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Congreso de la Nación /“El rol del Estado frente a la violencia contra las mujeres”.

“No es verdad que no hay mujeres presas por aborto”

Se realizó en la Cámara baja del Congreso el debate “El rol del Estado frente a la violencia contra las mujeres”. Convocado por la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y Amnistía Internacional Argentina, las disertaciones caracterizaron la situación local, regional e internacional de vulneraciones en el acceso a la salud sexual y reproductiva.aborto-sentencia

Los gritos de “libertad para ´Belén´” y “aborto legal” se escucharon en el Congreso de la Nación. “Que el Estado nos niegue el derecho a decidir es otra manifestación de la violencia machista”, argumentó la diputada nacional Victoria Donda (Frente Amplio Progresista), presidenta de la Comisión convocante en las palabras iniciales del debate.

Es que tanto dentro de los marcos locales, como regionales e internacionales, la punición y la negación del derecho al aborto son consideradas, por organismos de Derechos Humanos, desde violencia institucional hasta tortura de parte de funcionarios/as, instituciones gubernamentales, Estados nacionales y una sociedad machista y heteropatriarcal que ejerce sus abusos sobre las mujeres en detrimento de su salud sexual y reproductiva.

En Argentina, #LibertadParaBelén

Soledad Deza fue una de las disertantes, es abogada de “Belén”, la joven acusada y condenada en abril pasado a 8 años de pena por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía” y privada de su libertad desde hace dos años por integrantes del poder judicial de Tucumán luego de haber sido denunciada por profesionales de la salud tras un aborto espontáneo. Integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, durante el debate, Deza relató la sucesión de vulneraciones de derechos y violencia institucional que revictimizaron a su defendida.

Fue “un accionar concatenado de mucha violencia desde todos los lugares”, afirmó Deza, “un sector de la salud que la maltrató y la criminalizó, un sector de la policía que hizo lo propio desde su lugar en una asociación –casi ilícita-, y el poder judicial desde sus distintos lugares –la fiscalía que acusó sin pruebas, la defensa que fue técnicamente negligente asumiendo la culpabilidad y un Tribunal que la juzgó-“.

“Tenemos una justicia que ha convalidado la violación del secreto profesional y ha legitimado un accionar violento de parte de los efectores”, afirmó la abogada, quien advirtió sobre los efectos negativos que tiene la condena a “Belén” para la autonomía, la salud sexual y reproductiva y el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres en Argentina, “revictimizar a ´Belén´”, “disuadir a mujeres de buscar ayuda sanitaria”, y “el efecto negativo en términos de perspectiva de género” dentro de la justicia.

Soledad Deza afirmó no haber sido notificada de la negación que Sala III de la Cámara Penal de Tucumán habría hecho a su pedido de cese de prisión preventiva para “Belén” el 3 de mayo y enmarcó esta omisión jurídica dentro de las prácticas violentas contra la joven. “Peleamos contra un poder judicial que puso en su portal la sentencia de ´Belén´ con el nombre”, “los jueces no preservaron su identidad, mostraron los expedientes”, contó.

En Nuestra América y el mundo, contra la criminalización y la tortura

Fernanda Doz Costa es investigadora integrante de Amnistía Internacional Argentina (AI). Afirmó, que a través del relevamiento en la región de historias paradigmáticas de vulneración de derechos, han podido concluir que “los estereotipos de género, el rol que se espera que la mujer tenga en la sociedad, está patente en todos los ámbitos, pero en el de la sexualidad y la reproducción es donde el Estado pone todo su poder punitivo para imponerlos”.

La investigadora analizó “la tendencia perniciosa”, el peligro para la autonomía, la salud y el derecho a la vida sin violencias para las mujeres de que funcionarios/as públicos/as impongan “sus concepciones personales” en abuso del ejercicio de poder que existe, por ejemplo, en la relación médico/a- paciente. Mencionó como constantes, la práctica de declaración de “objeción de conciencia” de parte de profesionales de la medicina y de presentaciones judiciales que obstruyen el acceso a los abortos no punibles en lo que llamó “esta idea de protección absoluta del feto”.

Para Doz Costa, “la manera en que se imponen estos estereotipos son formas de violencia institucional”, y que analizada de forma estructural, constituyen discriminaciones, violaciones a los Derechos Humanos y “una manera en la que el Estado ejerce violencia contra las mujeres, y muchas veces tortura o malos tratos”, “a través de legislaciones, políticas públicas, y la mayoría de las veces, a través de prácticas que quedan en la impunidad”.

“El Estado, al sostener estas leyes, política públicas y prácticas profundamente discriminatorias en todos los ámbitos -pero especialmente en los de la salud sexual y reproductiva-, produce, esa violencia”, o sea, “el Estado es un aparato reproductor de la violencia contra las mujeres porque impone estos estereotipos a través de sus normativas, diciendo que la discriminación estructural contra las mujeres no solo está permitida sino que está promovida”.

Por su parte Juan Méndez, relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizó una alocución de carácter internacional que analizó el marco de protección de los Derechos Humanos contra la tortura y los malos tratos, instando a los Estados Nación a adoptar medidas para enfrentar las situaciones de violencias de las mujeres y las personas lgtbi dentro del sistema de justicia penal.

“Cuando el aborto está restringido por ley la mortalidad materna aumenta, por lo que las mujeres se ven obligadas a someterse a abortos clandestinos en condiciones peligrosas”, afirmó Méndez, “el aborto, cuando es practicado en condiciones de riesgo ocupa el tercer lugar entre las principales causas de muerte materna en todo el mundo”.

“En Latinoamérica, países como Uruguay donde la práctica del aborto es legal, presentan la tasa de mortalidad materna más baja del continente”, afirmó, “es por ello que exhorto a los Estados a que despenalicen el aborto y garanticen el acceso de aborto legal y seguro”.

Aborto legal, en el hospital (y donde queramos)

“Cuando me preguntan, ¿qué tiene que ver el caso de Belén con la legalización del aborto?, respondo, por un lado que no es verdad que no hay mujeres presas por aborto, y en segundo lugar porque hay un sistema patriarcal que se niega a reconocer la autonomía y la libertad reproductiva de las mujeres y que por eso inscribe toda interrupción del embarazo como delito”, afirmó Deza.

“Sin autonomía reproductiva las mujeres no podemos vivir una vida libre de violencias”, continuó la abogada, “sin que se nos considere sujetas morales autónomas capaces de tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo no vamos a terminar con este tipo de violencias”, arengó, en una mesa llena de pañuelos verdes y a semanas de una nueva manifestación que gritará “sin aborto legal no hay ni una menos”.

Y volviendo a la historia de persecución y encierro de “Belén”, mujer vuelta heroína involuntaria pero que no está sola sino acompañada en su exigencia de libertad por todo el movimiento de mujeres y feminista organizado del país afirmó, “por más justicia o injusticia que haya en términos reproductivos, por más que se solucione o no este problema y la justicia le dé o no la libertad a ´Belén´, va a estar igualmente en deuda con ella por los años que pasó presa, de la misma forma que la democracia está en deuda con las mujeres por no discutir el aborto legal, seguro y gratuito”.

 

Imagen : laotravozdigital