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Un debate pendiente en la justicia penal

“Malas madres”: cuando la Justicia acusa a víctimas de violencia de género

Las bebas de Yanina González y Celina Benítez fueron asesinadas por sus parejas, varones violentos que las maltrataban. A las dos las acusó una fiscal de Pilar por “abandono de persona”: consideró que ellas, como madres, no hicieron lo suficiente para evitar esos crímenes y que también son responsables. “Se reprocha penalmente una concepción de la maternidad. Es desde el prejuicio de que las ‘buenas madres’ tienen que tener todas las estrategias de protección de sus hijos”, explicó la especialista Laurana Malacalza.YaninaGonzalez2Rrr

Yanina González y Celina Benítez no se conocen. Las dos vieron morir a sus bebas de dos años, Lulú y Milagros, en manos de sus parejas, varones violentos que las maltrataban. Ambas fueron acusadas por la misma fiscal: Carolina Carballido Calatayud, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género del Partido de Pilar, por “abandono de persona”. La funcionaria judicial consideró que ellas, como madres, no hicieron lo suficiente para evitar esos crímenes y, por eso, fueron corresponsables. En marzo, el Tribunal Oral Criminal 2 de San Isidro absolvió a Yanina. Celina, una joven paraguaya de 22 años, está presa desde el sábado en la Alcaldía de Melchor Romero de La Plata. Su pareja, el padrastro de Milagros y principal acusado, apareció ahorcado. Ella hace el duelo por su niña en el encierro.

El Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires manifestó en un comunicado su preocupación frente a las actuaciones judiciales en causas donde aparecen imputadas mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género. “Se reprocha penalmente una concepción de la maternidad. Es desde el prejuicio de que las ‘buenas madres’ tienen que tener todas las estrategias de protección de sus hijos”, explicó a Infojus Noticias, Laurana Malacalza, titular de la OVG. El organismo entrevistó a Celina como estrategia de articulación con la Defensoría Oficial. “La carátula pone en evidencia las dificultades que hay en los procesos de Justicia para que queden reflejados los contextos de violencias que viven estas mujeres. Los defensores les sugieren a las mujeres que no declaren, entonces no aparece su voz”, dijo.

“La figura de abandono de persona explota un sentido común que entiende que las madres son las principales garantes de la vida de los niños. Hay desigualdad en los roles y tareas de cuidado. ¿Por qué la fiscal no investiga al papá biológico de la nena?”, opinó en diálogo con Infojus Noticias la abogada feminista Sabrina Cartabia. Ella, junto a otras mujeres que vienen acompañando casos de violencia machista, formaron la Coordinadora Antirrepresiva Feminista. Siguen de cerca la causa de Celina y buscan visibilizar su tratamiento judicial.

Celina esperaba que su madre le enviara un pasaje para volver a su Paraguay natal. Quería salir del círculo de la violencia en el que estaba atrapada. El último 10 de junio volvió a su hogar, en el barrio La Escondida, entre Villa Astolfi y Derqui, en Pilar. Encontró a su hija de un año y once meses lastimada y débil. Había quedado al cuidado del padrastro, Luis Carlos Alonzo, que no quería llevarla hasta el hospital. Después de varios pedidos de Celina, fueron hasta el Hospital Materno Infantil Comodoro Hugo Meisner, de Derqui. Milagros tenía golpes, mordeduras y quemaduras por todo su cuerpo. La nena murió ese mismo día.

El hombre escapó cuando supo que había muerto. Lo detuvieron el jueves pasado. El sábado apareció ahorcado. Estaba acusado de “homicidio y abuso sexual agravado”. Ese mismo día Carballido Calatayud ordenó la detención de Celina. Sin embargo, no tomó ninguna medida respecto del padre biológico de la nena, que vive en el mismo barrio donde fue el crimen. La única versión que aparece en el expediente hoy en día es la del hombre.

La Escondida: el barrio donde las nenas no se dejan con hombres

Celina y Luis vivían juntos desde febrero en el barrio La Escondida. Se habían conocido en Paraguay, de donde viene la mayoría de las cien familias que habitan esa zona.  “En el barrio donde vivía Celina, la violencia sexual está naturalizada. Forma parte de la geografía del lugar” contó la abogada Sabrina Cartabia. Acá las niñas no se quedan con los hombres” repiten las vecinas desde que supieron del abuso y la muerte de Milagros.

Valeria Domínguez es referente del Movimiento Evita. A la vuelta de la casa de Celina, la agrupación tiene un merendero y un obrador. “Nos preocupan mucho algunos casos que están ocurriendo. El año pasado se ahorcó una nena de doce años porque el padrastro la violaba y le pegaba. Hace un mes murió una chica de 24 años no saben por qué. El año pasado, una mujer del barrio fue a denunciar a su pareja que incendió la casa con los hijos adentro. Sin vueltas sin escuchar a la mamá, Carballido le sacó a los pibes. La mujer estaba desesperada”, contó a Infojus Noticias. “Las mujeres tienen miedo de denunciar. Nosotros trabajamos mucho para que se animen pero cuando van a la Justicia te encontrás con un paredón que no podés saltar”, dijo Domínguez.

