Noticias Destacadas

Santa Fé

Piden entre 6 y 8 años de prisión para acusados de secuestro y explotación sexual

La banda había sido absuelta en septiembre de 2013, pero el fallo fue anulado. Entre los imputados, figura un policía. El secuestro ocurrió en 2010, cuando la víctima tenía 14 años.trata juicio

Este mediodía, el titular de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, realizó los alegatos en el marco del nuevo juicio que se le sigue a cinco personas acusadas de integrar una banda que habría sido responsable del secuestro y explotación sexual de una joven de 14 años en septiembre de 2010. E representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 10 años de prisión para Miriam Graciela Villalba por el delito de trata de personas; ocho años para el policía José Luis Maza, por haber abusado y golpeado a la víctima en varias ocasiones, y seis, para Darío Ricardo Cañete, por abuso sexual.
Además, el Suárez Faisal solicitó que, a pesar de considerar acreditada la participación, se exima de pena a otros dos imputados, identificados como Ludmila Giuliana Micaela Rulera y Víctor Gabriel Villalba Jara, por ser menores de edad al momento de los hechos.
Se trata de un nuevo juicio oral que comenzó el pasado 22 de febrero contra la misma banda que había sido absuelta el 16 de septiembre de 2013 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia. En esa oportunidad, los jueces argumentaron, entre otras cosas, que habían encontrado contradicciones en las diferentes declaraciones de la víctima durante el debate oral.
Sin embargo, esta resolución fue apelada por los fiscales Suárez Faisal y Marcelo Colombo en octubre de 2013. Finalmente, en febrero de 2015, la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al pedido de los representantes del MPF de anular la absolución de los seis imputados y ordenó que se realice un nuevo juicio ante un nuevo tribunal, en esta oportunidad conformado por Luciano Lauría, Omar Digerónimo y Jorge Venegas Echagüe.
EL CASO
La investigación había comenzado en septiembre de 2010, cuando la madre de la víctima, quien en ese entonces tenía 14 años, realizó una denuncia en una comisaría de la provincia de Santa Fe, por la desaparición de su hija. Se estableció que la chica habría sido captada por otra mujer también menor de edad que, pretendiendo una amistad y engañándola a la salida de un local bailable, la condujo hasta un supuesto remis donde le dio de tomar una bebida que le hizo perder el conocimiento.
Di Stéfano, quien conducía el automóvil, las llevó hasta un rancho ubicado en la localidad de San José del Rincón, dentro de un terreno que pertenecía Miriam Graciela Villalba, madre de Rulera, y Víctor Gabriel Villalba Jara. Según la investigación, en el lugar explotaban sexualmente a otras chicas que también se encontraban cautivas. Finalmente, la joven fue encadenada, encapuchada, drogada y privada de su libertad.
El hijo de la dueña se encargaba, mediante golpes, de asegurarse el trato de la víctima con los hombres prostituyentes, al mismo tiempo que impedía el contacto con las otras chicas secuestradas.
Además, la organización estaba integrada por el novio de la captora y un funcionario policial. Ambos colaboraban manteniendo las condiciones de privación de la libertad y sometiendo a la víctima a abusos sexuales en reiteradas oportunidades.
Durante el primer debate oral, el Tribunal Oral Federal compuesto por José María Escobar Cello y María Ivón Guadalupe Vella había solicitado que se practique un “estudio de personalidad” atendiendo un pedido solicitado por el defensor de uno de los imputados. Como consecuencia, el fiscal Suárez Faisal presentó un recurso de Casación para impedir que se concretara la práctica. Sin embargo, los jueces entendieron que el pedido del representante del MPF no era admisible. Ante esa negativa, Suárez Faisal conjuntamente con el fiscal Colombo de la Protex recurrieron la Cámara Federal de Casación Penal que finalmente hizo lugar al recurso de los fiscales contra la práctica ordenada por los jueces del TOF, acorde con la recomendación de la Corte Suprema que indica evitar la revictimización de los menores de edad, y el sometimiento a prácticas innecesarias que la obliguen a revivir un hecho de una profunda dimensión traumática.

Imagen : El Litoral