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Instituto Provincial de Salud Salta

Obra Social deberá cubrir un tratamiento de rehabilitación

La Corte de Justicia de Salta rechazó el recurso de apelación del Instituto Provincial de Salud y confirmó la sentencia en un amparo que condenó a la obra social a brindar la cobertura integral de un tratamiento de rehabilitación y además reintegrarle a la madre del joven paciente 58.325,30 pesos en un plazo de diez días.

Imagen: Instituto Provincial de Salud de Salta

La Obra Social deberá reconocer los montos presupuestados en tanto no resulten superiores a los establecidos en la Resolución 1126/15 correspondiente a la ley 24091 sin perjuicio de su control y auditoría.

La controversia se dio porque la Obra Social no reconocía los valores del tratamiento.

Al resolver, la Corte de Justicia recordó que el amparo procede ante actos u omisiones ilegales de la autoridad o de particulares restrictivos o negatorios de las garantías y derechos subjetivos explícita o implícitamente consagrados en la Constitución. Hasta la reforma de la Constitución Nacional de 1994, no existía en el ámbito nacional texto alguno de jerarquía constitucional que consagrara explícitamente el derecho a la salud”, puntualizaron.

Y en el caso en particular los jueces del Alto Tribunal apuntaron que no se cuestionó la discapacidad del joven. “Por el contrario, la obra social ha reconocido expresamente el problema de salud que afecta al hijo de la amparista”, acotaron.

En esta causa está “comprometido el derecho de una persona con discapacidad a la protección integral de la salud, a una adecuada calidad de vida y a su inclusión social plena, derechos que deben ser tutelados ampliamente”, ratificaron.

La Ley 24901 denominada Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, promulgada en diciembre de 1997 y la Ley Provincial 7600 que adhiere al sistema de la ley nacional son las leyes específicas que protegen al joven.

Citaron los jueces del Alto Tribunal las Observaciones Finales al informe inicial de Argentina, del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad donde se observó con preocupación el hecho de que “no toda la legislación provincial argentina esté armonizada con la Convención, circunstancia que genera disparidades en la forma en la que a nivel local se entienden los derechos de las personas con discapacidad y su concreta implementación.”

“El apelante no ha demostrado error o desacierto en la sentencia”, aseveraron.