotección social que afectan particularmente a las mujeres en su diversidad y acuerda eliminar todas las prácticas culturales perjudiciales para ellas, lo que significa un avance a la hora de interpretar y aplicar las disposiciones a las mujeres indígenas, pues permite revisar y criticar aquellas leyes y prácticas culturales que podrían crear discriminación (Escoto, 2006). Esto es importante porque si bien es indiscutible que el derecho a la identidad cultural es un derecho humano inalienable también es indiscutible que ?ninguna práctica fundada en costumbres ancestrales o creencias religiosas que vulnere la dignidad de las personas puede considerarse un derecho?, lo que fue afirmado por los 179 países -Costa Rica entre ellos- que firmaron la Declaración y Plan de Acción de Beijing en 1995.

Conforme a la CEDAW, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica decreta en 1990 la Ley Nº 7142 de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, en la que se establece la igualdad de derechos de hombres y mujeres sin discriminación en toda esfera política, económica, social y cultural.

En el año 2000, Costa Rica formó parte de los 189 países Miembros de Naciones Unidas que acordaron a través de la Declaración del Milenio una postura global en cuanto a mejorar las condiciones de vida de la humanidad en áreas de desarrollo y erradicación de la pobreza, paz y seguridad, protección del medio ambiente, derechos humanos y democracia. A través de los Objetivos del Milenio emanados de la Declaración, se consideró fundamental para el progreso el avance en los derechos humanos de las mujeres hacia la igualdad de género, reafirmando lo establecido en Beijing 1995 (UNIFEM, 2000).

La realidad de las mujeres indígenas en Costa Rica

Los pueblos indígenas en Costa Rica conforman uno de los grupos que sufren mayor desigualdad en la comunidad nacional pues la mayoría vive en condiciones de pobreza. Estos pueblos constituyen el 1,68% de la población del país, lo que significa que la superación de las desigualdades sociales, étnicas y de género dentro de estas poblaciones, podrían ser superadas a través de políticas públicas y acciones afirmativas (INAMU, 2006) que apunten a erradicar desigualdades respetando las identidades culturales diversas.

A la luz de la normativa descrita, es indudable que se ha avanzado en el reconocimiento de derechos. No obstante, la relación entre los pueblos indígenas y el Estado sigue dejando un saldo negativo para los primeros en aspectos tales como la pérdida de la tierra, la ausencia de políticas que permitan el desarrollo de acuerdo a su cosmovisión (con la consecuente pérdida de la cultura), la falta de acceso a los servicios básicos (INAMU, 2007).

Frente a esta realidad, las mujeres indígenas se han visto especialmente desfavorecidas, pero han sido invisibilizadas como grupo con necesidades específicas en los planes de desarrollo y las políticas públicas. Un ejemplo de ello es el Plan Nacional de Desarrollo de los Pue­blos Indígenas de Costa Rica (PNDPI) ?Por el respeto y la participación de los pueblos indígenas? que se elaboró con base en el Convenio nº 196 de la O.I.T y demás normativa jurídica que rige a los pueblos indígenas, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano soluciones Siglo XXI 1998-2002. Los datos que presenta no están desagregados por sexo, no se precisa la situación diferencial y desigual de las mujeres indígenas frente a las mujeres no indígenas y a los hombres de sus comunidades, y en sus acciones no existe una incidencia en la erradicación de estas brechas de género como un objetivo político.

Las brechas de género se reflejan en diversas esferas de la vida de las mujeres indígenas de Costa Rica. Al respecto, el informe Sombra elaborado por la Agenda Política de Mujeres en el 2003, señaló por ejemplo que la escolaridad dentro de los territorios indígenas es más baja que en el resto de la población costarricense (3,6 años frente a 7,6 años) y que los niveles de instrucción formal de las mujeres son aún más bajos que el de los hombres. Las brechas entre mujeres y hombres indígenas mayores de 40 años respecto al analfabetismo se ahondan negativamente para aquéllas.

También destacó que las mujeres indígenas en situación de violencia doméstica se encuentran desprotegidas puesto que el acceso a la justicia y a la protección policial está condicionado por las largas distancias, el idioma, las condiciones económicas, geográficas que las limitan para comparecer ante las autoridades. Tampoco pueden acceder a créditos, pues no son propietarias de las tierras (Agenda Política de Mujeres, 2003).

