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Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

Pedido de informe a Macri y Vidal tras golpizas a mujeres en una cárcel de Ezeiza

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se expresó ante las golpizas de efectivos del Servicio Penitenciario Federal a mujeres privadas de su libertad el 13 y 14 de marzo pasado. Fue a partir de la difusión de denuncias de familiares en las redes sociales.

Imagen : IPS Agencia de Noticias

La madrugada del lunes 13 de marzo agentes del Servicio Penitenciario Federal golpearon, mojaron con “manguerazos” y encerraron en “buzones” a mujeres privadas de su libertad que primero se compartieron comida de una celda a otra y que luego reclamaron por este derecho en el pabellón 22 de una de las cárceles federales de Ezeiza, sur del conurbano bonaerense. Al día siguiente la escena de castigo físico y psicológico se repitió pero en el pabellón 13 y en represalia a la difusión de los malos tratos en las redes sociales.

Tras los hechos, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, mediante la declaración 625/17-18, elevó la solicitud a la Gobernadora, María Eugenia Vidal, para que interceda ante el Ejecutivo Nacional, a cargo del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, para que a través del Servicio Penitenciario Federal (SPF), informe sobre “posibles hechos de represión contra internas de los pabellones 13 y 22 del Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza”, vulneraciones de derechos que fueron denunciadas por familiares.

La iniciativa exige que, por escrito y a la brevedad, se indique los motivos por los cuales el SPF tomó dichas medidas e informe en el marco de qué protocolo se actuó; si recibió otras denuncias de “excesos por parte del personal del Servicio Penitenciario”; y en caso de que los ejecutivos nacional y provincial hayan tomado conocimiento, informen sobre las medidas de sanción adoptadas sobre el personal mencionado. Además exige que se informe si la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) tomó intervención y se “remita todo lo actuado hasta el momento”.

Para Karina Nazabal, diputada provincial (FpV) y una de las impulsoras junto a otros 11 legisladores del pedido de informe, “es importante marcar una posición frente a este hecho que viola diferentes tratados firmados por nuestro país sobre el tratamiento para con las personas privadas de la libertad” y agregó, “es obligación del Estado garantizar los Derechos Humanos, independientemente de que sea en el nivel nacional, provincial o municipal”.

Por su parte, Alfredo Cuellar, integrante del Frente Sin Reversa, afirmó que se logró visibilizar una conducta sistemática del SPF y exigió, “esto tiene que ser sancionado”. Denunció que hay una “represión paulatina” en la unidad: “después de que se difundió y llegaron las organizaciones sociales a ´las pibas´ las sacaron de ´los tubos´, pero luego las volvieron a meter”. Y agregó, “hay mujeres a las que, luego de la denuncia, no se les permiten las visitas; el fin es “terminar con el conocimiento de sus derechos”.

Aquel 13 de marzo Alfredo fue quien comenzó a correr la voz en redes sociales. Es referente de la lucha por los derechos de las personas privadas de su libertad, y padre de Florencia, “la China”, asesinada el 23 de diciembre de 2012 en la misma unidad penitenciaria. Ella habitaba precisamente el pabellón 22 y fue la última de una serie de 9 mujeres muertas trágicamente entre 2009 y 2012 bajo la custodia del SPF.

Manguerazos o palazos, requisas colectivas, presencia de personal masculino, traslados por distintas unidades carcelarias en forma arbitraria sin control judicial, privación de ver a familiares, hijas/os y/o amigas/os, de realizar llamadas telefónicas, etc. forman parte de la batería de invasiones disciplinarias sobre el cuerpo y territorio de las mujeres y las personas LGBTT privadas de su libertad, violencias que en algunos casos se lleva sus vidas.

Los asesinatos, las torturas y los malos tratos intramuros son una práctica sistemática y constituyen violaciones a los Derechos Humanos. La represión sobre los cuerpos de las mujeres privadas de su libertad en una de las cárceles federales de Ezeiza sucedió a días de la cacería y detención de 20 personas en inmediaciones de la Plaza de Mayo por parte de la Policía Metropolitana tras la movilización del 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres.