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Otro proyecto legislativo apunta a sancionar con las penas máximas la violencia de género

Con el número de expediente 2637-D-2011 y con ingreso el 17 de mayo a la Cámara de Diputad@s de la Nación, otro proyecto de ley de autoría
del legislador nacional del Peronismo Federal por San Luis, Sergio Pansa, busca las mayores penalidades para los delitos establecidos contra mujeres, elevando a la escala máxima el homicidio, y los casos de lesiones, persiguiendo de este modo modificar el artículo 78 del Código Penal e incorporar el artículo 41 quinquies en el mismo corpus normativo.

Entre sus argumentos, la iniciativa parlamentaria da cuenta de que el femicidio -o feminicidio- “es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. El número de muertes como consecuencia de la violencia de género a manos de su compañero o ex compañero sigue siendo muy elevado”.

El proyecto que supera la cuantía de casos mencionados en los medios de comunicación de asesinatos de mujeres en manos de parejas y ex parejas, menciona que según cifras oficiales “en nuestro País, 31.000 mujeres murieron en tales circunstancias en el año 2007, 46.000 en 2008, 52.000 en el año 2009 y esta cifra se eleva en el 2010 a 52.374 casos por año”; señalando de este modo que la tendencia actual, “no permite mostrarse optimista, ya que las víctimas mortales muestran únicamente la punta del iceberg de la violencia y discriminación que sufren las mujeres en Argentina y en el mundo”.

En el mismo sentido, el legislador manifiesta que la violencia de género “es un problema de Estado y por lo tanto, debemos afrontarlo con políticas en todos los ámbitos”, que impliquen la articulación y “el llamamientos de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a hacer reales y efectivos los derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad, seguridad y a la igualdad y no discriminación, a través de la puesta en funcionamiento de “mecanismos institucionales de protección para convertir el vivir sin violencia en un derecho de las mujeres que el Estado tiene la obligación de cumplir”.

Pansa consideró además en los fundamentos, que este problema social, “nos plantea la necesidad de un abordaje interdisciplinario, las mujeres víctimas, tienen derecho a su recuperación y a ser acogidas adecuadamente, a recibir la atención apropiada y especializada por parte de la institución policial, personal sanitario, asociaciones de ayuda a victimas de violencia, jueces, etc., todos ellos, en su ámbito correspondiente de actuación”.

“La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión, vulnerando su libertad y dignidad como personas”, puntualizó el diputado en la redacción de la iniciativa.

De igual manera, precisó que ante ésta situación, “los poderes públicos no pueden permanecer ajenos a esta problemática, que constituye uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución”, desde la Reforma Constitucional de 1994.

Lejos de buscar sólo un cambio legislativo, el proyecto finaliza resaltando que es necesario analizar en forma conjunta “qué es lo que está fallando, cuáles son las dificultades, cuál es el alcance de las medidas tomadas por el Estado en la actualidad y cuáles podrían ser las posibles soluciones, porque la responsabilidad del Estado no se agota adoptando medidas legislativas, hay que dar un paso más, hay que trasladar los derechos consagrados en la norma a la realidad y eso supone poner a disposición medios para lograrlo”.

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