En el año 2001 y 2007, la Comisión de Mujeres Indígenas Warë Kané (mujeres trabajando juntas) de la Mesa Nacional Indígena (organización indígena), llevó a cabo un estudio denominado ?Las mujeres indígenas de Costa Rica: un acercamiento a su realidad y propuestas de acción?(1). En la primera fase (2001) se hicieron talleres regionales para elaborar participativamente una Plataforma de Acción. En la segunda (2007), se actualizó el documento a través de un taller nacional con mujeres indígenas, representantes de la Defensoría de los Habitantes y del Instituto Nacional de las Mujeres(2) (INAMU, 2007).

Durante la experiencia, las mismas mujeres indígenas realizaron un diagnóstico de su situación subrayando problemas -y las áreas de intervención para la solución de los mismos- tales como alta fecundidad (adolescentes madres), bajo porcentaje de mujeres indígenas con nivel de instrucción universitario, subordinación de las mujeres y problemas de salud reproductiva debido al emparejamiento temprano, responsabilidad única de las mujeres indígenas en los oficios domésticos y crianza de sus hijas/os, inestabilidad conyugal a causa del abandono, altos índices de violencia doméstica, altas tasas de natalidad y desnutrición, limitaciones para decidir sobre su salud y la cantidad de hijos que desean tener, escasez de recursos económicos y empleos, desconocimiento de derechos, falta de organización de las mujeres.

De cara a esta realidad, en necesario preguntarse ¿existen acciones estatales con perspectiva de género que respondan a las demandas de solución de los problemas que las mismas mujeres indígenas han denunciado?

Igualdad y equidad de género para las mujeres indígenas

En Costa Rica, dentro de los hitos que marcan el proceso de fortalecer institucionalidad y política pública para promover la igualdad y equidad de género, está la creación del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en 1998, mediante la Ley Nº 7801, la cual elevó el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia a rango de institución autónoma. El INAMU es precisamente el ente rector de las políticas públicas en materia de Derechos Humanos de las mujeres y tiene como mandato la formulación de la Política Nacional para la Igualdad, cuyo fin es orientar las acciones del Estado sobre los derechos de las mujeres en su diversidad.

La adopción de la Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PIEG) en el 2007 es el hito que culmina con una serie de avances en materia de derechos humanos de las mujeres que comenzaron a gestarse en Costa Rica hace 15 años (INAMU, PIEG, 2007). La PIEG se fundamenta en la CEDAW, las recomendaciones del Comité de la CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing, entre otras, y asume la responsabilidad de trabajar para disminuir las brechas de género en temas como el empleo, la educación, la salud y el cuido. Para precisar cada asunto contenido en la política se recurrió, entre otros insumos, al Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 que contempla dentro de las acciones estratégicas el Plan de mejoramiento del acceso a los programas y servicios institucionales de la población indígena.

En este contexto, el INAMU ha desarrollado actividades dirigidas a fortalecer las organizaciones de mujeres en sus diversidades, promoviendo encuentros, capacitaciones, procesos de construcción de agendas (INAMU, 2007). El Proceso de Regionalización, iniciado en el año 1998 con las Oficinas Municipales de la Mujer ha sido una forma de reconocer la diversidad de las mujeres en todo el país para nutrir la política de Igualdad y equidad de género (en www.inamu.go.cr). Para ello, se han considerado clave las Oficinas Regionales: Pacífico Central y Chorotega, en el 1998 y 1999, y Huetar Atlántica y Brunca, en el 2003.

Dentro de uno de los ejes del proceso mencionado, el de ?Fortalecimiento de la organización y el liderazgo de las mujeres? (participación política), se llevaron a cabo acciones para involucrar a las mujeres como protagonistas en la resolución de los problemas de desarrollo de cada localidad. En la Región Chorotega y Pacífico Central ya se había desarrollado el proceso de ?Diálogo Social y Negociación para la Igualdad y Equidad de Género? en el 2003, que tuvo como fin posibilitar el encuentro, el diálogo y la negociación entre las mujeres desde su diversidad, las/os representantes de instituciones públicas, las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales. De esta manera, se identificaron mujeres líderes en cada región para construir una Agenda de Mujeres y hacer propuestas de negociación de acuerdo a las esferas de atención planteadas en la Plataforma de Acción de Beijing en 1995 (en www.inamu.go.cr). En la Región Brunca, el proceso de fortalecimiento del liderazgo y la formulación una agenda se realizó en el 2005-2006 con el objetivo de articular acciones para la solución de problemas que enfrentan las mujeres, como el cuido de sus hijas/os, los deficientes servicios, etc.

