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Nos movilizamos a la Casa de Chubut exigiendo la inmediata interrupción del embarazo de las menores de 15 años

Un conjunto de organizaciones de mujeres nos haremos presentes en la Casa de la Provincia de Chubut, Sarmiento 1172, este lunes 08 de marzo, para exigir la inmediata interrupción del embarazo de las dos menores de 15 años ?ambas violadas por sus padrastros– que lo han solicitado.

Responsabilizamos por la vida y la salud de las dos niñas al gobierno nacional y al de la provincia, que incumple la obligación de garantizarles el aborto terapéutico autorizado por el art. 86 del Código Penal ?en caso de riesgo para la salud o la vida de la madre? y en caso de violación. El Código establece que el aborto se practicará ante la sola requisitoria del adulto a cargo, en este caso las madres de las adolescentes en cuestión.

Repudiamos la judicialización de la demanda de interrupción del embarazo cuando una vasta jurisprudencia señala que decidir sobre el aborto terapéutico no es competencia de la Justicia. Así lo han corroborado los más altos tribunales de Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Buenos Aires, entre otros. Las dilaciones y triquiñuelas judiciales sólo se proponen dejar pasar el tiempo para que los embarazos continúen y sea más fuerte la presión para no interrumpirlos.

Desconocemos cualquier resolución de un Comité de Bioética presidido por una pública propagandista de la Iglesia Católica, la abogada María Inés Cosentino. Denunciamos que ese Comité no cumple ni siquiera la condición de ser multidisciplinario. Como bien señaló el experto en bioética delegado por Argentina ante la UNESCO, Juan Carlos Tealdi, ?ese comité de bioética ni siquiera es un comité?.

Repudiamos la escandalosa intromisión del obispo Virginio Bresanelli, que ha presionado brutalmente a los médicos y a los jueces reclamándoles que violen las leyes nacionales.

La propuesta de la Iglesia de Chubut de que se podría hacer cargo de las criaturas una vez que nacieran no sólo plantea la pregunta de si lo harían con la misma crueldad con la que tratan a las niñas gestantes. Es un descaro en una institución sistemáticamente atravesada por el abuso sexual infantil.

Denunciamos que las mujeres pagamos con la vida el avance clerical sobre la salud pública y la Justicia, avalado por los gobiernos nacional y provinciales. Son cientos de mujeres las que muren al año en nuestro país por la clandestinidad del aborto. Responsabilizamos al gobierno nacional por esta situación y exigimos el dercho al aborto libre, legal, seguro y gratuito.

Exigimos el inmediato cumplimiento de los abortos terapéuticos para ambas adolescentes, en los términos del art. 86 del Código Penal.