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Persisten barreras a los derechos sexuales en Argentina

El Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales – CoNDeRS presentó hoy su octavo informe anual de monitoreo sobre el acceso a los derechos sexuales en la Argentina. A pesar de registrar una mejora, con respecto a años anteriores, en el funcionamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR), el seguimiento realizado por la sociedad civil detectó que aun existen graves barreras para que la población acceda a sus derechos sexuales. La situación es muy dispar en todo el país, por lo que la calidad de la atención y los servicios dependen del lugar donde se atiendan los y las usuarias y de la voluntad personal del profesional a cargo.

El monitoreo destaca como preocupación que existen servicios públicos de salud que en algunas jurisdicciones niegan atención a los adolescentes que asisten sin una persona adulta que los acompañe, pese a que la ley no contempla este requisito, y que en otros servicios además no les proveen métodos anticonceptivos. ?La atención a adolescentes debe ser prioritaria, considerando los altos índices de embarazos y maternidad en esta población y la falta aún de implementación de la educación sexual integral?, señala el consorcio compuesto por organizaciones de mujeres, de derechos humanos y de jóvenes que hace ocho años fiscalizan sistemáticamente en todo el país la aplicación de la Ley Nacional 25.673, que creó el PNSSyPR.

El informe fue elaborado desde la perspectiva de los y las usuarias de los servicios, con base en el monitoreo realizado entre setiembre de 2009 y agosto de 2010 por 18 grupos locales de CoNDeRS en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, San Luis, Mendoza, San Juan, La Pampa, Santa Cruz y en los municipios bonaerenses de Tres de Febrero, San Fernando, Ituzaingó y San Miguel. Cada grupo entrevistó a personal de los servicios de salud y funcionarios de gobiernos -provinciales y municipales- y, a partir de los problemas detectados, realizaron distintas acciones de exigibilidad -administrativas, judiciales, políticas y comunicacionales-. Por ejemplo, pedidos de información pública, entrevistas con funcionarios y legisladores, sensibilización y capacitación de personal de salud, presencia en medios de comunicación, entre otros.

En la presentación del informe participaron las integrantes del Comité Coordinador del CoNDeRS Mabel Bianco por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer – FEIM; Diana Cabral por la Red Nacional de Adolescentes y Jóvenes para la Salud Sexual y Reproductiva ? RedNac; Susana Checa por el Foro por los Derechos Reproductivos; y Cristina Zurutuza por CLADEM Argentina. Además, estuvieron presentes Eleonor Faur, representante de UNFPA, y Paula Ferro, coordinadora del PNSSyPR del Ministerio de Salud. También participaron representantes de los grupos CoNDeRS locales, quienes relataron las dificultades puntuales de sus jurisdicciones.

El monitoreo social, realizado con la cooperación de UNFPA Argentina, detectó una vez más la persistencia de restricciones arbitrarias para el acceso a algunos métodos anticonceptivos ?fundamentalmente, a la anticoncepción hormonal de emergencia, las ligaduras tubarias y el DIU- y también a los abortos no punibles. El CoNDeRS resaltó también la ausencia de mecanismos para que los y las usuarias puedan denunciar vulneraciones a sus derechos sexuales y reproductivos, con algunas excepciones (en Ituzaingó, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero).

?El monitoreo social ?indicaron las referentes nacionales del CoNDeRS- es una actividad ciudadana destinada a vigilar al Estado en sus distintos niveles: nacional, provincial y municipal. Las políticas públicas en general; las leyes, programas, servicios y presupuestos, deben ser objeto de una vigilancia ciudadana que detecte en qué medida son adecuadas para satisfacer las necesidades de la población?.

?Este monitoreo sirve para que los funcionarios del programa de salud sexual sepan qué piensan las usuarias y los usuarios?, dijo Bianco durante la presentación y señaló que uno de los problemas más graves es la falta de presupuesto propio para algunos programas provinciales de salud sexual. ?Sin presupuesto pueden haber buenas ideas, pero pocas acciones?. Bianco reclamó un plan de capacitación para el personal de salud y también ?que se le dé fuerza a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles del Ministerio de Salud de la Nación mediante una Resolución Ministerial y aval del COFESA?.

Checa y Zurutuza comentaron que actualmente trabaja el CoNDeRS no solo en el diagnóstico de la situación sino que se avanzó hacia la exigibilidad de derechos vulnerados a través de acciones de incidencia.

Ferro aseguró que la mirada del monitoreo es fundamental para saber dónde intervenir y qué cuestiones debemos fortalecer. Agradeció al CoNDeRS por ?recuperar las voces de las usuarias, las historias y los nombres propios que aparecen en el monitoreo y que nos recuerda lo que falta?. La funcionaria destacó la línea 0800 SALUD SEXUAL, donde se da información y se reciben reclamos.

Finalmente, Faur enfatizó que hoy ha cambiado el escenario con respecto a los inicios del monitoreo en 2003, ya que actualmente ?no se discute si hay que dar o no anticonceptivos, sino que los campos de batalla son otros?, entre los que mencionó el acceso a la anticoncepción hormonal de emergencia, la anticoncepción quirúrgica y al aborto no punible. ?Las barreras que encuentra el monitoreo de CoNDeRS hoy no son institucionales, sino informales y basadas en prejuicios y valores, y que se ven más fuerte en algunas provincias más que en otras?, analizó y en este sentido destacó que se vislumbra una nueva relación entre la sociedad civil y el Estado: de una sociedad civil que cubría los baches del estado, a una sociedad civil demandante de garantía de derechos.