En virtud de que las mujeres indígenas no habían sido ampliamente incluidas en esta estrategia, el INAMU proyectó a solicitud de la Red de Mujeres del Caribe y la Asociación Comisión de Mujeres indígenas de Talamanca (ACOMUITA), desarrollar un Foro de Mujeres Indígenas -y afrodescendientes- que tuvo como objetivo visibilizar las necesidades y demandas de estos grupos e incorporar los aportes dentro del quehacer institucional. El compromiso se concretó en el 2007 con el I Foro Iriria (mujer y tierra): ?Hacia la construcción de una agenda de mujeres indígenas cabécares y bribris de la Provincia de Limón? realizado en Shiroles de Talamanca. Este tenía como objetivo identificar necesidades, propuestas, líneas de trabajo y mecanismos de coordinación para la construcción de una Agenda de Mujeres Indígenas de la Región Huetar Atlántica. Los temas que se pusieron en cuestión en la plenaria fueron el de tenencia de las tierras, producción tradicional y comercialización, cultura, educación, salud, situación legal y social y medio ambiente.

El fortalecimiento de la organización y liderazgo de las mujeres en la Región Huetar Atlántica se centró desde el 2008 en mujeres pertenecientes a diversas organizaciones. De este modo, se trabajó con mujeres indígenas cabécares y lideresas de los cantones de Limón, Siquirres y Guácimo, y de la comunidad de Sixaola, las que recibieron capacitación en diferentes temas tales como participación política, fortalecimiento organizativo, etc.

Sin embargo, estos procesos de fortalecimiento organizativo han resultado poco exitosos debido a la poca coordinación entre áreas del INAMU (Ciudadanía Activa, Desarrollo Regional, Políticas Públicas) y a la elaboración de agendas demasiado ambiciosas. Por esta razón, se ha planteado dentro de la institución la necesidad de redefinir acciones que involucren a las mujeres como protagonistas directas de los procesos que las afectan como mujeres indígenas(3).

Dentro del eje ?Promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres? del proceso de regionalización del INAMU, el Área de Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local del INAMU ejecutó en el año 2009 el proyecto ?Mujeres indígenas replicando sus conocimientos: educación en el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas?. Este proyecto forma parte de las acciones específicas del PND 2006-2010 (que asume la obligación de acelerar el avance de Costa Rica hacia el cumplimiento de las metas nacionales de los Objetivos del Milenio) y del Plan de Gobierno de Lucha contra la pobreza de las mujeres: ?Estrategia para la atención de las mujeres en condiciones de pobreza?, la que se inserta dentro de la PIEG.

El objetivo general del proyecto fue ?Promover el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas de todos los pueblos indígenas de Costa Rica, con perspectiva de género, desde sus culturas, mediante procesos de capacitación y de fortalecimiento del liderazgo y capacidad de incidencia, como una estrategia para su empoderamiento y fortalecimiento de su identidad y ejercicio de una ciudadanía intercultural? (Boletín Mujeres Indígenas, 2009).

Durante la primera fase se realizaron 5 talleres para capacitar a facilitadoras indígenas de San José, Talamanca, Buenos Aires, La Casona y San Marcos de Tarrazú, de los pueblos cabécar, bribri, maleku, huetar, térraba, brunca, gnöbe, y migrantes gnöbes, en temas como derecho a la educación, a la cultura, a la tierra, a la salud, y cómo capacitar a otras mujeres indígenas.

El material educativo que se utilizó fueron afiches y guías metodológicas, discos compactos, y cassettes grabados en español, gnöbe, bribri y cabécar. Y se realizaron capacitaciones conjuntas con instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Trabajo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). INAMU dio seguimiento a 26 mujeres indígenas de las cuales 22 replicaron la capacitación, a través de un promedio de 4 capacitaciones cada una para un total de 87 sesiones.

