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Privatización Sistema Previsional ?

Lxs jubiladxs como problema o como solución

Un repaso por las privatizaciones en el sistema previsional, lo falaz del sistema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJPs), la política kirchnerista y la búsqueda de hacer negocios a costa de lxs jubiladxs en el gobierno macrista.fila jubilados

Menem lo hizo

El 1° de mayo de 1993 el presidente Menem afirmaba en su discurso de apertura de las sesiones legislativas que “1993 tiene para este presidente una prioridad principalísima: los jubilados”. Algunos meses después el congreso aprobaba un proyecto de reforma previsional que redundaría en la mayor estafa perpetrada contra los jubilados en toda la historia argentina: las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJPs).

En 1994 entró en vigencia el nuevo régimen, que supuestamente corregiría los vicios del anterior y lo convertiría en un mecanismo para canalizar ahorros hacia inversiones productivas que generarían trabajo, crecimiento y bienestar. El esquema vigente hasta 1993 era de reparto: los aportes recaudados financiaban los haberes corrientes; como estos no alcanzaban, las rentas generales tenían que socorrer a un sistema previsional quebrado. Este régimen fue reemplazado por uno mixto: el trabajador podía elegir si quería seguir en el reparto o pasarse a uno de capitalización en el que una AFJP administre sus aportes cual portafolio de inversiones. Tanto las condiciones institucionales como el discurso oficial estaban orientados a que los trabajadores elijan la segunda opción, y eso hizo el 80 por ciento.

El maravilloso mundo prometido por las AFJPs se demostró falaz muy rápidamente. La posibilidad de que los aportes se canalicen hacia la producción y el trabajo se esfumó cuando el principal componente de la cartera consistió en títulos públicos. Al proceso de megaendeudamiento para sostener la Convertibilidad hay que agregarle la reforma previsional: sólo el 20 por ciento de los trabajadores siguieron aportando al reparto, pero todos los jubilados permanecieron allí. El Estado necesitaba endeudarse más para cubrir este déficit y las AFJPs tenían muy buena voluntad para participar del negocio. Los aportes de los trabajadores iban al Estado, igual que antes, pero ahora acumulando deuda.

Pero las AFJPs no sólo invirtieron en títulos públicos. También compraron acciones de las empresas privadas más grandes del país, en muchos casos por vía de acuerdos no del todo transparentes. Convirtiéndose en su principal fuente de fondos, el sistema previsional de capitalización fue el principal engranaje del sistema financiero de la Convertibilidad, el que decidía a quién oxigenar y a quién ahogar.

Mientras tanto, el haber mínimo estuvo durante toda la década congelado en 150 pesos/dólares y la cobertura cayó a menos del 50 por ciento hacia 2001. La crisis de la Convertibilidad encontró a la mitad de los adultos mayores del país viviendo bajo la línea de pobreza. Muy lejos de esa línea se encontraban, claro está, los gerentes de las AFJPs.

La política kirchnerista

En 2005 Kirchner lanzó su primera moratoria previsional. Se trató de un plan de regularización de deudas para adultos mayores que no llegaban a los 30 años de aportes. En realidad, la misma no apuntaba a los evasores, sino a todos los ancianos no cubiertos: desocupados, informales, cuentapropistas y sobre todo amas de casa. Hacia 2010 la cobertura había alcanzado el 90 por ciento; hacia 2015 el 97 por ciento.

En 2008 el gobierno de Cristina Fernández lanzó un proyecto de contra-reforma para volver al sistema de reparto. Los activos financieros que estaban en manos de las AFJPs pasaron a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, constituyendo la cartera más grande del país. Originalmente se estableció que más allá del tamaño de la participación accionaria la representación de ANSES en los directorios de las empresas no podía superar el 5 por ciento. Esta restricción fue levantada en 2014. La ANSES pasó a tener un flujo de ingresos muchísimo mayor, lo que le permitió hacer otras erogaciones, como el plan Conectar Igualdad, el PROGRESAR o la Asignación Universal por Hijo.

En síntesis, si el modelo del menemismo fue el de una protección social supeditada al mercado, el del kirchnerismo recuperó las nociones de derechos sociales entendidos como derechos ciudadanos. Por un lado, el modelo económico entendió que aumentar las jubilaciones –en cantidades y en montos– empujaba la demanda y ayudaba al crecimiento del empleo. Por el otro, la inclusión social se convirtió en una de sus principales banderas –si fue una bandera genuina o tuvo que levantarla para legitimarse socialmente es algo que no discutiremos aquí–. Las moratorias configuraron un modelo de inclusión previsional que no solo aumentó la cobertura, lo hizo contemplando bajo el mismo paraguas institucional a todos los jubilados, los que accedieron por moratoria y los que no. Es cierto, el paraguas es el de la protección contributiva y algunos preferiríamos el de la protección no contributiva. Pero el que no se configure una segmentación de la política previsional es sumamente positivo.

La historia se repite: “donde hay una necesidad hay un negocio”

Llegamos al año 2016, gobierna Mauricio Macri y envía al congreso un proyecto de “reparación histórica a los jubilados”. Junta a un montón de ancianos en un club de barrio, los abraza y afirma la voluntad de solucionar definitivamente sus padecimientos. Propone crear una pensión universal a la vejez, equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima, la cual puede ser percibida por cualquier adulto mayor que no perciba otro ingreso previsional o asistencial. En comparación con las moratorias, esta pensión no genera derecho a pensión para cónyuges, no puede ser percibida si la persona ya está percibiendo una pensión y las mujeres pueden acceder a partir de los 65 años, no desde los 60. La diferencia principal, sin embargo, es más profunda: la pensión universal se configura como un sistema separado al de las jubilaciones, con derechos distintos. Se propone una jubilación de primera y una de segunda. Al mismo tiempo, propone un mecanismo para saldar las deudas pendientes por juicios previsionales ofreciendo incentivos para que los jubilados abandonen los litigios.

¿Cómo proponen financiarlo? De dos maneras. Por un lado, con un blanqueo de capitales. Por el otro, vendiendo los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En ambos casos se trata de necesidades empresariales. La primera es bastante obvia, y también el kirchnerismo la ha puesto en práctica. La segunda es más compleja: al “mercado” le interesa que el Estado venda esas acciones, no tanto por la efectiva injerencia en las decisiones sino por la capacidad de presión que puede ejercer. Controlar el 20 por ciento de las acciones de una empresa implica un gran poder de presión si uno decidiera ponerlas a la venta; controlar el 20 por ciento de veinte o treinta grandes empresas implica un gran poder de presión sobre todo el sistema financiero. No es casual que el actual ministro de producción, Francisco Cabrera, haya sido en el pasado gerente de Máxima AFJP.

Al igual que Menem, el gobierno de Macri construye su retórica desde los problemas de los jubilados, pero lo que ve son soluciones. No a los problemas de los jubilados, sino a los de los empresarios. La promesa de bienestar de los abuelos no es otra cosa que una zanahoria: es la forma de legitimar reformas que nada tienen que ver con ellos. Como decía José Luis Di Lorenzo en referencia a la reforma previsional de los noventa: “donde hay una necesidad hay un negocio”, y si hay algo de lo que los miembros del gabinete de Macri saben es de negocios.

*Doctor en Ciencias Sociales (UBA), Becario posdoctoral CEIL-CONICET, Docente de la UNM, Miembro de la Sociedad de Economía Crítica

 

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