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Mapa de género de la justicia provincial

Las mujeres ganan espacios en el Poder Judicial de Entre Ríos

Las mujeres ocupan más de la mitad de los cargos en la justicia provincial, pero los hombres detentan posiciones con mayor capacidad de decisión. Los datos surgen de un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación sobre el estado de situación a diciembre de 2014. Solo en ese año se tramitaron en la provincia 123.584 nuevas causas judiciales.poder judicial e rios

De los tres poderes del Estado, el judicial es el único cuyo acceso se encuentra regulado por una prueba a la que concurren ambos sexos en igualdad de condiciones y también es el único donde las mujeres son mayoría en sus filas. El desfase, sin embargo, persiste en la cúpula, ya que los hombres detentan posiciones con mayor capacidad de decisión.
Es la conclusión que surge de un informe del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a partir de datos remitidos por los tribunales provinciales sobre el estado de situación al 31 de diciembre de 2014.
El informe señala que en la justicia entrerriana trabajaban, para esa fecha, 2.290 personas entre magistrados, funcionarios, administrativos y personal de servicio, de los cuales hay 1.319 mujeres (58%) y 971 varones (42%), en una tendencia invariable desde 2009, cuando se empezó a realizar el mapa de género.
Los números, sin embargo, representan valores aproximados a los actuales, teniendo en cuenta que el año pasado hubo una reestructuración del personal y se crearon por ley 84 nuevos cargos para el Poder Judicial y 192 cupos de personal temporario.
Lo cierto es que la característica que se revela en el informe es que cuanto más se sube en la pirámide de la estructura judicial y cuanto más poder tienen los cargos, más difícil es encontrar mujeres. De hecho, solo tres de los nueve vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) son mujeres, es decir, el 33%; y hay 77 mujeres magistradas sobre un total de 210 jueces que tiene la provincia, lo que representa el 37%.
“Estos datos permiten arriesgar la hipótesis que el fuero penal, a pesar de haber efectuado una importante incorporación de mujeres en los últimos años, continúa siendo un fuero eminentemente masculino, sobre todo en lo que refiere a sus cargos superiores. Cuestión ésta que nos remite al denominado ‘techo de cristal’ por el cual ciertos cargos parecen estar vedados para un amplio sector de la población femenina”, se consigna en el informe del Ministerio de Justicia de la Nación.

TECHO DE CRISTAL. Al momento en que se realizó el informe, Entre Ríos se encontraba en una fase de transición hacia un sistema acusatorio. El nuevo Código de Procedimiento Penal de la provincia se aprobó el 9 de enero de 2007, mediante la sanción de la Ley Número 9.754, y la implementación se realizó por etapas, a partir de 2009, hasta completarse en septiembre de 2014 con la puesta en vigencia del nuevo sistema en Paraná.
No obstante, el informe constituye una herramienta que permite analizar el acceso de mujeres y varones a los distintos niveles de decisión y es, entonces, un instrumento clave para analizar las condiciones que propician u obstaculizan la participación de la mujer.
Como se dijo, al analizar la distribución de los porcentajes del personal judicial según el género, las mujeres son mayoría en el Poder Judicial. Pero cuando se desagregan los datos y se analizan los roles, surgen algunas particularidades: entre el “Personal Técnico y Administrativo” hay un 65% de mujeres (1.006 sobre un total de 1.548), pero la tendencia va disminuyendo a medida que se asciende en la pirámide jerárquica, ya que las mujeres ocupan un 51% de los cargos de “Secretarios” (156 sobre un total de 303) y la relación se invierte abruptamente en los cargos de “Magistrados”, ocupados en un 37% por mujeres. También entre el “Personal de Servicio” hay un alto porcentaje de agentes masculinos, con un 65% (149 sobre un total de 229).
A partir de la instrumentación plena del nuevo Código de Procedimiento Penal, se modificó la estructura de los ministerios públicos. Entre Ríos tiene actualmente 105 fiscales, entre fiscales coordinadores, agentes fiscales y auxiliares, de los cuales 62 son varones (59%) y 43 son mujeres (41%), lo que refleja que se mantiene la tendencia respecto del denominado “techo de cristal”.
También la estructura del Ministerio Público de la Defensa creció a partir de la instrumentación del nuevo sistema penal: hay en la provincia 166 trabajadores, entre defensores, funcionarios y empleados. La nómina incluye a los 66 defensores que tiene Entre Ríos repartidos en toda la geografía. En materia de género, en tanto, se mantiene la tendencia: 37 varones (56%) y 29 mujeres (44%).

Niveles de respuesta
El informe del Ministerio de Justicia de la Nación utiliza también la variable de cantidad de empleados por cada 100.000 habitantes para el análisis de los datos. Los números arrojan que si Entre Ríos tiene 2.290 operadores judiciales, cuenta con 175,04 trabajadores por cada 100.000 habitantes.
Otro documento, elaborado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus), revela que en el mismo año 2014 ingresaron 123.584 nuevas causas a los tribunales entrerrianos. Solo en materia penal se tramitaron 62.227 nuevas causas, es decir, 170,5 expedientes nuevos cada día; y se resolvieron, en las distintas instancias, 33.877 causas penales.
El informe de la Jufejus destaca, además, que en la provincia se resuelve el 70,86% de las causas en trámite y el 54,44% de los expedientes penales.
La instrumentación plena del nuevo Código Procesal Penal trajo también la puesta en vigencia de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, lo que significó una caída en los índices de litigación. En 2014, por ejemplo, se resolvieron 17.283 situaciones a través de la mediación y otros 3.360 casos mediante la suspensión del proceso a prueba.
Según indicaron fuentes judiciales a EL DIARIO, el STJ está trabajando en un informe para actualizar los datos, acorde al ritmo impuesto por el nuevo Código Procesal Penal.

 

Imagen : El Diario