En el período de evaluación se concluyó que el proyecto tiene una amplia capacidad de réplica; que se ha fortalecido la participación, el liderazgo, la organización y la identidad cultural; que ha habido una nivelación en temas como geografía elemental y cívica general; que han aprendido sobre sus derechos humanos y su protección a nivel nacional e internacional; que hay un reconocimiento de las injusticias de género y la necesidad de cambios culturales; que ha habido un fortalecimiento de sobre los derechos de las mujeres gnöbes migrantes; que hay motivación para recuperar la propia medicina tradicional; que hay una legitimación de las facilitadoras como lideresas y como personas que pueden capacitar y apoyar al desarrollo de sus comunidades (Boletín Mujeres Indígenas, 2009).

De manera similar, el Área de Desarrollo Regional del INAMU ha impulsado en el 2008-2009 el programa ?Promotoras de derechos? en la Región Brunca, el cual que contiene acciones para la divulgación de proyectos de ley favorables para las mujeres y la capacitación a lideresas de la región con el objetivo de que ellas puedan replicar los conocimientos. Se trabajaron temas como la participación política, la violencia de género, los derechos patrimoniales, las dificultades de las mujeres migrantes. Durante el 2010 se prevé el seguimiento de este proyecto(4).

Para promover los derechos económicos de las mujeres, el Área de Políticas Públicas ha desarrollado desde el año 2008 el ?Proyecto Impulsa? en las Regiones Huetar Atlántica, Brunca y Chorotega, con integrantes del grupo Ränrój de Boruca, el grupo Ngöbe y la Asociación de Mujeres Agrícolas de San Dimas de La Cruz. Este proyecto tenía como objetivo fortalecer sus conocimientos y capacidades en los negocios apoyando su proceso de producción. Para ello, se preparó a 60 mujeres de cada una de estas regiones para que fortalecieran la producción artesanal y la hicieran comercializable, pero conservando su identidad cultural. Por ejemplo, las mujeres del grupo Ngöbe, ahora cuentan con el posicionamiento de sus productos artesanales en el mercado nacional (en www.inamu.go.cr). Sin embargo, se prevé para julio de 2010 una consultoría para cumplir con el reto de que todas puedan vender sus productos a mayor escala haciendo contactos comerciales a través, por ejemplo, de una página web(5).

Una de las acciones contempladas en la PIEG respecto al trabajo remunerado, es el Diseño y ejecución de un modelo de intervención para el fomento de capacidades productivas y empresariales de mujeres en condiciones de pobreza y mujeres indígenas a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) e INAMU (PIEG, INAMU, 2009). En este sentido, el INAMU ha desarrollado en el 2009, en base a los lineamientos de Plan Nacional de Desarrollo y la Ley Nº 7769 de Atención a Mujeres en condiciones de pobreza, el Programa Avanzamos Mujeres, el que tiene como objetivo brindar formación humana a mujeres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, con un enfoque de empoderamiento y ejercicio de la ciudadanía.

Consideraciones finales

Evidentemente, ha sido necesario un proceso de descentralización para que las diferentes instituciones se acerquen a las necesidades de las mujeres indígenas en su diversidad y, de este modo, generar insumos que permitan formular políticas para la igualdad y equidad de género. Éstas, deben basarse en la idea de integralidad y de articulación institucional para que puedan responder también integralmente a las necesidades de las mujeres. Como en las estrategias mencionadas, debe haber una coordinación entre mujeres, organizaciones comunitarias, organizaciones sociales y representantes de las instituciones del Estado.

El protagonismo de las mujeres es fundamental en los procesos de participación y toma de decisión, a través de la elaboración de agendas para la negociación de compromisos de las instituciones y el seguimiento de los mismos. Experiencias como las señaladas se convierten en las plataformas para que las acciones en pro de las metas de la Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG) puedan ser sostenibles en todas las regiones y comunidades del país de acuerdo a la diversidad que hay en cada una.

Una política pública con perspectiva de género para las mujeres indígenas que apunte a corregir las desigualdades debe considerar la realización de un diagnóstico correcto del problema que permita generar un impacto en esa condición desigual. Esto quiere decir que a la par de los emprendimientos se deben garantizar cuestiones que pongan en pie de igualdad las diferencias a través de acciones afirmativas.

