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Salta, violencia machista

Niña Wichi: La fiscalía requirió juicio para los nueve imputados

Lo hizo a través de una presentación realizada ante el Juzgado de Garantías 1, en la ciudad de Tartagal. Los fiscales penales, Pablo Cabot y Federico Obeid solicitaron el enjuiciamiento de los nueve imputados que tiene la causa penal por la violación masiva sufrida por una menor de la etnia Wichi en la localidad de Alto La Sierra. En su pedido, los fiscales señalaron que del análisis de las prueba se “constató que los acusados accedieron carnalmente a la niña, valiéndose del número de autores, el uso de la fuerza y de las condiciones psíquicas y físicas de la víctima”.santa-victoria-este-640x325

El requerimiento de juicio se presentó contra Jorge Gabriel Sala, Omar Alcides Arias, Sebastián Matías Salvatierra, Luis Fernando Lamas, Pantaleón Javier Mansilla y Juan Domingo Verón por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal calificado por el número de autores y agravado por la intervención de menores de edad”, delito por el cual el Código Penal prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.

De estos seis acusados, cabe señalar que Sala se encuentra prófugo y con un pedido de captura. Los otros tres imputados, en tanto, se trata de tres menores, contra quien también se requirió juicio por el delito de “abuso sexual con acceso carnal calificado por el número de autores”.

En su requerimiento, los fiscales Cabot, de la ciudad de Tartagal y Obeid, de la Unidad especializada de Delitos contra la Integridad Sexual, hicieron una detallada presentación del hecho denunciado, como así también del trámite de la investigación penal y de las pruebas que se produjeron a lo largo del proceso.

La investigación penal se inició tras la denuncia de la madre de la menor, quien sostuvo que su hija había salido en la tarde del 28 de noviembre de 2015, sin tener noticias de ella hasta la mañana del día siguiente, cuando fue anoticiada de que la misma se hallaba en una cancha de fútbol, en Alto La Sierra, lesionada debido a un ataque sexual.

La mujer sostuvo que la menor fue víctima de un grupo de sujetos que la tomaron por la fuerza cuando se hallaba junto a otras amigas, quienes intentaron impedir que se la llevaran, pero fueron reprimidas por los agresores, quienes finalmente lograron su cometido.

A partir de esta denuncia, y como consecuencia de las primeras medidas probatorias, se acusó por el abuso sexual a ocho personas. Posteriormente, la Procuración General resolvió apartar de la causa al fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón por posible desvío de sus deberes de objetividad, buena fe y lealtad procesal.

En consecuencia, la causa pasó a manos del fiscal Cabot y Obeid, quienes ordenaron otras medidas probatorias e incluso avanzaron con la imputación penal, pues ampliaron la acusación a Juan Verón, ya que existían pruebas respecto de su participación en el abuso.

Violencia y aprovechamiento

En el requerimiento de juicio, Cabot y Obeid señalan de manera contundente que las pruebas producidas a lo largo del proceso, indican la responsabilidad penal de los imputados en el hecho. “Mediante los elementos probatorios analizados se constató que los imputados accedieron carnalmente a la menor víctima, valiéndose del número de autores, del uso de la fuerza y violencia física, y de las condiciones psíquicas y físicas de la víctima que le impidieron neutralizar el ataque de los causantes”, sostuvieron.

Asimismo, indicaron que la superioridad de atacantes “les permitió doblegar la resistencia de la víctima tomándola del cuerpo y arrastrándola con fuerza y violencia física, desde la cancha de fútbol hasta los arbusto, sin necesidad de propinarles golpes”.

Los fiscales explicaron que cuando mayor es número de agresores, por lo general, esto basta para lograr el sometimiento de la víctima. En este caso, Cabot y Obeid revelaron que de las pruebas reunidas surge que la menor no sólo fue arrastrada con fuerza y violencia hasta el lugar donde se perpetró el acceso carnal, sino que el abuso también fue violento, ya que la niña sufrió una lesión en sus órganos.

En cuanto a los acusados, los fiscales dijeron que los elementos probatorios reunidos desvirtuaron las versiones que brindaron los imputados. Asimismo, señalaron que aún se encuentran pendientes otras diligencias probatorias. También resaltaron el aporte brindado por los distintos testigos, cuyas declaraciones permitieron establecer con claridad el modo en que los causantes interceptaron a la menor y la arrastraron para luego abusar de ella.

En vista de estos elementos, los fiscales realizaron el correspondientes requerimiento ante el Juzgado de Garantías 1 a fin de que los acusados sean llevados a juicio oral y público por la grave acusación penal que pesa en su contra, y por la cual podría recibir penas de hasta 20 años de cárcel.

 

Imagen : cuartopoder