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Matrimonio civil, violencia machista y aborto

Luces y sombras de las políticas inclusivas

Antes de los comicios de 2007, afirmaba en una nota periodística que Cristina Fernández no tenía enfoque de género. Tres años después, debo reconocer que los progresos sustanciales hacia la igualdad, la no discriminación y la no violencia que hoy observamos, solamente pudieron concretarse durante el mandato de una mujer. Quizá la contradicción política que vincula ambos conceptos, pueda ser un buen punto de partida para explicar los impactantes acontecimientos de los últimos 15 días.

Siendo el concepto de Estado de una volatilidad tan inquietante como intangible, su presencia en nuestras vidas también lo es. Por eso, cuando pretende regular nuestra privacidad, nuestro discernimiento esencial, se vuelve peligroso. El sueño de todo dictador es gobernar no ya las instituciones sino las almas. Y por eso también, cuando las democracias republicanas modernas instituyeron el concepto de Estado de Derecho, sus precursores defendieron a rajatabla tres principios básicos como anticuerpos contra el autoritarismo: la autonomía, la inviolabilidad y la dignidad de la persona.

Pero es bien sabido que resabios del viejo despotismo filo-religioso y patriarcal se enquistan en las normas del Estado moderno, ya sea entorpeciendo el acceso a los recursos para ejercer el principio de autonomía, o directamente vulnerando la dignidad y la inviolabilidad, aun en términos de vida o muerte. Las mujeres saben mucho de eso, de ellas aprendí. Con la vida y la salud de sus cuerpos, vienen pagando desde hace siglos un tan injusto como escandaloso tributo.

En estos últimos quince días, tres hechos políticos importantes trajeron a la conciencia de los y las argentinas ?por diversos caminos, no siempre tan luminosos- aquellos principios fundacionales del Estado de Derecho, así como las nociones sobre su fortaleza y su vulnerabilidad.

Un bálsamo

La Ley de Matrimonio Civil obró como un bálsamo en el espíritu inclusivo de las y los ciudadanos. Fue palpable la sensación de beneplácito entre la gente de a pie, en los bares, en los clubes, en las oficinas, en la calle? Como si de pronto hubiéramos encarnado en aquellos miles de hombres y mujeres que, por seguir el mandato de sus cuerpos y emociones, sufrieron siglos de difamación, reclusión social, obligada hipocresía e injusta segregación; ciudadanas y ciudadanos iguales a los demás, pero con menos derechos por imperio del Estado.

Creo, para graficarlo mejor, que tras la histórica sanción, todas y todos nos sentimos más buenos.

Bueno? no todos. Pero las catilinarias arcaicas de los grupos ultramontanos y los disparates pseudo-científicos, hicieron una invalorable contribución a la aprobación generalizada; vimos en ellos lo peor de nosotros mismos, de nuestra cultura reaccionaria (¿acaso todos los argentinos no sufrimos recientemente reclusión, segregación y violencia?), y con indignación celebramos la caída de los mitos homofóbicos.

En lo político, quedó plasmada la miserable soledad de la mayoría de las iglesias cristianas y la necesidad de profundizar el debate de la definitiva separación entre religión y Estado, por aquello dicho más arriba sobre los dictadores y las almas. Pero también puso en evidencia por dónde transcurre la ordenación intelectual de muchos dirigentes políticos de derechas que pretenden el Sillón de Rivadavia.

Claro que a esta epifanía laica contribuyeron significativamente los medios de comunicación: el confrontar el pensamiento de brillantes homosexuales y librepensadores con la negritud fundamentalista, definió no sólo el ánimo popular, sino el voto de varios senadores y senadoras con aspiraciones mayores al ridículo. Hasta los medios enemigos del Gobierno, debieron ?guardar? en la gaveta a sus cavernícolas más elocuentes, para no seguir perdiendo audiencia.

Una monumental campaña

Lamentablemente, no ocurrió lo mismo con el segundo hecho significativo de la quincena: la firma del decreto que reglamenta la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pasó prácticamente desapercibida. Hubo pocas cámaras de televisión y escasos centímetros en los diarios, tan escasos como aquella tarde de 2009 cuando con discursos económicos (para evitar que los varones se levantaran de sus bancas y dejaran la sesión sin quórum), un puñado de legisladoras lograron la aprobación de la que hasta hoy, es la más importante ley contra la inseguridad en Argentina.

