Noticias Destacadas

Jorge Luis Cabak

Otro intendente pampeano acusado de trata de personas

Una fiscal federal pidió que el intendente de la localidad pampeana de Macachín y un ex comisario vayan a juicio oral por brindarle protección a una banda dedicada a la trata de personas en un prostíbulo.

Imagen : El Diario de La Pampa

Una fiscal federal solicitó que el intendente de la localidad pampeana de Macachín, Jorge Luis Cabak, y el ex comisario local sean sometidos a juicio oral como acusados de brindarle protección a una banda dedicada a la trata de personas en un prostíbulo, informaron ayer fuentes judiciales.

Se trata del tercer intendente de la provincia de La Pampa que será juzgado por un hecho de similares características luego de que en junio pasado condenaron al actual jefe comunal de Lonquimay, Luis Rogers; y en 2013 al por entonces edil de Colonia 25 de Mayo, David Bravo.

En el caso de Cabak, la fiscal federal subrogante Adriana Zapico solicitó que sea cometido a juicio junto al ex comisario de Macachín, Hugo Iglesias, por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autores y en concurso ideal con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en calidad de partícipes necesarios”.

Para la fiscalía, los acusados habrían brindado protección a una banda dedicada a la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad en el prostíbulo “Chicho Show”, de Macachín, localidad cabecera del departamento Atreucó, en la zona centro este de La Pampa, a unos 30 kilómetros del límite con la provincia de Buenos Aires.

Según informó la Procuración General de la Nación a través de la página web www.fiscales.gov.ar, Cabak conocía “cabalmente” lo que sucedía en Chicho Show y “mantuvo la habilitación municipal sin realizar gestión alguna para que fuera revocada”, lo que le permitió a los dueños del local “seguir con la actividad que allí se desarrollaba”.

Imagen : conclusion.com.ar

Para la fiscalía, el intendente también “rubricó con su firma las libretas sanitarias de las mujeres prostituidas en ese lugar”.

“Con todo ello, Cabak realizó un aporte esencial a la consumación del delito aquí investigado pues con su accionar otorgó a sus autores un manto aparente de legalidad bajo el cual desenvolverse”, continuó Zapico en su requerimiento.

En cuanto a la participación del ex comisario, la fiscal sostuvo que también conocía “la actividad de prostitución que se desarrollaba en la Chicho Show” y resaltó que Cabak “se comunicaba asiduamente con Iglesias ya que éste le avisaba cada vez que fichaba a una mujer para que ésta prosiguiera el trámite en la municipalidad”.

A su vez, Zapico recordó que el ex comisario “afirmó haber realizado controles prácticamente diarios en el cabaret sin advertir anormalidad alguna o que allí hubiera prostitución”.

“¿Por qué nunca se informó a la autoridad judicial sobre la situación de prostitución bajo las cuales estaban las mujeres que allí se encontraban? (?) La respuesta, en base a la prueba colectada y antes expuesta no es otra que la connivencia de Iglesias”, indicó la fiscal.

Esta causa se inició en febrero de 2011 cuando la Brigada de Investigaciones UR-1 de La Pampa recibió la denuncia de un informante que dijo que se había entrevistado con una mujer dominicana que “trabajaba” en un local nocturno de la localidad bonaerense de Salliqueló, el cual estaría vinculado a Chicho Show y a otro local que también funcionaba en Buenos Aires.

Según este informante, las víctimas, entre ellas menores de edad, “rotaban entre los boliches”y en caso de “no poder ser prostituidas en el local nocturno de Macachín, lo hacían en el pueblo, en una casa particular”.

Ante esta denuncia, los pesquisas realizaron intervenciones telefónicas y en agosto de 2011 se allanó Chicho Show, determinándose que las víctimas provenían de distintos puntos del país y también de otras naciones como Paraguay y República Dominicana y residían en el mismo lugar donde se prostituían.

En base a distintos testimonios, la fiscalía estableció que “en los dormitorios se realizaban los pases, cobrándolos las chicas quienes llevaban la plata hasta la barra y el encargado era quien controlaba el tiempo tocándoles un timbre de acuerdo al tiempo pagado”.

Además, los investigadores constataron que las mujeres llegaban en una situación de deuda ya que debían pagarles a sus explotadores los pasajes de traslado, gastos, alojamiento y elementos de subsistencia.

Por otro lado, el propietario de Chicho Show, Daniel De Luca; su socio y otros dos hombres fueron acusados como “partícipes necesarios” de las maniobras investigadas; y un quinto sospechoso está imputado como “partícipe secundario”.

Mientras que el intendente Rogers fue condenado a cinco años de prisión junto al subcomisario Carlos Alanís y el dueño del prostíbulo Good Night, Carlos Fernández, como “partícipes necesarios” en el delito de trata.

Además, Eduardo Fernández, hermano del dueño del cabaret; y el empleado del local Brian Saxs recibieron una pena de dos años de prisión en suspenso como “partícipes secundarios”.

A su vez, la fiscal Zapico pidió la semana pasada la indagatoria para Rita Ortiz, la mujer de Carlos Fernández, por su presunta participación en los hechos cometidos en Good Night.

Respecto a Bravo, en marzo de 2013, este edil que estuvo en el cargo hasta 2015 fue condenado a siete meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial por catorce meses para su desempeño en el ejercicio de cargos públicos por “abuso de autoridad” ya que no clausuró el prostíbulo El Sapo.