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¡¡¡Ni una más!!!

EL DERECHO A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

RESUMEN

Si tomáramos diez mujeres representativas, mayores de 15 años, en cada país de América Latina y el Caribe veríamos que cuatro peruanas y cuatro nicaragüenses habrían sufrido violencia física por parte de sus esposos; en México, tres mujeres habrían sido víctimas de violencia emocional y dos más de violencia económica; tres brasileñas habrían sufrido violencia física extrema y dos haitianas violencia física.

Entre 1990 y 2007, cerca de 900 mujeres chilenas fallecieron por causa de homicidio, una gran mayoría víctimas de sus parejas o ex parejas. Se dan situaciones similares en las Bahamas, donde los feminicidios representaban el 42% del total de los asesinatos en 2000, 44% en 2001 y 53% en2002; en Costa Rica, donde los feminicidios representan el 61% del total de homicidios de mujeres; en El Salvador, donde la mitad de los casos de violencia reportados por la prensa en2005 acabaron en homicidios; en Puerto Rico, donde 31 mujeres fueron asesinadas como resultado de la violencia doméstica en 2004; y en Uruguay donde una mujer muere cada nueve días como resultado de la violencia doméstica. En todos los casos, mueren más mujeres a manos de sus parejas que a causa de la intervención de desconocidos. Estas cifras suscitan el rechazo generalizado de la población como lo demuestra la encuesta del Latinobarometro 2006 donde90% de las personas encuestadas consideran a la violencia intrafamiliar como un grave problema.

Las cifras que aparecen en el informe regional ¡¡¡Ni una más!!! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe constituyen la punta del iceberg que se oculta tras el silencio estadístico, la tolerancia social y la impunidad contra la violencia de género ? convertida hoy en una de las formas más generalizadas de violación de los derechos humanos. Las voces de las mujeres que, desde hace más de tres décadas, sacaron este problema desde la oscuridad de la vidas privadas y lo convirtieron en un tema de debate social ? desafiando marcos normativos anacrónicos y nombrando a la violencia física, sexual y psicológica ? han hecho mella en las autoridades legislativas. Estas han eliminado paulatinamente los obstáculos legislativos que impedían su sanción y adoptado normas inspiradas en la Convención de Belem do Pará, 4 lo cual convierte a esta parte del mundo en la región dotada de una de las mejores legislaciones del planeta. El presente estudio se propuso encontrar las especificidades de la violencia de género en la región, como una contribución complementaria al Estudio a fondo de todas las formas de violencia contra la mujer presentado en la Asamblea General por el Secretario General de las Naciones Unidas en octubre de 2006. A la conclusión del análisis, se observaron más semejanzas que diferencias respecto de otros continentes. Las mujeres de América Latina y el Caribe no son ni más ni menos víctimas que las mujeres de otras partes del planeta. La violencia amenaza a todas ? independientemente de su origen social, racial y étnico ? y comparte los principales rasgos que se identifican en otros lugares del mundo. Ciertamente, algunos grupos son más vulnerables y enfrentan mayores obstáculos para acceder a la protección del estado y a la justicia,5 debiendo afrontar una forma adicional de violencia que resulta de la no aplicación de las normas: la violencia institucional. Lo que marca la diferencia en América Latina y el Caribe tiene que ver con las condiciones de desarrollo de los países de la región. Cambian las expresiones y las circunstancias de la violencia contra las mujeres en gran parte por efecto de la vigencia generalizada de la democracia, el desarrollo institucional y legislativo y la tradición de libertad de culto que caracteriza a la mayoría de los países. Sin embargo, si bien la adopción de legislación y la creación de instituciones constituyen condiciones necesarias para erradicar la violencia, las sociedades latinoamericanas y caribeñas no han conseguido sustraerse a la influencia de la cultura patriarcal que opera en las mentalidades, enraizada desde sus orígenes en una matriz colonial profundamente violenta tanto en términos étnicos como de género, además de las creencias y las prácticas de amplios sectores e instituciones de la sociedad como la policía, los servicios de salud ,el sistema judicial y los medios de comunicación.

