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Paraguay: El drama de los indígenas rociados con pesticidas

Lo ocurrido con la población indígena de Avá Guaraní solo puede ser considerado un crimen.

Asunción, noviembre.- Aquella mañana del 6 de noviembre, Jorgelina Portillo, una mujer indígena de la parcialidad Avá Guaraní de Itakyry, corrió a su choza de troncos y techo de paja a resguardar a sus seis hijos. Les advirtió que sus vidas corrían peligro, que se mantuvieran dentro y no salieran bajo ninguna circunstancia.

A sus 31 años, junto con su esposo Ignacio Gauto (40 años), cacique de la comunidad en Itakyry, en el departamento de Alto Paraná, a 407 kilómetros al este de Asunción, salió a defender sus tierras que, según sostienen, les corresponden “por derecho ancestral”.

Frente a ellos, rugía un contingente de camionetas, topadoras y camiones de gran porte, como si trataran de provocar una guerra. Los vehículos estaban al mando de productores sojeros ?en su mayoría brasileños? cuyo objetivo era desalojarlos de sus terrenos, queriendo hacer valer una orden judicial para que Jorgelina, Ignacio y otras 500 familias indígenas abandonaran el lugar.

Armados con arcos y flechas, los indígenas formaron un cordón haciendo resistencia frente a sus chozas. Finalmente, el contingente de camiones emprendió la retirada. Horas después, un avión realizó tres vuelos rasantes sobre la zona y “ha orembojahú venenope”, expresión guaraní que significa “nos bañaron con pesticidas”, denunció a SEMlac el cacique Gauto.

La zona del departamento del Alto Paraná, junto con Caaguazú, es la de mayor producción de soja en Paraguay. Según las proyecciones a nivel local, se prevé la obtención de siete millones 155.000 toneladas de soja, lo cual se traduciría en dos millones 100.000 dólares estadounidenses. Los productores sojeros utilizan, generalmente, el glifosato como herbicida para proteger sus cultivos de gusanos y otros insectos.

“No es la primera vez que nos bañan; en septiembre del año pasado, también hicieron lo mismo y toda la comunidad cayó enferma. Tuvimos muchos síntomas muy malos, especialmente nuestros niños”, comentó Jorgelina, quien actualmente sufre de escozor en todo el cuerpo a consecuencia, según afirma, de los líquidos que lanzaron desde el avión.

Como ella, más de 200 indígenas presentaron reacciones como diarreas, nauseas, vómitos y picazón en todo el cuerpo. Este hecho fue constatado por la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, Esperanza Martínez.

La titular se presentó en el lugar al día siguiente de la denuncia y fue acompañada de una comitiva conformada por el ministro de Medio Ambiente, Oscar Rivas, la presidenta del Instituto del Indígena de Paraguay (INDI), Lida Acuña, la ministra de la Niñez y Adolescencia, Liz Torres, y el de Acción Social, Pablino Cáceres.

La denuncia

El pasado viernes 13, el INDI elevó una denuncia formal ante la fiscalía de Itakyry (en guaraní, lugar donde abundan pequeñas piedras) contra personas innominadas “por la comisión de los hechos punibles de lesión grave y coacción grave, del cual resultaron víctimas miembros de las Comunidades Indígenas de la Etnia Avá Guaraní: Ka´a Poty; Ka´aguy Rory; Ka´aty Mirí -Formosa; Loma Tajy, y una Comunidad de la Etnia Mbya Guarani”.

Responsables del departamento de prensa del INDI manifestaron a SEMlac que esta denuncia tiene por objeto insistir ante el Misterio Público en la necesidad de esclarecer lo acontecido, cuando dos centenares de personas refirieron malestares tras el sobrevuelo y rociado de sustancias tóxicas sobre los asentamientos indígenas, de parte de los colonos sojeros que disputan judicialmente la titularidad de la tierra.

En palabras de Nidia Silvero, abogada del grupo de colonos acusados del envenenamiento masivo, todo esto se trata del montaje de un circo. “Es categórico que no existió tal rociamiento. Lo sojeros solo hicieron una manifestación pacífica con sus vehículos en la zona por derecho a la tierra que les pertenece. Uno de ellos ofreció su aeronave para monitorear dicha manifestación desde el aire, pero nunca hubo rociado con ningún tipo de veneno”, argumentó a SEMlac.