Silvia Palmieri también trabaja en el barrio pero con el ojo puesto en el Hospital Materno Infantil Comodoro Hugo Meisner, de Derqui, donde van la mayoría de las vecinas a parir. Silvia tiene un repertorio de historias de violencia obstétrica que van desde la persona que las atiende en la administración hasta los médicos que intervienen en los partos. “A tres cuadras de la maternidad está la Fiscalía Especializada en Violencia de Género del Partido de Pilar de Carballido. Cuando las mujeres fueron a denunciar esas situaciones, no tomó esas denuncias”, reveló.

Carballido: la fiscal “especializada” en género

En marzo, el Tribunal Oral Criminal 2 absolvió a Yanina González. Estaba acusada del abandono de Lulú, su hija de dos años, que murió por los golpes que le dio su ex pareja, Alejandro Fernández, en agosto de 2013. Los magistrados Lino Mirabelli, Esteban Andrejin, Agustín Gossn ordenaron su inmediata libertad. Carballido Catalayud, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Pilar, acusó a Celina y fue la fiscal en todo el proceso. Durante el juicio pidió que a Yanina la condenaran a 7 años y 6 meses. Tras la absolución, presentó un recurso de apelación. Daniela Bersi, fiscal adjunta ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense, desestimó ese recurso fiscal y la absolución quedó firme.

El próximo martes a las 10 habrá una audiencia en Pilar por la causa que investiga el homicidio de Lulú. En ese expediente, el principal sospechoso es Fernández. La defensa de Yanina recién tomó conocimiento de esta investigación cuando ya estaba en marcha, cinco meses después. En la audiencia los abogados van a pedir que separen a Carballido del caso. “Para que haya Justicia por Lulú, no puede ser Carballido la fiscal”, explicó Cartabia. “Es el exponente máximo de la justicia patriarcal. Queremos su destitución y que se defina un criterio de idoneidad y monitoreo en las fiscalías especializadas de género y todos los organismos intervinientes”, agregó la abogada feminista.

En mayo del año pasado la procuradora general bonaerense, María del Carmen Falbo, firmó la resolución 346/14 que abrió la posibilidad de fiscalías especializadas en violencia familiar. A su vez, dictó un protocolo de actuación para todos los fiscales de la provincia en casos de violencia de género, que busca mejorar la protección a las víctimas. Sin embargo, distintas organizaciones que trabajan en el territorio conurbano coinciden en que los fiscales que fueron designados para esos cargos -como Carballido- no están formados para ellos y tampoco son controlados por sus autoridades.

A partir de la actuación de Carballido en el caso de Yanina, en abril la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Comisión Provincial por la Memoria (CPM), y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) en Argentina presentaron ante Falbo un pedido de información y respuestas en relación a las Fiscalías Especializadas en Violencia de Género y cómo se implementa la designación de las/os fiscales frente a ellas.

Quieren saber si existen procedimientos y mecanismos destinados a garantizar la idoneidad y experiencia en violencia de género de quienes se designa como encargados de las Fiscalías especializadas, cuántas unidades de este tipo existen, en qué departamentos judiciales operan y quiénes son sus fiscales.

Una propuesta: fortalecer la defensa oficial

No se trata de casos aislados: en distintas cárceles del país hay mujeres presas con historias calcadas, donde funcionarios judiciales solo ponen la linterna de la sospecha sobre las madres. Marizda Bejarano está en la unidad 33 de Los Hornos desde noviembre de 2013. Espera llegar a juicio el próximo 13 de octubre. La acusan del intento de homicidio de su hijo, producto de una violación en Bolivia. Cuando Marizda lo llevó al hospital por miedo, dijo que se había caído de la cama, a pesar de que era víctima del maltrato del padre, como ella. María Ovando estuvo un año y siete meses detenida en una cárcel en Misiones acusada de abandono de persona agravado por el vínculo, tras la muerte de su hija Carolina de tres años por desnutrición. En 2012 el  Tribunal Penal N°1 de El Dorado, Misiones, decidió absolverla.

“En la mayoría de los casos en los que las mujeres aparecen como imputadas o coimputadas la defensa es la misma para los dos imputados: el hombre y ellas. Como existen fiscalías especializas en violencia de género, nos parece importante que existan defensorías especializadas”, dijo la titular del Observatorio de Violencia de Género de la provincia de Buenos Aires.

La propuesta del organismo es que las Defensorías Oficiales del Fuero Penal cuenten con lineamientos generales de actuación dictados por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que tiendan a profundizar en la indagación del historial previo de violencia.

“Ni defensores/as, fiscales o jueces/as consideran las especificidades propias de la violencia de género como un elemento que impacte en el modo de llevar adelante y de resolver el proceso judicial ya sea en forma de atenuantes, eximentes”, dice el comunicado que difundieron a partir del caso de Celina.

 

Imagen : Infojus Noticias