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MÁS DE CIEN ABORTOS ANUALES EN HOSPITAL URQUIZA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

El año pasado 112 mujeres ingresaron al Hospital Urquiza por diferentes situaciones derivadas de abortos incompletos. La cifra muestra la frecuencia de la práctica, aunque son solo los casos que llegan hasta el principal nosocomio de la región.

Imagen : Facebook Campaña Mx

En 2016 hubo 119 casos de mujeres que ingresaron al Hospital Justo José de Urquiza presentando diferentes situaciones de salud vinculadas con abortos incompletos. La cifra muestra con contundencia que se trata de una práctica frecuente entre las mujeres de Concepción del Uruguay y la zona, sobre todo si se considera que se trata solamente de aquellos casos que por su gravedad llegan hasta el principal nosocomio de la región. También es relevante marcar que no están contabilizados datos de los centros de salud barriales.

Es importante señalar que las cifras responden a situaciones diferentes, que incluyen los casos de mujeres que recurren al hospital por abortos espontáneos –que también pueden producirse por múltiples causas– pero dada la ilegalidad de la práctica, es imposible saber cuántos de los casos son producto de abortos provocados (por medio de medicamentos, raspados o lesiones uterinas intencionales).

En 2017, los casos relevados fueron un poco menos: 112. Muchos de estos casos son producto de prácticas caseras que ponen en riesgo la salud de las mujeres, a veces muy severamente. De acuerdo a los datos a los que accedió este medio, durante 2018, hasta el mes de mayo incluido se registraron 43 casos. En cambio, en el registro de años recientes no se identifican casos de muerte materna por abortos.

“La ausencia de denuncias penales confirma que en la conciencia social de quienes ejercen la medicina está claro que, muchas veces, las mujeres que apelan a estos métodos son víctimas de las desigualdades que muestra el país, con amplios sectores bajo la línea de pobreza, una escasa educación sistemática y nula educación sexual”.

Descenso en el número

Los números bajaron en 2017 respecto del año anterior, pero descendieron mucho más si se compara con el pasado. En 2004 los casos que reflejó el Hospital Urquiza fueron 152. Así lo publicó el entonces semanario El Miércoles, en dos notas en las que planteaba la necesidad de debatir la despenalización de esta práctica (en marzo y en septiembre de 2005).

El personal del Hospital marcaba la frecuencia con la que se realizaban prácticas tremendamente dañinas para la salud de las mujeres, pero sumamente habituales: “el uso de agujas o sondas, con las cuales se busca provocar una pérdida que interrumpa el embarazo, con resultados catastróficos que generan graves daños en la salud”, decía el informe. “Lo mismo ocurre con otros métodos medicamentosos, en los que las mujeres ingieren fármacos que inducen las contracciones y muchas veces provocan el aborto. Desde el hospital local también aseguran que algunos de esos casos que ingresan –aunque una minoría– son producto de intervenciones médicas, efectuados por profesionales o al menos por personas con conocimientos médicos”.

“La comparación entre las cifras (152 casos en 2004, 112 casos 13 años después) permite mostrar una disminución del 27 por ciento en los casos”.

La comparación entre las cifras (152 casos en 2004, 112 casos 13 años después) permite mostrar una disminución del 27 por ciento en los casos. Pero si se considera que la población aumentó, la disminución adquiere más significación.

En ese sentido cabe preguntarse qué factores contribuyeron a que la cifra sea menor. Algunas de las hipótesis que explicarían la situación fueron sugeridas por la médica Vanina Politi, especialista en ginecología y obstetricia, del Servicio de Obstetricia del Hospital, en el programa En La Víspera.

La profesional sugirió que los factores influyentes pueden ser el hecho de existir una mayor educación sexual, un asesoramiento constante y provisión de métodos anticonceptivos en el propio Hospital y en los centros de salud. Hay que recordar que entre 2004 y 2016, más allá de cualquier valoración que se haga sobre los gobiernos de la época, hubo un cambio de políticas públicas de salud en relación con los derechos sexuales y reproductivos, con varias leyes aprobadas y protocolos que se difundieron desde el Ministerio de Salud de la Nación, con diferentes funcionarios a cargo.

Realidad cotidiana

Es relevante que se conozcan las cifras de una práctica que forma parte de la realidad cotidiana de las mujeres. Que cada año haya más de cien mujeres que acuden al Hospital por situaciones derivadas de abortos clandestinos, es un elemento que no puede ser soslayado en el debate.

También surge de aquellas notas de 2005 que las cosas ya estaban cambiando: en la primera de ellas se consignaba que “existe una gama amplia de medicamentos que pueden inducir el aborto” y que “entre los más utilizados se encuentra el Misoprostol, una droga que incluyen algunos antiinflamatorios orales y que cuesta más de 150 pesos”.

Tan extendido era el impacto de ese medicamento que el entonces jefe del servicio de Ginecología del Hospital, Nivardo Tenreyro, afirmaba: “Existe un cambio en la evolución de los casos de abortos que llegan al hospital, han cambiado las metodologías. Antes atendíamos muchos casos más de tipo infeccioso y ahora más de tipo hemorrágicos”.

