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Ante el nuevo proyecto presentado por el senador Aníbal Fernández

?Leyes contra la violencia de género ya existen, falta voluntad política para implementarlas”

Frente a la iniciativa del senador oficialista Aníbal Fernández, que plantea un proyecto que no soluciona el problema de fondo de la violencia de género y que tampoco introduce algo significativo para terminar con este flagelo, la diputada de Libres del Sur Victoria Donda sostuvo: ?Lo que quiero remarcar frente a este nuevo proyecto, es que en Argentina ya contamos con el marco legal adecuado para trabajar en la erradicación de la violencia. Lo que ocurre es que esta ley no esta siendo aplicada como se debe y claramente es por falta de decisión política. En definitiva, lo que hace falta acá no son nuevas leyes, ni es necesario complementar lo que tenemos, lo que necesitamos es presupuesto adecuado, y sobre todo la voluntad política, para que la ley que tenemos pueda funcionar como corresponde, ni más ni menos que voluntad para entender la urgencia que tiene este tema?.

Con respecto a este tema, la diputada del FAP amplió: ?La ley 26.485, que es la herramienta con la que ya contamos, es esencial, porque considera a la violencia de género en un sentido amplio y lo más importante, encarga al Estado el diseño e implementación de políticas públicas de diversa índole con el objetivo de erradicar y prevenir este tipo de violencia?.

Por último, la legisladora aportó algunos números para entender mejor la situación: ?Lamentablemente, no vemos que desde su sanción en el 2009, esta ley tenga una aplicación concreta. Para ello alcanza con repasar algunos datos: el Consejo Nacional de las Mujeres, órgano de aplicación de la ley y quien debe diseñar, desarrollar e implementar las políticas públicas necesarias para atender el problema de la violencia, recibió este año una asignación presupuestaria de $13.842.232.-, que representa el 0,0027 % sobre el total del presupuesto nacional del año. Esta asignación presupuestaria es casi nula, vergonzosa, teniendo en cuenta que este organismo tiene la tarea de desarrollar la ley en todo el país. Como si fuera poco, otro dato: más del 60% de lo asignado corresponde únicamente al pago de salarios. Si observamos las partidas presupuestarias anteriores, esta misma lógica se repite desde que la ley fue sancionada en 2009. Esto está lejos, muy lejos, de ser el presupuesto que se necesita para atacar un tema serio y extendido como este”.