Efectivamente: la Ley 26485 bien aplicada puede evitar por año miles de lesiones físicas y psicológicas, apropiaciones, raptos, violaciones, robos y por sobre todo, la muerte de una mujer cada día y medio en nuestro país, según estadísticas oficiosas. En proporciones abismales, la violencia machista y el femicidio lastiman y matan más mujeres por año que los robos, asaltos, enfrentamientos y hasta accidentes de tránsito. Siendo sus ejecutores varones generalmente vinculados al entorno íntimo de la víctima, el lugar más inseguro para las mujeres suele ser su propia casa.

Sin embargo, esta ley no está incluida en las agendas de la mayoría de los protocolos de seguridad del Estado, ni en las de los medios de comunicación, que siguen tomándola como ?cosa de mujeres?. Y no es casual: existe tanto desde las mismas autoridades naturales de aplicación (fuerzas de seguridad, jueces, funcionarios públicos) como del tejido social organizado, un esfuerzo activo y pasivo por invisibilizar la ley. Y las causas hay que buscarlas en su propia génesis.

La ausencia de un enfoque de género en los vértices del Gobierno y la resistencia del establishment patriarcal a medidas que pongan en riesgo su hegemonía, debilitaron el proyecto de ley hasta el punto en que la represión y sanción efectiva del violento está ausente. Se omitió así atacar la más urgente de las secuelas del machismo: la muerte de las mujeres. Además, 16 meses después de su aprobación, tampoco se sabe a ciencia cierta de dónde saldrá el dinero para financiar sus acciones, porque el oficialismo no lo incluyó en su último Presupuesto. Ambos factores, contribuyen a quitarle a la ley la apremiante severidad que necesita para ser tomada en serio.

Pero justamente es en esa debilidad donde quienes pergeñaron el decreto reglamentario encontraron su principal fortaleza: la ley 26485 tal cual está formulada persigue, ante todo, una monumental campaña de divulgación de lo que es la violencia de género. Que las casi 20 millones de mujeres sepan que cuando su pareja les levanta la mano está cometiendo un delito; que la Policía debe tomar sus denuncias, que el agresor debe ser apartado del hogar si es necesario, que un Juez puede separarlo de sus hijos e hijas, que el vecino cuando escucha sus gritos llamará al 911, sería un paso trascendental para cortar de cuajo el último eslabón de esa cadena de violencias, el femicidio.

Pero además, abriría las puertas al empoderamiento, al fortalecimiento de las redes de protección, a la defensa y la denuncia? y al Código Penal, para que se repare la injusta omisión de la norma de origen. No es poco: el principal enemigo de la no discriminación y la no violencia contra las mujeres es la ignorancia colectiva de sus derechos. Por eso me gusta repetir en cuanto foro es posible, que la enorme mayoría de las mujeres son feministas, salvo que ellas mismas no lo saben.

Pero el patriarcado sí?

? por eso sus operadores hacen todo el esfuerzo por invisibilizar la ley, por no darle presupuesto a su cumplimiento, por explotar la torpeza de los efectores de un Gobierno sin brújula de género. Así pasó con el tercer y lúgubre hecho de la quincena: el fallido anuncio de la firma de la Resolución Ministerial 1184/2010, por la que se daría rango normativo a la nueva Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, fechada el 12 de julio.

Es poco lo que se puede decir al respecto. El silencio oficial sobre lo que realmente pasó, hizo que el anuncio argentino al Comité CEDAW de que el Estado ?elaboró y actualizó la guía de atención integral para casos de abortos no punibles, aprobada por resolución ministerial?, sonara como un pistoletazo en la noche, dejando en ridículo a su portavoz, no por casualidad la misma persona que tiene a su cargo el Consejo Nacional de las Mujeres, organismo que debe ejecutar la Ley 26485 y su decreto reglamentario.

Obviamente, los grupos anti-derecho y la deshilachada cúpula eclesial emergieron de sus cenizas para proclamar que ?el matrimonio homosexual se continúa con la despenalización del aborto?, vínculo esperpéntico aunque indisolublemente unido al rol del Estado y su preeminencia sobre los cuerpos de las personas, que da vía libre a la continuidad de la judicialización innecesaria y muchas veces criminal de los casos de aborto no punible.

Y aquí otra vez, las contradicciones entre el enfoque de género y las políticas públicas se articulan de manera curiosa. La propia resistencia oficial a profundizar los temas atinentes a la salud sexual y reproductiva quitará estridencia al escándalo, pues el Gobierno se negará al debate. Y despidos más, despidos menos, seguirá imperando sobre los cuerpos de las mujeres la arbitraria decisión del Estado masculino, que afirma que una violación no es un problema de salud, y que idiotas o dementes sufren más viendo a hijos del abuso que las mujeres comunes.

Les faltaría agregar ?porque algo habrán hecho?.

FOTO: new.taringa.net