Las notas planteaban la necesidad de debatir la despenalización: “La postergación del debate no hace más que extender las prácticas abortivas ilegales, lo que se traduce en daños en la salud de las mujeres que se someten a métodos caseros, sin las condiciones mínimas que requiere una intervención de esta naturaleza. La ausencia de denuncias penales confirma que en la conciencia social de quienes ejercen la medicina está claro que, muchas veces, las mujeres que apelan a estos métodos son víctimas de las desigualdades que muestra el país, con amplios sectores bajo la línea de pobreza, una escasa educación sistemática y nula educación sexual. Mientras el debate se siga postergando, los profesionales de la salud no hacen más que enmendar ese estado de cosas con el resguardo de las mujeres que llegan al extremo de provocarse un aborto”.

En la otra nota de 2005 se informaba acerca de un caso que había derivado en una denuncia penal y que una médica uruguayense –conocida por realizar la práctica durante años– había sido detenida a raíz de ese caso. Se trataba de Raquel Bertocchi, quien prefirió no hacer ninguna declaración sobre la causa. “Sin embargo, una frase quedó resonando. Fue cuando se le insistió en que concediera un reportaje, diciéndole que sería importante su versión, porque todo eso sucedía en el mismo momento en que se discutía una ley importante: la ley provincial de Salud Sexual y Reproductiva y de Educación Sexual. ‘Lo que pasa es que a estas leyes las hicieron los varones y la Iglesia… Y ellos no pueden quedar embarazados de ninguna manera’, reflexionó la médica”.

El informe daba más datos. Por ejemplo según el propio Tenreyro, en 2005 se producían casi tantos abortos como partos. En la actualidad, las cifras de nacimientos, actualiza la médica Politi, son muy diferentes: los partos llegan a 1.000 al año, contra 112 casos de situaciones derivadas de aborto. El desfase de ambas cifras permite pensar en la importancia del impacto de las políticas de salud sexual y reproductiva desarrolladas en los últimos años, y en el avance de conciencia social al respecto. Porque vale señalar otra notable diferencia entre aquellos años y la actualidad: hoy existen por lo menos cinco grupos u organizaciones locales que se definen como feministas. En 2005 no había ninguna.

El negocio de la clandestinidad: el Oxaprost a tres mil pesos

Otro dato que se consignaba en la nota de 2005 era que el Oxaprost (el misoprostol más vendido) costaba 170 pesos “aunque debería ser mucho más barato, pero todos, empezando por los propios laboratorios, saben para qué se usa”. Y se comparaba con otro dato contundente: “la mujer que terminó en terapia intensiva tiene un plan de asistencia del Estado que llega a 150 pesos mensuales”.

“El negocio del aborto clandestino no solo ha seguido intacto, sino que ha aumentado la brecha, y con ella las ganancias de los laboratorios, que saben perfectamente para qué se utiliza”.

El misoprostol de mayor venta sigue siendo (trece años después) el mismo que se mencionaba en aquella nota: el Oxaprost, que consiste en 5 miligramos de diclofenac y 4 de misoprostol. Se presenta en 16 comprimidos y se consigue en farmacias de Concepción del Uruguay en la modalidad de “venta vigilada y bajo receta archivada”, como explicó a este cronista la persona encargada de una farmacia céntrica de la ciudad. El precio es llamativamente alto: 3.426,61 pesos al momento de redactar esta nota.

Para seguir con la comparación, a diferencia de 2005, el medicamento utilizado para abortar duplica en su costo a una Asignación Universal por Hijo (AUH), que en la actualidad asciende a 1.577,95 pesos. De modo que el negocio del aborto clandestino no solo ha seguido intacto, sino que ha aumentado la brecha, y con ella las ganancias de los laboratorios, que saben perfectamente para qué se utiliza. Es otro dato imprescindible para quienes se oponen a que sea ley: es necesario que sean conscientes de que su posición contribuye a mantener ese negocio infame.

Trece años despues

Parte de ese negocio ha estado en manos de profesionales de la salud. También muchas personas han hecho daño queriendo ayudar, como se muestra en la película Vera Drake (Mike Leigh,2004). En ese sentido, la nota publicada hace más de una década concluía señalando que en Concepción del Uruguay “siempre hubo quienes, arriesgando su trabajo y su título profesional, han asistido a gente que acudió a ellos con la decisión de interrumpir un proceso de gestación. Seguramente habrá quienes lo hayan hecho por una simple cuestión económica, y otros que hayan adoptado esa conducta por principios que muchos otros no comparten, asistiendo a mujeres de escasos recursos, sin sacar un peso de ello. La decisión de una mujer de interrumpir su embarazo es traumática, compleja e inolvidable, y no será en estas páginas donde se diga nada original respecto de eso. Pero como dice Serrat, la verdad “lo que no tiene, es remedio”.

Pasaron 13 años y no parece necesario agregar nada. Solo celebrar que el debate al fin se está dando y que, si la sensatez y el respeto a los derechos de las personas se imponen, en pocos días más se habrá dado un paso histórico en relación con el viejo anhelo de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.