En Costa Rica no existen políticas específicas dirigidas a las mujeres de poblaciones indígenas, puesto que no se ha definido la condición desigual de este grupo como problema social reconocido por la ciudadanía y atendido por el Estado, a pesar de las demandas que vienen haciendo las mujeres indígenas a través de sus organizaciones.

Desde el año 2008, con la creación de la Comisión Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas (CENAMUI) de Costa Rica, facilitada por el INAMU, las mujeres lideresas representantes de los 8 pueblos indígenas y una indígena gnöbe migrante (aproximadamente 24 mujeres), se reúnen con representantes de otras instituciones para definir estrategias de solución a los problemas y demandas de las mujeres indígenas respecto a la capacidad insuficiente que ha mostrado el Estado para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y promover el acceso de las mujeres a los puestos de liderazgo, y el irrespeto que ha habido dentro de los proyectos del gobierno al Convenio 196 de la O.I.T. (Boletín Mujeres Indígenas, 2008).

Dentro del marco de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) se han considerado dentro de sus ejes acciones estratégicas que incluyen a las mujeres indígenas, no obstante, la política carece de especificaciones en cuanto a la diversa realidad de los pueblos indígenas y el papel de las mujeres indígenas en la toma de decisiones. En estos niveles, las mujeres y sus perspectivas siguen estando ausentes de todos los aspectos de la formulación de política. Por ello, la participación de las mujeres de comunidades indígenas en los programas y proyectos del INAMU es el primer paso para incidir en la formulación de políticas que aborden los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas.

Bibliografía

-Boletín Mujeres Indígenas. Área Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local. Diciembre 2009, Volumen 2, Nº 1. Instituto Nacional de las Mujeres.

-Boletín Mujeres Indígenas. Área Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local. Octubre 2008, Volumen 1, Nº 2. Instituto Nacional de las Mujeres.

-CEDAW. (1984). Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ley N° 6968. San José, Costa Rica.

-Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 2106 de 1963. Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Dis­criminación Racial. Texto completo en: www.ohchr.org/spanish/law/cerd.hatm.

-Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.). Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. 76ª Conferencia Internacional del Trabajo, 1989. Texto completo en www.oit.or.cr/mdtsanjo/indig.

-Instituto Nacional de las Mujeres. I Foro Iriria: hacia la construcción de una agenda de las mujeres bribris y cabécares de la provincia de Limón, 2007. En www.inamu.go.cr.

-Instituto Nacional de las Mujeres. Las mujeres indígenas: estadísticas de la exclusión. 1 ed. San José, 2006.

-Instituto Nacional de las Mujeres. Mesa Regional Indígena. Comisión de Mujeres Warë Kané. Las Mujeres Indígenas en Costa Rica: Un acercamiento a su realidad y Propuesta de Acción. 1 ed., 2007.

-Ley Nº 5251 de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI). En www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.

-Ley Nº 7142 de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1990.

-Ley Indígena Nº 6172. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1977.

-Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Costa Rica ?Por el respeto y la participación de los pueblos indígenas?, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2002.

-Plan Nacional de Desarrollo ?Jorge Manuel Dengo Obregón? 2006/2010. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, San José, C.R: MIDEPLAN, 2007.

-Política Nacional para la Igualdad y equidad de Género 2007-2017. Instituto Nacional de las Mujeres, San José, 2009.

-Ponencia de Msc. Carmenmaría Escoto, Magistrada Sala Primera, Poder Judicial. Costa Rica. 7mo. Encuentro de Magistradas de Iberoamérica, Cancún Nov. 24, 2006.

-UNIFEM. Camino a la Igualdad de Género: CEDAW, Beijing y los ODM, 2000.
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(1) Este estudio se realizó con la cooperación financiera del Programa de Apoyo al Liderazgo y la Representación de la Mujer (PROLID) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

(2) En el marco de un programa del Consejo Indígena de Centroamérica (CICA), con la cooperación de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

(3) Entrevista realizada a Miguel Rojas del Área de Desarrollo Regional del INAMU, el 28/06/2010.

(4) Entrevista realizada a Miguel Rojas del Área de Desarrollo Regional del INAMU, el 28/06/2010.

(5) Ibíd.

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