En situaciones extremas como las guerras y los conflictos internos de carácter político o

delincuencial, las mujeres son objeto de violaciones y delitos sexuales que se ensañan contra ellas como forma de infringir una derrota a los adversarios, sean estos políticos, militares, bandas de narcotraficantes o pandillas. Es ante situaciones límites como los casos de las mujeres mexicanas de Juárez que aparecen a la luz estas conductas perniciosas .Las tradiciones prevalecientes en general no son factores protectores y tienden a reforzar la subordinación de las mujeres apelando a usos y costumbres que legitiman la discriminación. La persistencia de tradiciones, ciertos valores religiosos y otros que consagran la inferioridad de la smujeres, pero sobre todo la debilidad institucional y la baja prioridad asignada en los presupuestos públicos que se presentan en la mayoría de los países obstaculizan la erradicación de este grave problema. Aunque no se identifican prácticas nocivas como el infanticidio, la selección prenatal del feto, ablaciones o violencias asociadas con la dote existentes en otras partes del mundo, América Latina y el Caribe también presenta situaciones que no salen lo suficiente a la luz pública y vulneran los derechos más elementales, como la trata y tráfico de personas, el incesto y los abusos a niñas trabajadoras, entre otros. La coexistencia de normas y mecanismos innovadores como la Convención de Belem do Pará y su mecanismo de seguimiento junto a la impunidad con la que se enfrentan las víctimas ? ?sobrevivientes? como las denomina el informe del Secretario General ? es con frecuencia la antesala de los feminicidios detrás de los cuales se descubre una larga cadena de indolencia, inoperancia e impunidad que pone fin a las vidas de muchas mujeres. Si bien muchos países han adoptado leyes nuevas concordantes con la Convención, como se verá más adelante, aún están pendientes tareas necesarias para una adecuada justicia. Se trata de armonizar el conjunto de la legislación con los principios de derechos humanos, eliminando en algunos casos los resabios de una legislación patriarcal tipificando adecuadamente todas las formas de violencia; se requiere nuevas inversiones en las políticas sectoriales como educación, salud, seguridad ciudadana y trabajo, así como una integración de los acuerdos internacionales en la política exterior de los estados de manera tal que la protección de los derechos de las mujeres forme parte de la columna vertebral de la acción del Estado.

Las transformaciones institucionales llevadas a cabo en la última década en el poder ejecutivo, legislativo y judicial no han acompañado el ritmo de los cambios sociales y normativos. Esto contrasta con la creciente conciencia social respecto a la gravedad de este problema. El 90% de los latinoamericanos consultados sobre si la violencia intrafamiliar es un problema importante o algo importante responden positivamente a la primera afirmativa. Esta percepción fluctúa entre el97% de personas en Chile y el 80% en República Dominicana.7 La magnitud de los datos sobre la prevalencia de la violencia doméstica y la percepción ciudadana sobre la gravedad que ésta reviste contrastan con la leve presencia de este tema en las agendas políticas, la escasez de

Recursos y el comportamiento del sistema judicial. Esto muestra una brecha entre la demanda de ciudadanía y la respuesta del Estado.

Este informe es un llamado de atención, en primer lugar a las autoridades gubernamentales para que adopten con celeridad todas las medidas necesarias para que la región pase del orgullo de las palabras y las leyes a la protección y la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer.

También se dirige a los organismos internacionales, a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación para promover un amplio acuerdo por la erradicación de la violencia y la impunidad.

El informe consta de cuatro partes. En la primera se define y contextualiza la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, en la segunda parte se ofrece un diagnóstico con base en las fuentes disponibles, se analiza el estado de la información y se enumeran los efectos y costos de la violencia. La tercera parte muestra los avances, iniciativas y buenas prácticas existentes, la cuarta parte plantea los desafíos y posibles medidas a tomar por parte de los gobiernos y la sociedad proponiendo un modelo de atención probado y un Observatorio regional para el monitoreo permanente de la violencia contra la mujer. Los anexos dan cuenta de la información disponible en los países de la región, las leyes sobre violencia contra las mujeres, las políticas, programas y presupuestos y los instrumentos internacionales para el combate de la violencia contra las mujeres.

IMAGEN: minuevavisiondelmundo.blogspot.com