Por su parte, la indígena Jorgelina Portillo dice sentirse desilusionada porque su denuncia ha sido desmentida por los sojeros y sus representantes. “Ha’ekuera ojapo peteí: crimen gravísimo. Ohasá oré aká ari, ore roga áre, ore mitá ári, mbohapy vece” (“Aquí hubo un crimen muy grave, ellos pasaron sobre nuestras mismísimas cabezas, sobre nuestras casas, sobre nuestros niños. Pasaron cada media hora tres veces, nos atropellaron”), respondió Jorgelina, en su idioma, a SEMlac.

Para la ministra Martínez, “los aviones volaron muy bajo y prácticamente fumigaron a los nativos”, según expresó al diario ABC Color. “Confirmado que hubo fumigación”, agregó al rotativo. En tanto, el titular del Partido Tejoja (PTT), senador Sixto Pereira, manifestó en rueda de prensa que lo acontecido es un “atropello y atentado” de los sojeros y que el rociamiento fue realizado de forma intencional.

Insistiendo, la abogada de los sojeros alega que “estos indígenas afectados no son originarios de la zona, están siendo usados y traídos de diversos puntos del país, porque la intención final del Gobierno es quedarse con esas tierras. Ellos nunca vivieron ahí, sólo desde hace dos años que invadieron esa propiedad”, señaló.

“Es más que claro que esto es un show montado, que vinieron preparando desde el día que se debía efectuar el desalojo de estos indígenas”, concluyó a SEMlac la abogada Silvero.

Desde el punto de vista médico, el doctor Miguel Velázquez dice que, a primera vista, es difícil determinar por qué tal cantidad de gente cayó enferma luego de la denuncia del rociado.

En su experiencia, la gravedad de las intoxicaciones “depende del tiempo de exposición, de la cantidad del tóxico y sobre todo de la edad, condición nutricional y de salud previa”, declaró a SEMlac el especialista en neurocirugía y docente de toxicología de la Universidad Católica, en la carrera de Ingeniería Ambiental.

Asimismo, afirmó que “hay que determinar si las zonas están contaminadas (pozos, cultivos y cauces de agua), para poder sacarlos de ahí, ya que hay efectos a largo plazo, como generación de malformaciones, tumores, problemas renales y cutáneos”, enfatizó.

¿Por qué sucede esto?

En el análisis de la doctora Esther Prieto, especialista en Derechos Humanos y asesora del INDI, este tipo de hechos sucede, en primer lugar, porque se ignoran los derechos de las poblaciones autóctonas. “Los pueblos indígenas tienen muchos derechos reconocidos tanto en el ámbito de los derechos humanos internacionales como la legislación interna en el país, el derecho positivo”, contó a SEMlac.

Agregó que “la cuestión es que la gente no conoce los derechos indígenas y los pocos que los conocen no están dispuestos a respetarlos. Los fiscales y los jueces los ignoran o prefieren ignorarlos”.

Como segundo punto, Prieto señala que muchas veces la gente se refiere a los indígenas como si se tratara de un sector más de la sociedad. Pero “son pueblos con autonomía y cultura propia, tienen su propio derecho consuetudinario y su propio sistema de justicia”.

Refirió también que “es la primera vez en la historia que yo encuentro propietarios brasileños dentro del territorio paraguayo, que dicen que los indígenas Avá Guaraní son los que invadieron sus tierras. Ese lugar, donde están estos pueblos indígenas, son sus territorios ancestrales. Y te aseguro que las extensiones de tierra son mucho más grandes que las que los Ava Guaraní están defendiendo actualmente”.

En efecto, Jorgelina Portillo reivindica todos sus derechos y, en especial, su derecho a la tierra. “Son 2.600 hectáreas las que nos corresponden, en las que podemos cultivar y mantener a nuestra familia”, dice.

“La provisión que nos trajo la delegación ya se está terminando y todavía tenemos enfermos a quienes cuidar”, dice Portillo en alusión a víveres y medicamentos entregados a la población allí por la comitiva que estuvo de visita. “Realmente no sabemos qué vamos a hacer”, concluyó casi conteniendo el llanto.